Los buenos gobiernos se conocen cuando lo que hacen vale más que lo que sus opositores dicen

Antonio Maura y Montaner

El nuevo gobierno

Inaugurado el nuevo gobierno con la insaculación oficial del presidente de la República, se da inicio a una nueva etapa en la vida nacional, las expectativas de un cambio verdadero permean, cuando menos así lo parece, a las instituciones que forman parte del sistema, de igual manera, entre la ciudadanía; los cambios naturales, iniciados en algunos casos desde antes de la protesta oficial, se manifiestan con los nombramientos de los responsables de dirigir las diferentes secretarías; así como de la conformación de los funcionarios que conformaran el gabinete ampliado. En este sentido, se sabrá a quien acudir para resolver los problemas que aquejan a la colectividad.

En este periodo de reacomodo institucional y del cumplimiento a los procesos de entrega recepción, es posible seguir escuchando otros ofrecimientos del presidente, con el afán de demostrar el interés, que se menciona en sus presentaciones, para lograr un bienestar diferente en todos aquellos aspectos donde la atención no se distinguía; y que en este periodo sexenal habrán de atenderse: por ello, aunque pareciera incongruente, tanto las iniciativas de cambio a las leyes como las estrategias de atención al pueblo necesitaran sus tiempos y espacios, para poder lograr los objetivos esperados.

Bajo estas consideraciones, es importante otorgarle a las nuevas autoridades la oportunidad de asumir, con un tiempo prudente, la alta responsabilidad de conducir, además por obligación, el rumbo de la institución que les haya sido asignada; desde luego, con esa prudencia mencionada, evitar la exigencia de la inmediatez, pues si se debe cambiar no es posible lograrlo de un día para otro; desde luego, tampoco puede esperarse un cambio a largo plazo, todo debe darse de acuerdo a las características de los problemas y necesidades que requieren atención.

Ya en el contexto general de las responsabilidades, no solo del Ejecutivo sino de todo el gabinete, se empiezan a definir cuáles serán las áreas prioritarias de atención; se van diluyendo, sin soslayarlos, los magnificados temas del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), el asunto del Tren Maya y el de la Guardia Nacional. Las visiones de otras áreas permitirán ahora cambiar el rumbo para observarlas y, desde luego, conocer cuáles serán las formas de atenderlas; por ejemplo, entre otras tantas se encuentra la creación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, instancia que atenderá a las comunidades originarias consideradas como las más vulnerables y necesitadas.

Sin duda, hasta ahora se le pueden asignar ciertas fortalezas, pues es cierto que estos grupos sufrieron la indiferencia de otros gobiernos; hoy, según se dice, serán consideradas con preferencia por las autoridades del gobierno, en consecuencia, se podrá suponer la preservación de la cultura y del indigenismo del país con toda la atención que necesiten. Ojalá el discurso sea rebasado con los hechos y no se ocupe a estos pueblos solo como propaganda política, cuando los funcionarios se visten con la ropa típica de los indígenas para después olvidarse de su pobreza y sus necesidades.

En una decisión, convertida en decreto, se creó la Comisión para la Verdad, especialmente para el caso de los desaparecidos de la normal de Ayotzinapa, a cuatro años de su desaparición; sin embargo, la indignación no solo abarca este deleznable asunto, sino otros tantos ocurridos en el territorio nacional, de tal manera que se ha reclamado, con justicia, se atiendan también otros casos de desaparecidos, hombres y mujeres, cuyas familias necesitan no solo la investigación o el destino de recursos humanos y materiales, sino el resultado es lo importante, no solo para los parientes, también para la sociedad entera; desde luego, en este sentido se han expresado voces de desacuerdo de otros desaparecidos, pues al parecer este decreto no los incluye y esperan también sean tomados en cuenta, también se espera que este asunto no se vaya diluyendo en el camino y con el paso del tiempo, como ha ocurrido en otros casos similares, ahí está el de 1968, a cincuenta años de los acontecimientos no se ha castigado a los responsables.

Por otro lado, en este proceso de cambios y nombramientos también aparece en escena el ahora controvertido y criticado severamente por la gran mayoría de los intelectuales, el nombramiento, aunque como encargado (ya es un hecho), de Paco Ignacio Taibo II, del Fondo de Cultura Económica (FCE), situación complicada por la necesidad de modificar la ley respectiva y poder entregarle el nombramiento que lo acredite como director; desafortunadamente, así se estima, su condición de extranjero y de lenguaje vulgar, aunque se pretenda justificar, lo deben descalificar para ocupar un cargo de la importancia del FCE. Aunque no se ha mencionado, no se debe olvidar que, en una primera instancia, había sido designada la escritora Margo Glantz para ser la titular de la editorial del estado mexicano, bajo el argumento de razones personales que se lo impedían, sin soslayar tampoco que el posible nombramiento también fue cuestionado.

Así las cosas, entre nombramientos, decisiones, cambios de nomenclatura de las instituciones, se ha desarrollado el cambio hacia la cuarta trasformación; se han realizado también, dígase cumplidos, algunas de las promesas de campaña, entre otras, la posible venta del avión presidencial, enviado ya a California; suprimiéndose con ello su costosa manutención 500 millones; además de pagar un adeudo en el siguiente año, por una cantidad de 420 millones por la compra de helicópteros que formaban parte de la flotilla gubernamental. Con estas acciones, se puede suponer que habrá otras acciones iguales para asuntos de las mismas magnitudes.

Más allá de los señalamientos, inconformidades, decisiones, nombramientos, cambios, fusiones y desapariciones de dependencias, se pueden percibir otro tipo de cuestiones, de alguna manera mencionadas en otras circunstancias, y es lo referente a esa posibilidad de construir una cultura de inclusión y justicia social, donde los ciudadanos se conviertan en vigilantes de su gobierno, donde el reclamo, con racionalidad sea la forma de enfrentarse al sistema; donde también el gobierno escuche y reconozca cuando exista la equivocación; de esta manera, quizá, se logre la reconciliación nacional anhelada.