/ martes 3 de octubre de 2023

Agua: el gran pendiente del Estado

Hace un par de semanas realicé en el Senado el foro México tiene sed, en mi calidad de legisladora y presidenta del Capítulo México de la Organización Mundial de Parlamentarios Contra la Corrupción (GOPAC). Frente a expertos en la materia, coincidí en que el gran pendiente del Estado mexicano es el cuidado del vital líquido para garantizar su uso potable para las futuras generaciones, evitando así una serie de problemas que enfrentaríamos como país, al no contar con el agua suficiente para abastecer a la población mexicana.

Es claro que se debe entender el problema de forma integral para proponer soluciones del tamaño del reto que enfrentamos, pues hoy al menos 49 % de la población está luchando para combatir problemas ocasionados por la sequía consecuencia del cambio climático, pero también de la sobreexplotación, contaminación, distribución deficiente y sistemas de agua potable en los municipios que con el paso de los años se han convertido en obsoletos, generando importantes pérdidas de agua por fugas que muchas veces son atendidas después de semanas y hasta meses.

Si bien es cierto que la Federación es el orden de gobierno responsable de esta materia, también es cierto que existe una corresponsabilidad con los poderes Judicial y Legislativo para construir leyes de vanguardia y con la perspectiva sustentable que demanda la Agenda 2030 a la que estamos suscritos como país.

Por otra parte, los municipios y comunidades, para el caso de Tlaxcala, son también responsables de conservar en buen estado la infraestructura hidráulica, de tal forma que se evite el desperdicio tanto como sea posible. Sin embargo, el problema del agua no sólo tiene que ver con la distribución de agua potable, sino con la contaminación de los ríos, mares y mantos acuíferos que representan en suma un problema de salud pública, derivado de los diversos padecimientos que desarrollan quienes consumen agua contaminada o cuya presencia de metales resulta en un peligro latente para los seres humanos. Como en muchos rubros, la corrupción e impunidad también ha sido aliada para permitir que los caudales de agua sean contaminados sin que exista castigo para los responsables y reparación del daño ocasionado al ecosistema. Recientemente el presidente hizo referencia al grave problema que enfrenta Tlaxcala al respecto, derivado principalmente de la industrialización sin control que ha detonado en problemáticas severas para la salud de los tlaxcaltecas, incluido el problema renal del que tanto se habla pero poco se actúa.

De nada sirven los lamentos desde el púlpito presidencial ni las fotografías para los medios de difusión donde el Gobierno del Estado aborda el tema. Se requiere una urgente y decidida actuación que combata el problema y garantice el agua para nosotros y las futuras generaciones.

Actuemos pues en consecuencia y construyamos desde los Poderes del Estado, los órdenes de gobierno y población en general, un plan integral que permita mejorar la calidad del agua, así como su cuidado y distribución sostenible a través de opciones como la captación de agua de lluvia y su tratamiento que permita su uso para tareas como agricultura y actividades industriales y cotidianas. Hoy en Tlaxcala tenemos más de 100 plantas tratadoras de agua de las cuales sólo funcionan el 7 %.

Es una realidad que hoy comunidades de la capital de Tlaxcala acumulan tres meses sin el vital líquido, tal es el caso de uno de los barrios de Acuitlapilco, donde los vecinos han tenido que pagar hasta 800 pesos por cada pipa de agua sin que la autoridad municipal asuma el compromiso que adquirió con los habitantes de dotar de agua sin costo alguno, en tanto resuelven en problema de fondo, pero la realidad es que no ocurrió ni una cosa ni la otra.

En resumen, hoy se requiere de la modernización y tecnificación de los organismos operadores municipales para alcanzar la más alta eficiencia física y administrativa; tratar las aguas residuales y promover el intercambio para uso industrial, agrícola y de servicios municipales; preservar las fuentes de abastecimiento; proteger y recuperar los cuerpos de agua, presas, lagos, lagunas, humedales y sus áreas naturales de recarga; construir nuevas presas para captar escurrimientos de lluvia; alinear los programas de desarrollo urbano municipal con la Agenda del Agua 2050; delimitar y proteger las zonas federales de ríos y barrancas; evitar los cambios de uso de suelo en áreas naturales, barrancas, áreas de recarga y bosques y establecer esquemas de financiación y colaboración transparentes para una prestación de servicio eficiente. Asumamos el compromiso y la responsabilidad, porque el reloj juega en nuestra contra.

Hace un par de semanas realicé en el Senado el foro México tiene sed, en mi calidad de legisladora y presidenta del Capítulo México de la Organización Mundial de Parlamentarios Contra la Corrupción (GOPAC). Frente a expertos en la materia, coincidí en que el gran pendiente del Estado mexicano es el cuidado del vital líquido para garantizar su uso potable para las futuras generaciones, evitando así una serie de problemas que enfrentaríamos como país, al no contar con el agua suficiente para abastecer a la población mexicana.

Es claro que se debe entender el problema de forma integral para proponer soluciones del tamaño del reto que enfrentamos, pues hoy al menos 49 % de la población está luchando para combatir problemas ocasionados por la sequía consecuencia del cambio climático, pero también de la sobreexplotación, contaminación, distribución deficiente y sistemas de agua potable en los municipios que con el paso de los años se han convertido en obsoletos, generando importantes pérdidas de agua por fugas que muchas veces son atendidas después de semanas y hasta meses.

Si bien es cierto que la Federación es el orden de gobierno responsable de esta materia, también es cierto que existe una corresponsabilidad con los poderes Judicial y Legislativo para construir leyes de vanguardia y con la perspectiva sustentable que demanda la Agenda 2030 a la que estamos suscritos como país.

Por otra parte, los municipios y comunidades, para el caso de Tlaxcala, son también responsables de conservar en buen estado la infraestructura hidráulica, de tal forma que se evite el desperdicio tanto como sea posible. Sin embargo, el problema del agua no sólo tiene que ver con la distribución de agua potable, sino con la contaminación de los ríos, mares y mantos acuíferos que representan en suma un problema de salud pública, derivado de los diversos padecimientos que desarrollan quienes consumen agua contaminada o cuya presencia de metales resulta en un peligro latente para los seres humanos. Como en muchos rubros, la corrupción e impunidad también ha sido aliada para permitir que los caudales de agua sean contaminados sin que exista castigo para los responsables y reparación del daño ocasionado al ecosistema. Recientemente el presidente hizo referencia al grave problema que enfrenta Tlaxcala al respecto, derivado principalmente de la industrialización sin control que ha detonado en problemáticas severas para la salud de los tlaxcaltecas, incluido el problema renal del que tanto se habla pero poco se actúa.

De nada sirven los lamentos desde el púlpito presidencial ni las fotografías para los medios de difusión donde el Gobierno del Estado aborda el tema. Se requiere una urgente y decidida actuación que combata el problema y garantice el agua para nosotros y las futuras generaciones.

Actuemos pues en consecuencia y construyamos desde los Poderes del Estado, los órdenes de gobierno y población en general, un plan integral que permita mejorar la calidad del agua, así como su cuidado y distribución sostenible a través de opciones como la captación de agua de lluvia y su tratamiento que permita su uso para tareas como agricultura y actividades industriales y cotidianas. Hoy en Tlaxcala tenemos más de 100 plantas tratadoras de agua de las cuales sólo funcionan el 7 %.

Es una realidad que hoy comunidades de la capital de Tlaxcala acumulan tres meses sin el vital líquido, tal es el caso de uno de los barrios de Acuitlapilco, donde los vecinos han tenido que pagar hasta 800 pesos por cada pipa de agua sin que la autoridad municipal asuma el compromiso que adquirió con los habitantes de dotar de agua sin costo alguno, en tanto resuelven en problema de fondo, pero la realidad es que no ocurrió ni una cosa ni la otra.

En resumen, hoy se requiere de la modernización y tecnificación de los organismos operadores municipales para alcanzar la más alta eficiencia física y administrativa; tratar las aguas residuales y promover el intercambio para uso industrial, agrícola y de servicios municipales; preservar las fuentes de abastecimiento; proteger y recuperar los cuerpos de agua, presas, lagos, lagunas, humedales y sus áreas naturales de recarga; construir nuevas presas para captar escurrimientos de lluvia; alinear los programas de desarrollo urbano municipal con la Agenda del Agua 2050; delimitar y proteger las zonas federales de ríos y barrancas; evitar los cambios de uso de suelo en áreas naturales, barrancas, áreas de recarga y bosques y establecer esquemas de financiación y colaboración transparentes para una prestación de servicio eficiente. Asumamos el compromiso y la responsabilidad, porque el reloj juega en nuestra contra.