Anatomía de lo Social | Amnistía

En su mejor momento, el hombre es el más noble de todos los animales; separado del derecho y la justicia es el peor

Aristóteles

Indiscutible, la necesidad de atender uno más de los graves problemas de nuestro país, no solo en la aplicación de la justica, sino, además, en todos aquellos elementos que la constituyen. Por ello, la iniciativa de Ley presentada por el Ejecutivo representa la oportunidad de eliminar todos esos vicios anquilosados en todos los espacios, dígase tribunales y juzgados, donde supuestamente deberían de resolverse todos los casos dejados bajo su responsabilidad y, en consecuencia, otorgarle a quien lo merezca el beneficio de la ley.

No se puede negar entonces la intención, enmarcada en la iniciativa, de resolver cualquier asunto donde se encuentren omisiones, o no se haya recibido el trato justo por carecer de dinero para pagar un defensor. Aunque pareciera excluyente en alguna de sus partes, la iniciativa señala algunas características y condiciones para quienes aspiren a obtener el beneficio de la amnistía.

Esta podría ser la parte donde se aprecian algunas inconsistencias relacionadas a los posibles sujetos beneficiarios, pues la pobreza, la marginación, así como la corrupción, no son los únicos aspectos que debieran considerarse en esta propuesta, debiéndose agregar el abuso de algunos juzgadores, por el simple hecho de sentirse con poder y con el aparente auspicio de las leyes.

Bajo esta consideración, aunque estén perfectamente delineados en el código penal, los beneficios y los beneficiarios, ese exceso y abuso de algunas autoridades, se hace evidente en cuanto a un individuo que purga una condena y a pesar de haber cumplido una sentencia, aún lo mantienen privado de su libertad, desde luego, esto puede generalizarse con otros tantos internos que siguen en prisión. Dicho de otra manera, hay quienes han cubierto la parte proporcional de sus “castigos”, e inclusive en algunos casos han cumplido su condena y, sin embargo, la burocracia judicial impide se les otorguen los beneficios que la misma ley les otorga.

Sin la pretensión de hacer una apología de esta iniciativa, debe ser imperioso que en cuanto se concluya el proceso legislativo y se inicie la vigencia de la referida ley, se haga un verdadero análisis de los expedientes archivados, obviamente “olvidados” por expertos en la materia, para determinar a los merecedores de las bondades de la ley; es decir, no deberán ser los mismos que castigan los que hagan esa valoración, pues se correría el riesgo de incurrir en las mismas deficiencias y anomalías.

Por supuesto que también tendría que evaluarse el costo-beneficio de los posibles candidatos a ser excarcelados, pues la manutención, según se dice, representa un alto costo para el erario; en este sentido, también habría una reducción en los gastos que se realizan en los centros de reinserción social; ahorrando recursos para la creación de fuentes de trabajo en esos mismos centros penitenciarios.

Hay acuerdos sobre la posibilidad de liberar a jóvenes que hubieran incurrido en un ilícito vinculado a daños a la salud, como también a la práctica del aborto clandestino; en estos casos, obviamente, habría con urgencia establecer en las legislaciones locales las condiciones igualitarias para que la infracción a las leyes no se queden solo en el ámbito federal, sino también se trasladen al fuero común.

Más allá de las causalidades de la infracción, al considerar si ésta fue promovida por la situación económica, o bien obligada por un familiar de primer grado, o por ser de alguna etnia, las posibilidades de no ser sancionado serían muy altas, de cualquier forma, habría de pensarse en la utilización de otros criterios, por ejemplo, la despenalización del aborto, siempre y cuando se realice en instalaciones con alto nivel de limpieza, así como por médicos calificados. Respecto de la droga, también debe ser imperioso apresurar la legalización, como en el caso de la mariguana, para evitar los problemas colaterales, como el tráfico y la violencia.

Esto sería un gran avance en una sociedad de evolución constante, y pondría a México en los estándares de igualdad con otros países del mundo. Aunque todavía falte el ordenamiento legal para la aprobación de la ley de referencia, vale la pena, así se considera, la posibilidad de lograr mejorar las condiciones actuales en la procuración de la justicia.