/ lunes 1 de marzo de 2021

Acuerdo por la democracia

La semana pasada, el Presidente Andrés Manuel López Obrador propuso a los gobernadores del país apoyar un “Acuerdo Nacional por la Democracia”, de cara a las elecciones del próximo 6 de junio, con el propósito de que ni un mandatario intervenga para apoyar a candidatos o partidos, o utilice el presupuesto público con fines electorales.

Y en ese sentido, el Gobernador de Tlaxcala, Marco Mena, puso el ejemplo al ser el primero en respaldar este acuerdo, en un claro gesto de congruencia política que el propio Presidente de México reconoció en un mensaje publicado en sus redes sociales, en el cual manifestó su beneplácito por tal coincidencia a favor de que se cumpla la voluntad ciudadana.

Desde diciembre pasado, cuando rindió su Informe de Gobierno, el mandatario tlaxcalteca expresó su disposición de garantizar el respeto de la ley y la fortaleza de las instituciones para que haya elecciones libres este año en la entidad.

En aquella ocasión ofreció centrar las capacidades de su gobierno para superar la pandemia, recuperar el ritmo de crecimiento que Tlaxcala tenía hasta antes de la emergencia sanitaria, y contar con las condiciones necesarias para que el proceso electoral se lleve a cabo con tranquilidad.

La institucionalidad de la administración que encabeza Marco Mena es incuestionable. Ha respetado el desarrollo de las actividades político-partidistas en el estado, y se ha enfocado en consolidar los grandes proyectos de su gestión, especialmente los que tienen que ver con obra pública, como el nuevo Hospital General de Tlaxcala, que tiene un avance superior al 80%, o las nuevas obras como el Distribuidor Carretero Xicoténcatl, la modernización del tramo que va desde el Zoológico hasta Chiautempan, la rehabilitación de la Vía Corta Chiautempan-Puebla, y el Centro Internacional de Entrenamiento de Altura en el centro vacacional “La Malinche”.

A nivel nacional, la decisión de Mena provocó la adhesión inmediata de otros mandatarios, como los de Oaxaca, el Estado de México, la Ciudad de México, Chiapas, Puebla, Veracruz, Tabasco, Morelos y Baja California, incluso los que están adheridos a la Alianza Federalista, quienes a su vez pidieron que comprometa a todos los niveles de gobierno y poderes de la Unión, y que el Acuerdo sea firmado bajo la autoridad del INE.

A nivel local, el compromiso del Gobernador desarma a Morena y sus aliados, quienes semanas atrás hicieron señalamientos sin pruebas contra el gobierno estatal, pidiendo que saque las manos del proceso electoral. La realidad es que el Ejecutivo estatal ha sido respetuoso de la ley, y cuidadoso de este momento político, a grado tal que fue el primero en atender el llamado presidencial.

En estas épocas, son socorridas las acusaciones de entrega de dinero para financiar campañas, compra de lealtades o conciencias, lucrar con la pobreza de la gente, o diversas trampas electorales. Sin embargo, muchas de ellas carecen de evidencia que permita probarlas, por lo que forman parte del ruido que, deliberadamente, se aviva para provocar desconfianza.

Esperemos que, así como hay voluntad política por parte de los Ejecutivos estatal y federal para conducirse con absoluta rectitud y defender la soberanía popular, los candidatos y partidos políticos asuman su responsabilidad para abonar al desarrollo de la democracia. Evidentemente, cuidar las elecciones es tarea de todos.

La semana pasada, el Presidente Andrés Manuel López Obrador propuso a los gobernadores del país apoyar un “Acuerdo Nacional por la Democracia”, de cara a las elecciones del próximo 6 de junio, con el propósito de que ni un mandatario intervenga para apoyar a candidatos o partidos, o utilice el presupuesto público con fines electorales.

Y en ese sentido, el Gobernador de Tlaxcala, Marco Mena, puso el ejemplo al ser el primero en respaldar este acuerdo, en un claro gesto de congruencia política que el propio Presidente de México reconoció en un mensaje publicado en sus redes sociales, en el cual manifestó su beneplácito por tal coincidencia a favor de que se cumpla la voluntad ciudadana.

Desde diciembre pasado, cuando rindió su Informe de Gobierno, el mandatario tlaxcalteca expresó su disposición de garantizar el respeto de la ley y la fortaleza de las instituciones para que haya elecciones libres este año en la entidad.

En aquella ocasión ofreció centrar las capacidades de su gobierno para superar la pandemia, recuperar el ritmo de crecimiento que Tlaxcala tenía hasta antes de la emergencia sanitaria, y contar con las condiciones necesarias para que el proceso electoral se lleve a cabo con tranquilidad.

La institucionalidad de la administración que encabeza Marco Mena es incuestionable. Ha respetado el desarrollo de las actividades político-partidistas en el estado, y se ha enfocado en consolidar los grandes proyectos de su gestión, especialmente los que tienen que ver con obra pública, como el nuevo Hospital General de Tlaxcala, que tiene un avance superior al 80%, o las nuevas obras como el Distribuidor Carretero Xicoténcatl, la modernización del tramo que va desde el Zoológico hasta Chiautempan, la rehabilitación de la Vía Corta Chiautempan-Puebla, y el Centro Internacional de Entrenamiento de Altura en el centro vacacional “La Malinche”.

A nivel nacional, la decisión de Mena provocó la adhesión inmediata de otros mandatarios, como los de Oaxaca, el Estado de México, la Ciudad de México, Chiapas, Puebla, Veracruz, Tabasco, Morelos y Baja California, incluso los que están adheridos a la Alianza Federalista, quienes a su vez pidieron que comprometa a todos los niveles de gobierno y poderes de la Unión, y que el Acuerdo sea firmado bajo la autoridad del INE.

A nivel local, el compromiso del Gobernador desarma a Morena y sus aliados, quienes semanas atrás hicieron señalamientos sin pruebas contra el gobierno estatal, pidiendo que saque las manos del proceso electoral. La realidad es que el Ejecutivo estatal ha sido respetuoso de la ley, y cuidadoso de este momento político, a grado tal que fue el primero en atender el llamado presidencial.

En estas épocas, son socorridas las acusaciones de entrega de dinero para financiar campañas, compra de lealtades o conciencias, lucrar con la pobreza de la gente, o diversas trampas electorales. Sin embargo, muchas de ellas carecen de evidencia que permita probarlas, por lo que forman parte del ruido que, deliberadamente, se aviva para provocar desconfianza.

Esperemos que, así como hay voluntad política por parte de los Ejecutivos estatal y federal para conducirse con absoluta rectitud y defender la soberanía popular, los candidatos y partidos políticos asuman su responsabilidad para abonar al desarrollo de la democracia. Evidentemente, cuidar las elecciones es tarea de todos.

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