Con la Reforma Energética del 2013, misma que era necesario legislar, nuestro País había trazado un nuevo rumbo para el futuro de Petróleos Mexicanos (Pemex) -la paraestatal que por décadas financió alrededor del 40 % del Presupuesto Federal- en donde, mediante ajustes a la Ley de Ingresos Sobre Hidrocarburos, se buscaba que el Estado regresara a ser el gran rector de la industria y bajo su coordinación, se impulsara la inversión privada en la exploración, explotación y refinamiento de petróleo; se buscaba que Pemex se encaminara a la modernización empresarial, y que dejara de vivir solo para pagar impuestos.
Como resultado de ello, de acuerdo a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, se han invertido más de 3 mil 700 millones de dólares en el Golfo de México, existen 76 empresas petroleras de las cuales 39 son nacionales y 37 son extranjeras, se han aprobado inversiones por 30 mil 355 millones de dólares para explotación y desarrollo en 111 contratos en marcha.
Sin embargo, con la citada Reforma – “acordada o comprada”- la ruta había sido marcada, y con la que se apostaba a que nuestro País se convirtiera en árbitro y NO en productor/distribuidor de productos como venía haciendo históricamente, y que esto tarde o temprano se reflejaría en una verdadera competencia económica en beneficio de los consumidores mexicanos, pues al haber más de una opción para la compra de petróleo y de sus derivados, el impacto en la calidad y en los precios de los productos, impactarían positivamente en la economía familiar y en la competitividad de las empresas… llegó el cambio de Gobierno Federal y todo cambió.
La “nueva” administración federal decidió cambiar la estrategia con la idea del pasado que nunca ha funcionado: “Pemex debe ser la palanca del desarrollo nacional” se argumenta; sin embargo la empresa “de los mexicanos” siendo la más endeudada del mundo de acuerdo a calificadoras internacionales, -y derivado de la ruta antes descrita-, se ha venido enfrentando a una fuerte caída en sus niveles de producción –especialmente de petróleo crudo-, y si a esto le sumamos a que existe una permanente lucha geopolítica mundial por el control de los mercados que se ha traducido en una fuerte volatilidad en los precios internacionales y la pandemia por la Covid 19 que provocó serias disminuciones en el consumo y por ende en la demanda de crudo, ha provocado que la Federación haya tomado la mala decisión de inyectarle recursos fiscales que todos generamos, además de disminuir la inversión privada.
Sin lugar a dudas, estamos viendo un regreso en la historia en donde el Estado en lugar de ser el gran administrador de los recursos y bienes públicos, se está volviendo atrás, o sea a la producción de mercancías, lo cual ya se demostró que simplemente no funcionó.
Luego entonces, en el Presupuesto de Egresos 2020, a Pemex se le asignó un total de 523 mil 425 millones de pesos, es decir 12% más de lo asignado en el 2019, cuando esos recursos bien se pudieron asignar al sistema de salud para evitar contagios y muertes de mexican@s y para reactivar la economía que, de acuerdo a más de una proyección, caerá alrededor del 10% con su consecuente impacto en la destrucción del empleo de nuestras familias.
En suma, la Reforma Energética SÍ era necesaria, pues de lo que se trataba era que Pemex dejara de ser la “caja chica” de los gobiernos en turno y se convirtiera en una empresa especializada, en la promotora de la inversión y empleo, en la generadora de ingresos para la infraestructura y para el bien común de la gente… pero ahora, con este Gobierno, lamentablemente las familias mexicanas se están convirtiendo en los financiadores de Pemex, hecho con el que el PAN no está de acuerdo, pues es una política regresiva socialmente y atenta contra el desarrollo nacional, y por lo tanto reiteramos que esos recursos se destinen a la reactivación económica del País y al fortalecimiento del sector salud para salvar vidas.
- *Presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Tlaxcala
