/ viernes 21 de diciembre de 2018

ANATOMÍA DE LO SOCIAL

Cuando la situación es adversa y la esperanza poca, las determinaciones drásticas son las más seguras

Tito Livio

Decisiones

Apenas tres semanas han transcurrido desde la toma de protesta del nuevo presidente y ya se han generado algunas controversias en relación a las decisiones -dígase planes de austeridad- bajo el supuesto de trastocar los intereses de los altos funcionarios públicos, específicamente los relacionados al salario; los afectados expresan sus inconformidades basados en la aparente anticonstitucionalidad de las decisiones, además de argumentar sobre los problemas que se generarían si esto ocurriera. Esta es la postura de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al negarse al sometimiento de la política reduccionista salarial del presidente de la República.

De alguna manera, la polémica surge, más allá de la aplicación de la justicia, respecto de los estratosféricos salarios que reciben cada uno de los magistrados, traducidos en dinero representan la “ridícula” cantidad de un poco más de 650 mil pesos; toda una aberración en contraste con los paupérrimos salarios mínimos; por eso la oposición social, la reducción de esos salarios significaría un ahorro considerable al erario público; en adición a los responsables de la interpretación y aplicación de las leyes, se deben considerar, todos los subordinados en los organigramas respectivos; así es que las palabras del presidente de la Suprema Corte al referirse sobre sus sueldos carecen de toda validez, pues éstos, representan una clara ofensa para los ciudadanos carentes de, cuando menos, un salario decoroso.

En la defensa de las percepciones, se establecen criterios de anticonstitucionalidad; como ha ocurrido en otros aspectos de similar comportamiento; evidentemente, el conocimiento y la causa de las leyes, pareciera defienden esta postura, sin embargo, también en una visión análoga, se puede modificar la cláusula de irreductibilidad que se encuentra en el artículo 94 de la Constitución Mexicana, donde se establece que la remuneración de los magistrados de la Corte y otros jueces del Poder Judicial , no podrá ser disminuida durante su encargo; por ello, así como se hicieron reformas y cambios, le corresponde a las Cámaras determinar y modificar lo necesario para derrotar con la ley a quienes la defienden.

En contrasentido a esta decisión de disminuir los desmedidos salarios, particularmente de altos funcionarios, se ha tomado la decisión de aumentar la cantidad del salario mínimo; anunciado por el gobierno, con el apoyo de empresarios y representantes de los trabajadores, para cobrar vigencia a partir del siguiente año; según estimaciones, el salario de 88.36 pesos diarios, tendrá un incremento de 14.32 pesos, es decir, quedará en 102.68 pesos; soslayando el de la frontera norte, por razones de obvia naturaleza; lo interesante, en este apartado, es el descuido relacionado a todos aquellos que tienen créditos de vivienda con el Infonavit y Fovissste, pues a pesar de la famosa Unidad de Medida y actualización (UMA) los pagos seguirán siendo altos, de acuerdo a la inflación, en consecuencia, las deudas seguirán siendo casi impagables; tal vez, el gobierno y quienes manejan las finanzas, tomen las medidas necesarias al respecto, pues en una interpretación simplista, se ha pagado hasta el triple de un crédito de vivienda y aún sigue, y seguirá, vigente durante muchos años.

La polaridad de estos desiguales salarios entre la elite de los impartidores de la justicia y los jodidos, aumentaron, además de la brecha social, el repudio de la burguesía de uno de los poderes más importantes del sistema; y el más caro pagado por el erario público.

En otro orden, los errores cometidos, desde el discurso gubernamental, no solo del presidente, también ha generado una serie de contradicciones iniciales y la posterior reparación de las palabras; tal es el caso de lo dicho en el sentido de disminuir el presupuesto a las instituciones de educación superior; situación que provocó la reacción de las universidades del país; sobre todo en lo dicho por el titular de Hacienda, respecto de que las instituciones de educación superior gastan mal los recursos, el error declarativo, tuvo que ser solventado por el mismo presidente bajo el criterio de austeridad pero no de disminución de presupuestos.

Afortunado la intervención de López Obrador, respondiendo al compromiso, en una primera instancia, de no disminuir el financiamiento a las instituciones de educación superior, así como en lo posterior, corregir a propuesta presentada por el titular de Hacienda.

Después de la resolución ofrecida, se presentaron, de manera innecesaria, tal vez hasta de un protagonismo exagerado, la postura del rector de la UNAM, así como del titular de la ANUIES; ofreciendo, sin ninguna postura de austeridad real, en donde el primero declara devolverá una parte de su salario a la Tesorería de la Federación, mientras el otro, se compromete a lograr la eficiencia en el uso del parque vehicular y uso de automóviles oficiales, de igual manera, regular los gastos en telefonía celular, viáticos y gastos de representación; sin duda, se exhibió, un alto salario y el derroche de recursos materiales; finalmente, son cuestionamientos provocados por los mismos declarantes.

Entre altos salarios, reducciones presupuestales, y la bien lograda relación entre la Secretaría de Hacienda y los representantes de las instituciones de educación superior al sensibilizar los criterios de austeridad en la aplicación y uso de los presupuestos, quedan todavía lagunas cuestiones, obligadas al comentario; dentro de los contextos de estos niveles de educación; la referencia se hace al respecto de la posible creación de cien nuevas universidades; la esencia, puede ser extraordinaria, sin embargo, así lo parece, se olvida de otro aspecto colateral y es aquel en el que se debe considerar la creación de fuentes de empleo; pues si bien es cierto, como lo dice las clases intelectuales, que la educación es un motor para el cambio y el desarrollo, también debe ser cierto, que el trabajo, logrará el cambio en los niveles de vida de todos aquellos que se preparan en las aulas, consecuentemente, el bienestar se logra en dos de los círculos donde el individuo se desenvuelve, la familia y la sociedad, si se lograran vincular estos dos aspectos, el laboral y el educativo, es seguro que el cambio prometido, podrá fincarse en las buenas decisiones.

Una vez concluido el comentario de este día, con el permiso de quienes me hacen el favor de darle lectura a mis comentarios de cada semana; agradezco también a quien me ha dado la oportunidad de escribir el sentir de los acontecimientos cotidianos; a todos, mis mejores deseos, que la dicha y la prosperidad les acompañen siempre. No puede faltar mi agradecimiento mayor, designado a ese poder superior que me ha dado la vida y la posibilidad de ser parte de esta anatomía de lo social.

Cuando la situación es adversa y la esperanza poca, las determinaciones drásticas son las más seguras

Tito Livio

Decisiones

Apenas tres semanas han transcurrido desde la toma de protesta del nuevo presidente y ya se han generado algunas controversias en relación a las decisiones -dígase planes de austeridad- bajo el supuesto de trastocar los intereses de los altos funcionarios públicos, específicamente los relacionados al salario; los afectados expresan sus inconformidades basados en la aparente anticonstitucionalidad de las decisiones, además de argumentar sobre los problemas que se generarían si esto ocurriera. Esta es la postura de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al negarse al sometimiento de la política reduccionista salarial del presidente de la República.

De alguna manera, la polémica surge, más allá de la aplicación de la justicia, respecto de los estratosféricos salarios que reciben cada uno de los magistrados, traducidos en dinero representan la “ridícula” cantidad de un poco más de 650 mil pesos; toda una aberración en contraste con los paupérrimos salarios mínimos; por eso la oposición social, la reducción de esos salarios significaría un ahorro considerable al erario público; en adición a los responsables de la interpretación y aplicación de las leyes, se deben considerar, todos los subordinados en los organigramas respectivos; así es que las palabras del presidente de la Suprema Corte al referirse sobre sus sueldos carecen de toda validez, pues éstos, representan una clara ofensa para los ciudadanos carentes de, cuando menos, un salario decoroso.

En la defensa de las percepciones, se establecen criterios de anticonstitucionalidad; como ha ocurrido en otros aspectos de similar comportamiento; evidentemente, el conocimiento y la causa de las leyes, pareciera defienden esta postura, sin embargo, también en una visión análoga, se puede modificar la cláusula de irreductibilidad que se encuentra en el artículo 94 de la Constitución Mexicana, donde se establece que la remuneración de los magistrados de la Corte y otros jueces del Poder Judicial , no podrá ser disminuida durante su encargo; por ello, así como se hicieron reformas y cambios, le corresponde a las Cámaras determinar y modificar lo necesario para derrotar con la ley a quienes la defienden.

En contrasentido a esta decisión de disminuir los desmedidos salarios, particularmente de altos funcionarios, se ha tomado la decisión de aumentar la cantidad del salario mínimo; anunciado por el gobierno, con el apoyo de empresarios y representantes de los trabajadores, para cobrar vigencia a partir del siguiente año; según estimaciones, el salario de 88.36 pesos diarios, tendrá un incremento de 14.32 pesos, es decir, quedará en 102.68 pesos; soslayando el de la frontera norte, por razones de obvia naturaleza; lo interesante, en este apartado, es el descuido relacionado a todos aquellos que tienen créditos de vivienda con el Infonavit y Fovissste, pues a pesar de la famosa Unidad de Medida y actualización (UMA) los pagos seguirán siendo altos, de acuerdo a la inflación, en consecuencia, las deudas seguirán siendo casi impagables; tal vez, el gobierno y quienes manejan las finanzas, tomen las medidas necesarias al respecto, pues en una interpretación simplista, se ha pagado hasta el triple de un crédito de vivienda y aún sigue, y seguirá, vigente durante muchos años.

La polaridad de estos desiguales salarios entre la elite de los impartidores de la justicia y los jodidos, aumentaron, además de la brecha social, el repudio de la burguesía de uno de los poderes más importantes del sistema; y el más caro pagado por el erario público.

En otro orden, los errores cometidos, desde el discurso gubernamental, no solo del presidente, también ha generado una serie de contradicciones iniciales y la posterior reparación de las palabras; tal es el caso de lo dicho en el sentido de disminuir el presupuesto a las instituciones de educación superior; situación que provocó la reacción de las universidades del país; sobre todo en lo dicho por el titular de Hacienda, respecto de que las instituciones de educación superior gastan mal los recursos, el error declarativo, tuvo que ser solventado por el mismo presidente bajo el criterio de austeridad pero no de disminución de presupuestos.

Afortunado la intervención de López Obrador, respondiendo al compromiso, en una primera instancia, de no disminuir el financiamiento a las instituciones de educación superior, así como en lo posterior, corregir a propuesta presentada por el titular de Hacienda.

Después de la resolución ofrecida, se presentaron, de manera innecesaria, tal vez hasta de un protagonismo exagerado, la postura del rector de la UNAM, así como del titular de la ANUIES; ofreciendo, sin ninguna postura de austeridad real, en donde el primero declara devolverá una parte de su salario a la Tesorería de la Federación, mientras el otro, se compromete a lograr la eficiencia en el uso del parque vehicular y uso de automóviles oficiales, de igual manera, regular los gastos en telefonía celular, viáticos y gastos de representación; sin duda, se exhibió, un alto salario y el derroche de recursos materiales; finalmente, son cuestionamientos provocados por los mismos declarantes.

Entre altos salarios, reducciones presupuestales, y la bien lograda relación entre la Secretaría de Hacienda y los representantes de las instituciones de educación superior al sensibilizar los criterios de austeridad en la aplicación y uso de los presupuestos, quedan todavía lagunas cuestiones, obligadas al comentario; dentro de los contextos de estos niveles de educación; la referencia se hace al respecto de la posible creación de cien nuevas universidades; la esencia, puede ser extraordinaria, sin embargo, así lo parece, se olvida de otro aspecto colateral y es aquel en el que se debe considerar la creación de fuentes de empleo; pues si bien es cierto, como lo dice las clases intelectuales, que la educación es un motor para el cambio y el desarrollo, también debe ser cierto, que el trabajo, logrará el cambio en los niveles de vida de todos aquellos que se preparan en las aulas, consecuentemente, el bienestar se logra en dos de los círculos donde el individuo se desenvuelve, la familia y la sociedad, si se lograran vincular estos dos aspectos, el laboral y el educativo, es seguro que el cambio prometido, podrá fincarse en las buenas decisiones.

Una vez concluido el comentario de este día, con el permiso de quienes me hacen el favor de darle lectura a mis comentarios de cada semana; agradezco también a quien me ha dado la oportunidad de escribir el sentir de los acontecimientos cotidianos; a todos, mis mejores deseos, que la dicha y la prosperidad les acompañen siempre. No puede faltar mi agradecimiento mayor, designado a ese poder superior que me ha dado la vida y la posibilidad de ser parte de esta anatomía de lo social.

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