/ viernes 5 de julio de 2019

ANATOMÍA DE LO SOCIAL

Austeridad

La bondad es el principio del tacto y el respeto por los otros es la primera condición para saber vivir.

Henry F. Amiel

Sin pretender evaluar estos primeros meses de gobierno, las condiciones actuales permiten cuestionar si se ha logrado lo prometido, o solo se han centrado en atender aquellas áreas de interés particular, con la apariencia de un beneficio para la colectividad, como en el caso de la corrupción y la seguridad del pueblo; hasta ahorita, pareciera, son los temas recurrentes en la mayoría de los discursos pronunciados por el ejecutivo; sin soslayar el asunto de los migrantes; asignaturas concurrentes en la vida de la nación.

Con base a esta premisa, con todo respeto, es importante recordarle, no solo al presidente, sino a todo su gabinete, el deber y las obligaciones adquiridas en cuanto aceptaron los cargos para dirigir los destinos del país y sus ciudadanos; por lo tanto, se exige, en todos los casos, se cumpla, cuando menos, con los compromisos institucionales primarios, para fortalecer las relaciones entre el pueblo y el gobierno; de igual manera, además, atender otras áreas de prioridad, por ejemplo, aquellas relacionadas a la salud y el empleo.

De inicio, deberán terminarse los señalamientos públicos en contra de quienes les han precedido en el poder; las opiniones de las personas así lo exigen; es decir, si hay necesidad de emprender acciones legales en contra de exfuncionarios, que se aprovecharon de su investidura pues hágase, desde luego en los casos que así lo requieran, pero, por otro lado, hoy en día, los actuales funcionarios deben y tienen que dedicarse a las labores propias de las actividades particulares que les correspondan.

Sin ser una sugerencia, solo la percepción de mucha gente, la austeridad republicana, merece una interpretación opuesta, quizá, a la que se tiene en las esferas del gobierno; sobre todo por los daños colaterales surgidos a la luz de esta propuesta radicalizada, principalmente en la distribución de los recursos públicos, así como en su implementación y operación.

Si bien es cierto que se han “descubierto” las malas artes de muchos funcionarios, en especial tratándose de dinero, justo es se les apliquen las sanciones que les correspondan; si se han “rescatado” cantidades millonarias escondidas en cuentas personales de exfuncionarios, pues que se apliquen en obras y programas de asistencia social, en esas áreas donde así se requieran; que se inviertan, también, en la construcción de hospitales y en la adquisición de equipos y medicamentos para atender la salud de los miles de personas que lo necesitan; de igual manera se generen fuentes de empleo para aquellos que no los tienen, es decir, se apliquen correctamente, desde luego con mesura, todo ese dinero recuperado.

Por otro lado, en cuanto a las dadivas que se les están entregando a los discapacitados, jóvenes, madres solteras, deberán realizarse, con mucho cuidado, los estudios necesarios para determinar si la “ayuda” es verdaderamente necesaria, o solo se incurrirá en los errores de los antecesores, al otorgar un beneficio para quienes no lo necesitan; en este sentido, aunque parezca contradictorio, el apoyo deberá hacerse con apego a las condiciones reales de los beneficiarios.

Evidentemente, las limitaciones, los recortes presupuestales, los despidos masivos de trabajadores, en muchos casos sin merecerlo, no representan un ahorro, por el contrario, además de las afectaciones particulares, se afectan la vida y la estabilidad de muchas familias, qué por el simple hecho de estar en un lugar, seleccionado por las nuevas autoridades, fueron afectados en sus trabajos. Por eso, se insiste, también para este caso, la realización de un análisis especial para ver si la separación de sus labores era merecida, de lo contrario, respetar sus derechos laborales y su antigüedad.

Desde luego, hay concordancia, en cuanto se haga los cambios pertinentes, siempre y cuando estos se hagan siguiendo principios de orden y legalidad, así como el respeto a los derechos humanos; dicho de otra manera, la reestructuración de las instituciones, por las mismas condiciones y circunstancias de la actualidad son necesarias y obligadas, si éstas, se hacen en favor de la gente que más lo necesita.

Austeridad

La bondad es el principio del tacto y el respeto por los otros es la primera condición para saber vivir.

Henry F. Amiel

Sin pretender evaluar estos primeros meses de gobierno, las condiciones actuales permiten cuestionar si se ha logrado lo prometido, o solo se han centrado en atender aquellas áreas de interés particular, con la apariencia de un beneficio para la colectividad, como en el caso de la corrupción y la seguridad del pueblo; hasta ahorita, pareciera, son los temas recurrentes en la mayoría de los discursos pronunciados por el ejecutivo; sin soslayar el asunto de los migrantes; asignaturas concurrentes en la vida de la nación.

Con base a esta premisa, con todo respeto, es importante recordarle, no solo al presidente, sino a todo su gabinete, el deber y las obligaciones adquiridas en cuanto aceptaron los cargos para dirigir los destinos del país y sus ciudadanos; por lo tanto, se exige, en todos los casos, se cumpla, cuando menos, con los compromisos institucionales primarios, para fortalecer las relaciones entre el pueblo y el gobierno; de igual manera, además, atender otras áreas de prioridad, por ejemplo, aquellas relacionadas a la salud y el empleo.

De inicio, deberán terminarse los señalamientos públicos en contra de quienes les han precedido en el poder; las opiniones de las personas así lo exigen; es decir, si hay necesidad de emprender acciones legales en contra de exfuncionarios, que se aprovecharon de su investidura pues hágase, desde luego en los casos que así lo requieran, pero, por otro lado, hoy en día, los actuales funcionarios deben y tienen que dedicarse a las labores propias de las actividades particulares que les correspondan.

Sin ser una sugerencia, solo la percepción de mucha gente, la austeridad republicana, merece una interpretación opuesta, quizá, a la que se tiene en las esferas del gobierno; sobre todo por los daños colaterales surgidos a la luz de esta propuesta radicalizada, principalmente en la distribución de los recursos públicos, así como en su implementación y operación.

Si bien es cierto que se han “descubierto” las malas artes de muchos funcionarios, en especial tratándose de dinero, justo es se les apliquen las sanciones que les correspondan; si se han “rescatado” cantidades millonarias escondidas en cuentas personales de exfuncionarios, pues que se apliquen en obras y programas de asistencia social, en esas áreas donde así se requieran; que se inviertan, también, en la construcción de hospitales y en la adquisición de equipos y medicamentos para atender la salud de los miles de personas que lo necesitan; de igual manera se generen fuentes de empleo para aquellos que no los tienen, es decir, se apliquen correctamente, desde luego con mesura, todo ese dinero recuperado.

Por otro lado, en cuanto a las dadivas que se les están entregando a los discapacitados, jóvenes, madres solteras, deberán realizarse, con mucho cuidado, los estudios necesarios para determinar si la “ayuda” es verdaderamente necesaria, o solo se incurrirá en los errores de los antecesores, al otorgar un beneficio para quienes no lo necesitan; en este sentido, aunque parezca contradictorio, el apoyo deberá hacerse con apego a las condiciones reales de los beneficiarios.

Evidentemente, las limitaciones, los recortes presupuestales, los despidos masivos de trabajadores, en muchos casos sin merecerlo, no representan un ahorro, por el contrario, además de las afectaciones particulares, se afectan la vida y la estabilidad de muchas familias, qué por el simple hecho de estar en un lugar, seleccionado por las nuevas autoridades, fueron afectados en sus trabajos. Por eso, se insiste, también para este caso, la realización de un análisis especial para ver si la separación de sus labores era merecida, de lo contrario, respetar sus derechos laborales y su antigüedad.

Desde luego, hay concordancia, en cuanto se haga los cambios pertinentes, siempre y cuando estos se hagan siguiendo principios de orden y legalidad, así como el respeto a los derechos humanos; dicho de otra manera, la reestructuración de las instituciones, por las mismas condiciones y circunstancias de la actualidad son necesarias y obligadas, si éstas, se hacen en favor de la gente que más lo necesita.