El Poder Judicial sigue siendo el más anquilosado y renuente a impulsar procesos de renovación y modernización profundos de los Poderes de la Unión. Esto es palpable, porque muchas decisiones jurisdiccionales en lugar de ser garantes de la Constitución y del respeto al estado de derecho, se convierten en violaciones y trasgresiones que sufre todos los días nuestra Carta Magna, perpetradas por quienes tienen obligación primigenia de impartir justicia.
Así, el pasado 27 de octubre con 73 votos a favor, el magistrado Rafael Guerra Álvarez fue reelecto para asumir la presidencia del Poder Judicial de la Ciudad de México, contraviniendo a la constitución política local que prohíbe la reelección de la persona que ocupe la presidencia del tribunal. Cabe señalar que dicho proceso estuvo viciado de origen, ya que, de acuerdo a la reforma constitucional de paridad total que a la letra dice “La ley determinará las formas y modalidades que correspondan, para observar el principio de paridad de género en los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades federativas. En la integración de los organismos autónomos se observará el mismo principio”, por lo que la convocatoria no solo no debió permitir la reelección, sino que debió basarse en una terna exclusiva de mujeres a fin de cumplir con la alternancia.
- No se trata solamente de que las mujeres ocupemos un espacio en función de lo que dice la ley, sino de reconocer que la ley se construyó para abatir las desigualdades históricas que las mujeres hemos vivido en la vida pública de nuestro país y del mundo.
En el caso de nuestra Constitución, la reforma constitucional de paridad tendría que ser garantía y no sólo de respeto sino de que se generen los escenarios óptimos para que las mujeres podamos acceder en igualdad de condiciones tanto políticas como cuantitativas al ejercicio del poder.
A pesar de que en México las mujeres somos alrededor del 51% de la población, aún no logramos esa misma representatividad en espacios de decisión. La esfera de la impartición de justicia en México es una expresión evidente de poder entre mujeres y hombres, por lo que deben dejarse atrás las condiciones burocráticas y de conveniencias políticas que se convierten en razones superiores al respeto de la ley para posicionar a personajes a modo, ya sea por filiación familiar, política o corporativa, en lugar de honrar la alta encomienda del apego al orden legal.
El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española precisa que la palabra ominoso significa “abominable o despreciable”; y eso es lo que reflejan los 73 votos de magistradas y magistrados de la CDMX, porque en cada una de sus conciencias quedará una mancha permanente por su desatención a la ley. Si no son capaces de hacer justicia a través del respeto a la Constitución en la elección de quien presidirá en un nuevo periodo al Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, ¿qué nos hace pensar que sus actividades del día a día defienden la Ley Suprema como camino para el orden y la paz social?
Este 5 de noviembre el Senado de la República avaló un paquete de reformas a la Ley del Servicio Exterior Mexicano (SEM) para establecer la paridad de género y la igualdad entre el personal de las embajadas, consulados y misiones diplomáticas. La reforma plantea que todas las plazas, desde temporales, asimilados y hasta las del propio Servicio Exterior Mexicano sean paritarias.
Es tiempo que el Senado mire con las mismas gafas violeta a los órganos de justicia y deje de permitir que ésta siga impartiéndose con ojos patriarcales e intereses distantes a los más altos anhelos de una patria en la que todas y todos tengamos el mismo valor y acceso a la justicia en igualdad.
