Seguro Popular contra Insabi

La salud es la unidad que da valor a todos los ceros de la vida

Bernard Le Bouvier de Fontanelle

Por obligación constitucional, el gobierno debe ofrece a los ciudadanos los elementos necesarios para su desarrollo integral, considerando como una prioridad, sin soslayar a las otras, aquellas relativas a la salud del pueblo, por lo tanto, los programas de asistencia, junto con sus reglas de operación, deben considerar todos los aspectos intervinientes en la atención y tratamiento relativos a la demanda de atención cuando se presentare un problema de este carácter.

Por eso, sin consideración a las nuevas nomenclaturas, lo fundamental queda basado en las necesidades de cada uno de los usuarios de este tipo de servicio, entendida así por la institución concebida para estos fines. Por eso la indiferencia de muchos ante el anuncio de la desaparición del Seguro Popular; en contrasentido, la preocupación de otros en cuanto no existe certidumbre sobre los quehaceres de la institución que lo sustituye, sobre todo cuando el titular de la “nueva” dependencia ha declarado la inutilidad del Seguro Popular, en razón de argumentar que esta área de atención a la salud del pueblo solo servía a intereses particulares, plagados además de corrupción.

Con este fundamento individualista puede suponerse una renovación total del sector, para enfrentar no solo la deteriorada imagen de la Secretaría de Salud y de sus dependencias de apoyo, sino además la insuficiencia del personal médico, infraestructura, medicamentos, materiales y equipo, así como los procesos de reinscripción al Instituto.

No sobra decir, como se ha estilado en el actual gobierno, la persistencia en señalar culpables con el propósito implícito de eludir una responsabilidad, desde el momento de asumir el cargo principal como Ejecutivo de la nación, obvio, también de quienes forman parte del gabinete, por lo tanto, se cuestiona ahora la lentitud en el aprendizaje de las responsabilidades institucionales, así como el centralismo o autoritarismo desde la presidencia.

Bajo la consideración anterior, se puede entender que en estos momentos, principalmente en el ámbito de la salud, ya no caben las justificaciones, por el contrario, se exige la inmediatez de las acciones para devolverle la certidumbre a quienes tienen la necesidad de hacer uso de los diferentes programas, cuya aplicación será responsabilidad del Insabi.

De igual manera, debe evitarse el uso exagerado de las estadísticas, pues a los enfermos, o usuarios, no les interesa que haya necesidad de 73 mil médicos para dar una cobertura más amplia a nivel nacional, como tampoco importa mucho quién será el titular de la dependencia, más bien, habría interés en los servicios que se tienen que, además de ofrecer, darles cumplimiento.

Desafortunadamente, los cambios habrán de quedar sujetos a la aprobación de las reformas a la Ley General de Salud para que puedan entrar en vigor, las propuestas de cambio y de acción en las funciones institucionales, donde, se supone, se abatirá el rezago de personal, es decir, habrá contrataciones de médicos y otro personal inherente a este servicio; de igual forma, se asegura que los usuarios dejarán de pagar y, al mismo tiempo, recibirán los medicamentos necesarios para curarse, cuando menos es lo que se dice, ojalá sea cierto y se cumpla.

En términos generales, todo parece indicar que los cambios ocurrirán en el contexto de los servicios médicos y en los presupuestos, los que provendrán, entre otros, del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos; se dice de unos 48 mil millones de pesos, los que serán utilizados para atención de las enfermedades de alto costo de quienes ya son beneficiarios.