La diferencia entre un esclavo y un ciudadano es que el ciudadano puede preguntarse por su vida y cambiarla
Alejandro Gándara
Decálogo
Sin tener la seguridad, por no ser parte de esa elite, sobre la naturaleza exacta de las peticiones expresadas en una serie de documentos presuntamente para remitirlas a los candidatos, aspirantes a ocupar la silla presidencial, es importante, como siempre, valorar las intenciones, o bien, darles una interpretación desde una perspectiva popular; quizá desde esa óptica se pueda entender la postura de los signatarios.
Con alguna intención, así se percibe, se fundamentan las peticiones expresadas por los banqueros, argumentadas en diez “pilares”; igual número de mandamientos basados en una serie de principios religiosos según quienes profesan la fe católica, en cuya esencia filosófica se pueden encontrar algunos valores éticos y de comportamiento obligados a cumplirse; en caso contrario, serán sancionables por una autoridad divina.
Luego entonces, la propuesta presentada por la Asociación de Bancos de México a través de su presidente en similar analogía, presupone una serie de intenciones exigibles, tal vez no para “castigarse” pero sí para respetarse por el próximo responsable del Ejecutivo de la nación; obvio, con apariencias muy cuidadas pero con la intención de salvaguardar todos los intereses relacionados con el dinero, de igual forma en su libertad para mantener ese poderío económico.
Definido el decálogo, de acuerdo con sus elaboradores, como “diez pilares para el desarrollo”, la asociación diseñó un plan estratégico para garantizar, según ellos, un crecimiento económico sostenible e incluyente, útil para guiar la actividad financiera en los próximos años. En su estructura documental, su primera recomendación sugiere prudencia en la política económica y estabilidad macro, con el propósito de definir sus acciones en un proyecto a largo plazo; obvio, su pretensión es la de poder continuar con un modelo basado en la acumulación de la riqueza detentada desde hace muchos sexenios.
En ese mismo contexto, sugieren mantener la autonomía bancaria, con la intención, así lo dicen, de combatir la inflación para impulsar el desarrollo y la lucha contra la desigualdad; en este sentido, son malos políticos, pues esto ha sido notable en otros contextos temporales, entonces la propuesta pierde sentido en el momento de reconocer tácitamente los problemas del pueblo, bajo estas circunstancias -su plan- ya lo hubieran implementado en los momentos de necesidad; por eso, más bien su pretendida autonomía es para seguir cometiendo actos de usura en perjuicio de los ciudadanos; sobre su lucha en contra de la desigualdad no hay una expresión clara respecto de cuál sería la propuesta.
En las exigencias documentales “solicitan” se mantenga un sistema financiero sólido y con libre competencia, además, debe darse un respeto a las instituciones y al estado de derecho, de igual manera, libertad de los derechos humanos, igualdad y justicia social. Sin duda, bajo estas consideraciones la sociedad, mejor dicho los incluidos en los círculos de la pobreza, deberán agradecerle a tan inspirados y preocupados ricos el pretender abatir todos los problemas vividos en la actualidad, sus palabras dejarán una huella muy profunda en la sensibilidad de las personas al privilegiarlos con sus futuros proyectos en bien del país.
No podía omitirse el interés por mantener unas finanzas públicas sanas, un tipo de cambio flexible y una economía abierta al libre comercio; tampoco estas declaraciones presentan novedades en su contenido, si existiera la posibilidad de mantener esas formas pretendidas sería obligatorio recuperar las instituciones dejadas en manos de los particulares y llevarlas, por consecuencia, a las áreas de interés del país; por supuesto, en atención a las necesidades de la población, es decir, quitarles los privilegios a los ricos y tender y cumplir con los derechos de la gente. Respecto del tipo de cambio flexible y una economía abierta al libre comercio, las propuestas parecieran absurdas en cuanto a la negativa intervención para lograrlo, la evidencia así lo demuestra, los principales beneficiados con los tipos de cambio son justamente los banqueros, al conocer anticipadamente las fluctuaciones de la moneda nacional, comprar miles de dólares, incrementar su riqueza y manejar a su arbitrio la compra y venta de otras monedas en los bancos; como no son muy explicitas sus declaraciones, tal vez se refieran a que a partir del nuevo gobierno, compra y venta quedarán sujetas a una misma valoración en la moneda. La solicitud al libre comercio puede entenderse como un procedimiento donde los dueños del capital y los sujetos de crédito también, a su arbitrio, puedan hacer de los precios y consumidores los factores para seguir aumentando sus potencialidades y sus respectivas fortunas.
Otros aspectos contemplados por tan sensibles benefactores tienen referencia total en cuanto al respeto de las instituciones se refiere, de igual manera el respeto al estado de derecho, libertad individual y derechos humanos, y, finalmente, la igualdad y justicia social.
En últimos apartados, díganse principios, se presupone una distinción exclusiva aplicable para algunos, cuya irreverencia en contra de esas instancias ha sido más que evidente; tal vez lo dijeran por algún candidato en específico, pero bueno, de cualquier forma la intencionalidad parece recíproca, pues si hay respeto a las instituciones, las mismas deberán respetar a las personas; concatenándose con la posibilidad de cumplir, por obligación, las normas aplicables en un estado donde la prevalencia de las leyes deben ser prioritarias; en este sentido, se manifiestan incluyentes para ser parte de todo el conglomerado nacional y sujetos, si así se requiere, a las sanciones que correspondan en caso de cometer infracciones a esos principios de orden social.
En el discurso escrito, los planteamientos últimos relativos a la igualdad y justicia social, quedan solamente como una serie de aspiraciones inconclusas e indefinidas, pues la igualdad no plantea acciones concretas, esa pretensión los obligaría de desprenderse parcialmente de sus fortunas para ingresarlas a las finanzas públicas y construir grandes proyectos para atender todas las necesidades y demandas de la población; si eso pudiera pasar, aunque más bien es una utopía, se podría pensar en alcanzar la justicia social, es decir, por merecimiento constitucional a todos los individuos se les daría lo correspondiente.
Ante la incertidumbre por la presumible preocupación de los ricos en favor de México, queda un asunto, implícito y bien escondido, es decir, será que esta clase de ricos está adelantando la posibilidad de un cambio en las estructuras del gobierno y más que ofrecimientos es la exigencia de mantener sus privilegios actuales; el tiempo hará lo suyo y demostrará cuáles eran las verdaderas intenciones de tan magnificado decálogo.
