El buen juez…

Aléjese de los palacios el que quiera ser justo. La virtud y el poder no se hermanan bien.

Lucano

Aunque existen otros problemas de alta prioridad para ser atendidos, éstos son despojados de su importancia por una fuerza mediática, o bien por intereses ocultos, manipulando la observación del pueblo hacia aquello que, con seguridad, habrá de ser un tema para discutirlo en cualquiera de los foros donde convergen los ciudadanos, por lo tanto, en esa dinámica, cuando surgen nuevas noticias, la información se orienta a contener la conciencia popular, alentando la indiferencia ante los verdaderos problemas nacionales; como ocurrió con la genial idea de dar a conocer lo que gana un funcionario público al servicio de la nación.

Bajo esta premisa, se percibieron intereses encontrados o justificaciones sin fundamentos claros, pudiéndole otorgar, como adjetivos, al “aparente” desencuentro entre quienes son los responsables de aplicar la ley, en este caso, respecto de los ingresos del presidente; para ello, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con la votación suficiente, consigue invalidar los artículos 6 y 7 de la Ley Federal de Remuneraciones de los servidores públicos emplazando al Congreso de la Unión a que establezca, en su próximo periodo de sesiones, los parámetros para fijar el salario del titular del ejecutivo.

Desde luego y muy al estilo de la democracia mexicana, en el acuerdo, por la “mayoría” de votos, se le dio fundamento a una necesidad de establecer los parámetros de referencia, bajo el supuesto, en su contenido de ley, de considerar todas las remuneraciones que recibe el titular del ejecutivo, no solo las que recibe en efectivo, con el argumento de garantizar una remuneración adecuada. Como una consecuencia, de estas modificaciones a las leyes se extendería su aplicación a la burocracia del estado, ofreciendo tranquilidad a los ingresos de quienes son servidores públicos.

En oposición, al seno del pleno hubo expresiones de no invalidación a toda la ley, con la pretensión de esperar las discusiones relacionadas a las nuevas acciones de inconstitucionalidad contra la ley reformada; de igual manera se pronunciaron sobre la posibilidad de establecer montos en las remuneraciones, aunque éstas deben hacerse en base elementos técnicos que se establezcan en la ley; así mismo, se dijo que los sistemas de carreras no deban verse afectados.

Al amparo de estas consideraciones, se evidencia la levedad con que se soslayan asuntos de necesidad general, por algo tan superfluo y banal que solo ha propiciado la descalificación de uno de los tres poderes de la nación y, de alguna manera, también la enorme brecha que existe entre los potentados de la burocracia y los jodidos del pueblo, dígase los pobres.

Esta parte última, establece el contraste de la situación que prevalece en México, divulgar el salario de los funcionarios públicos deja el sabor amargo de la indiferencia, de la falta de cuidado en la distribución de la riqueza, y restriega en la cara, una vez más, la falta de posibilidades, en la mayoría de las personas, para poder adquirir los elementos suficientes para atender sus necesidades.

Para tener un ejemplo más claro, solo basta dar a conocer los salarios que perciben algunos de los funcionarios públicos para demostrar lo dicho; desde luego, las cifras son de acuerdo con los parámetros difundidos por la Secretaría de la Función Pública en el que se establecen las cantidades, según sea el cargo que se tenga.

El presidente percibirá un salario bruto mensual de 155 mil 835 pesos, siendo el monto más alto que se pagará a un servidor público; por abajo del ejecutivo, estarán los secretarios de estado con una percepción mensual de 154 mil 365 pesos; los subsecretarios y jefes de unidad cobrarán un salario entre los 139 mil 663 pesos y los 153 mil 140pesos. En este tabulador presentado, los cargos tienen una homologación salarial, eliminándose la letra I, donde los salarios rondaban los 205 mil 200 y los 206 mil 900 pesos. Directores generales y directores generales adjuntos, cobrarán 91mil 884 y 122 mil 512 pesos. Los jefes de departamento, los subdirectores de área y los directores de área, percibirán entre 21 mil 597 y 78 mil 407 pesos.

Sin menospreciar las actividades y las responsabilidades que se adquieren en el ejercicio de una obligación institucional, los salarios en comparación con otros lugares del mundo siguen siendo estratosféricos; pero lo más grave, suponen un agravio para quienes en sus quehaceres cotidianos apenas perciben los suficiente para subsistir, eso cuando se tiene un salario como el mínimo, de apenas 102.68 pesos.

Con estas diferencias tan significativas, claro que se generan malestares ante un agravio como este, por eso surgen algunos cuestionamientos; por ejemplo: ¿De qué le sirve al pueblo saber cuánto gana el presidente? ¿Cuáles son las verdaderas intenciones de dar a conocer las cantidades de los salarios de los funcionarios públicos? ¿Cuál es el interés de la SCJN para solicitar se regule el salario del presidente? ¿Por qué los magistrados no aparecen en estas propuestas? Obvio entre otras tantas; el asunto es como si se tratara de construir, como se ha hecho en otras administraciones, cortinas de humo para ocultar la realidad de las cosas, mejor dicho, de los problemas reales del país.

Las respuestas seguramente habrán de variar, aunque también existe la posibilidad de que esta demanda de los ministros, sea la defensa implícita de sus salarios estratosféricos; mismos que no se dieron a conocer por la Secretaría de la Función Pública; de cualquier manera, se insiste, pareciera más bien una burla para el pueblo, notándose que en la misma divulgación de un tabulador solo se defiende a un grupo menor de la burocracia gubernamental.

Ante este panorama tan desalentador para muchos, poco importarán los ajustes, cambios, deducciones, posibles aumentos en los salarios, por el contrario, ante las desigualdades salariales no se podrán evitar las manifestaciones de inconformidad por quienes se sienten desplazados por el sistema: los desempleados.

En efecto, si hay evidencia de riqueza y despilfarro, porque entonces no se les asignan los recursos obligados a los sectores de la salud y la educación; no puede ser que haya desabasto de medicamentos, se recorten los presupuestos y se eliminen recursos para todos aquellos que se preparan para atender a los enfermos, esto como referencia inmediata a la renuncia del titular de una de las instituciones encargadas de atender, justamente, la salud de las personas.

Ojalá que las autoridades de primer nivel dejen de insistir en ver al pueblo solo como un instrumento receptor de información y lo conviertan en un sujeto lleno de necesidades no satisfechas, para eso se necesita, obviamente, ser un buen juez, iniciando desde su propia casa, dándole a todos y cada uno lo que en justicia le corresponde.