La mañana del 8 de agosto del 2022, el Presidente de México dijo en su conferencia matutina que tenía la intención de que la Guardia Nacional pase al mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, por medio de la emisión de un decreto presidencial.
Ningún Presidente en la historia moderna había otorgado tanto poder a la milicia: construcciones, control de aeropuertos, aduanas, y hasta participación en actos proselitistas para promover la revocación de mandato, entre otros, forman parte de las tareas asignadas a la milicia.
¿Quién diría que el poder haría cambiar a aquel autonombrado luchador social que criticaba y señalaba el uso de las Fuerzas Armadas para el control de la seguridad del país? La distancia entre el discurso de los 12 años de campaña y la ejecución gubernamental, es absolutamente distante.
Peor aún, todo pareciera que los lamentables hechos de violencia ocurridos los últimos días, le vienen curiosamente "como anillo al dedo", para impulsar su propuesta de que las Fuerzas Armadas realicen tareas de seguridad pública, alejadas de su mandato constitucional por salvaguardar la soberanía de la Nación.
Cierto es que hay un anuncio oficial hecho desde Palacio Nacional, donde se manifestó la intención de promulgar un decreto, en el que se estipule que la Guardia Nacional quede al mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero más allá del discurso, ¿cuáles son los alcances de este supuesto?
Primero es pertinente expresar que en una democracia se debe privilegiar el diálogo y los acuerdos entre las diversas fracciones parlamentarias, y no asumir una postura autoritaria cuando el panorama sea adverso para el Ejecutivo, toda vez que en la elección intermedia, el régimen perdió la mayoría en la Cámara de Diputados.
En segundo término, debo decir que el Presidente tiene claro que le sería imposible avanzar en su proyecto de militarización del país, a través de la aprobación de una reforma constitucional que permita trasladar la Guardia Nacional a la Sedena, después de su rotundo fracaso en la votación para la reforma eléctrica que planteó sin éxito a mediados de abril de este año.
Para que constitucionalmente las tareas de seguridad pública sean responsabilidad de las Fuerzas Armadas, se requiere de la emisión de reglas claras, objetivos, un sistema de fiscalización externo, el establecimiento de la subordinación militar a la autoridad civil, así como el establecimiento de plazos y parámetros que permitan regresar paulatinamente a las Fuerzas Armadas a los cuarteles.
¿Por qué no mejor optar por dotar de presupuesto, herramientas y capacitación para el fortalecimiento de las capacidades técnicas de las estructuras de seguridad pública en el país? Lo que se pretende vender como estrategia, en realidad no es más que una más de las piezas en el tablero político del Presidente.
Agradezco el favor de su lectura.
