La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible Universal establece una visión transformadora dirigida a la sostenibilidad económica, social y ambiental de los 193 Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que la suscribieron. Además, constituye un hito en la construcción de sociedades más igualitarias en armonía con el medio ambiente y es la guía de referencia para el trabajo de la comunidad internacional hasta el año 2030.
La ONU aprobó, en 2015, esta agenda como una oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino hacia el desarrollo sostenible. El documento incluye temas relacionados con el reconocimiento que hace el Estado de los derechos humanos, pues aborda aspectos como la erradicación de la pobreza extrema, la reducción de la desigualdad en todos sus ámbitos, prioridades en materia de educación, seguridad alimentaria, diseño de ciudades como un derecho humano y gestión del riesgo ante eventos catastróficos.
La Agenda 2030 establece 17 objetivos de desarrollo sostenible para los que se exige un cambio estructural en los modos de producción y consumo; asimismo, prevé que para su consolidación los Estados deben establecer mecanismos innovadores de coordinación y de financiamiento.
Por lo que toca a los Estados, particularmente en lo que tiene que ver con México, la existencia de tres esferas de gobierno impone un alto nivel de complejidad para la acción coordinada, que es esencial para la localización de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030.
A nivel federal, en 2017 se creó el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que encabeza el presidente de la República, "como una instancia de vinculación del Ejecutivo Federal con los gobiernos locales, el sector privado, la sociedad civil y la academia" para coordinar las políticas públicas en la materia. Luego, en 2019, el Gobierno federal actualizó la Estrategia Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 en México.
En el ámbito local, el 3 de abril de 2018 se creó el Consejo de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en el Estado de Tlaxcala. Su objetivo es consolidar la aplicación de los 17 objetivos, los cuales deben incidir en el ámbito local y contemplarse tanto en el Plan Estatal de Desarrollo como en los planes municipales, procurando establecer políticas públicas y acciones locales que incidan en el cumplimiento de las metas establecidas en la agenda que fueron comprometidas por México ante la ONU.
Pero fue hasta junio de 2019 que se realizó la primera sesión del Consejo Estatal de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en Tlaxcala. En ella se acordó establecer un calendario de mesas de trabajo y se definieron 23 indicadores estatales para temas como pobreza, hambre y educación incluyente. Sin embargo, de acuerdo con el Tercer Informe Subnacional voluntario que México presentó ante la ONU el pasado 16 de julio de 2021, el Consejo Estatal para la Agenda 2030 no reportó sesiones en los años 2020 y 2021, lo que deja a la entidad en un rango bajo de cumplimiento y lejano a la meta propuesta.
El mismo informe expone que en las elecciones de junio de 2021 se renovaron 15 gubernaturas, entre ellas Tlaxcala, lo que representa una oportunidad para que las nuevas autoridades adopten desde el inicio el enfoque de desarrollo sostenible en sus agendas, pues las elecciones definieron un nuevo mapa político en todo el territorio nacional. Aunque ello no debería afectar la interacción entre las tres esferas de gobierno, sin duda será un factor muy importante en la continuidad de esfuerzos para materializar la Agenda 2030.De acuerdo con el decreto de creación, el Consejo Estatal para la Agenda 2030 será presidido por la persona titular del Ejecutivo estatal y estará integrado por las y los titulares de las secretarías de Gobierno, de Políticas Públicas y Participación Ciudadana, de Educación Pública, de Salud, de Planeación y Finanzas, de Turismo, de Fomento Agropecuario, de Comunicaciones y Transportes, de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, de Desarrollo Económico, de la Procuraduría General de Justicia y de la Coordinación General de Ecología.
- *Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
