La mayoría de las personas gastan más tiempo y energías en hablar de los problemas que en afrontarlos.
Henry Ford
Aunque parece ajeno para muchas personas, el problema de los ejidatarios de una comunidad del estado de Puebla, al cerrar las vialidades principales que comunican al estado referido con la Ciudad de México, bajo el argumento de que el gobierno tiene un adeudo económico en ellos, a partir del momento de la expropiación de tierras que fueron usadas para construir la carretera, hoy convertida en autopista, y que data desde hace más de sesenta años. De cualquier manera, justo o no, esta forma de manifestación es considerada como una medida arbitraria por las afectaciones a terceros, cuya necesidad les obliga a circular por esa vía.
Considerando las exigencias de los ejidatarios, las expresiones populares abordan el tema desde diferentes perspectivas, primero, en cuanto a la temporalidad, es decir, cómo después de tantos años transcurridos ahora se pretende exigir un pago que, seguramente, los dueños originales ya no reclaman, la razón es simple: hay una sentencia del tribunal agrario que determinaba el pago de los ejidos expropiados; luego entonces, se presume que la manifestación hace evidencia del involucramiento de otras personas que pretenden aprovecharse de las circunstancias.
La postura del gobierno, hasta el momento, es muy clara: no habrá pagos adicionales que no se hayan acordado en un litigio, se asegura, ya fue realizado en otras fechas; sin embargo, a pesar de la negativa, se ha dicho que hay mesas de diálogo para resolver este asunto, mientras tanto, también hay advertencia de la no intervención, mucho menos para reprimir a los manifestantes, hasta en tanto haya un acuerdo que permita liberar las carretas obstruidas.
Bueno, entre las razones de los ejidatarios y las declaraciones hechas desde el gobierno de la República, el problema se ha convertido en un enorme caos, pues las afectaciones, más allá del dinero, también ha causado daños a la ciudadanía, sobre todo para aquellos cuya necesidad de viajar al centro del país, ya sea por cuestiones de salud, en especial para los que han perdido sus citas médicas, en casos más graves, hasta los tratamientos por alguna enfermedad, eso es verdaderamente terrible, por eso se dice de lo arbitrario de los que protestan.
De igual manera, los trasportistas han reconocido que ellos también han cerrado vialidades, el daño que se causa a los que llevan en su carga productos perecederos, pues con seguridad estarán a punto de perderlos, en efecto, se han visto en la carretera filas de tráileres y camiones que llevan animales vivos y que por la falta de alimento y agua serán sacrificados indirectamente, con las consecuencias ya conocidas, animales muertos, convertidos también en contaminantes sin tener un espacio donde desecharlos.
La extensión de lo arbitrario se extendió hasta el estado de Tlaxcala, viajar a la ciudad de Apizaco o a Calpulalpan es un verdadero calvario, hay algunos atrevidos que por necesidad tienen que transitar por esa carreta federal, en particular para los que trabajan por esa zona, de tres a cuatro horas ocupan para llegar a su destino, a pesar de que existen alguna vías alternas que casi nadie conoce, en consecuencia, también trabajadores, personas enfermas y comerciantes han sido afectados por estas medidas radicales que obligan a preguntar: ¿por qué si es un problema de los ejidatarios de Santa Rita Tlahuapan, Puebla, tenemos que pagar los que vivimos por esta zona de tránsito? La respuesta no se puede encontrar en la solidaridad, más bien en el intervencionismo de intereses particulares.
En efecto, qué culpa se tiene de un problema ajeno, si no esta en manos de terceros su resolución, lo peor es que se pagan culpas ajenas, además muy antiguas, por lo tanto, es imperioso que las autoridades competentes y correspondientes comprueben con documentos que lo acordado por la expropiación fue liquidado, y también exigirles a los reclamantes que demuestren que en efecto fueron propietarios de lo que reclaman, no se trata de una salida salomónica, sino de una solución desde el punto de vista legal, tal vez esta sea una de las mejores formas de resolver este asunto que se ha convertido en una prioridad.
En caso de que las negociaciones no prosperen, han surgido algunas voces de los manifestantes que insinúan, hasta parece amenaza, que si no se les resuelve a su favor seguirán en su protesta los días que sean necesarios, sin importar las consecuencias y los daños que se ocasionen.
Un daño colateral a lo arbitrario es la ausencia de las autoridades que tienen la obligación de vigilar y ordenar la circulación de los vehículos, que deberían estar cuando menos en los cruces importantes, por ejemplo, en la zona de Calpulalpan los semáforos no son respetados, todos esperan una oportunidad para poder cruzar una avenida importante, bueno, esto ocurre en las zona de carreteras federales, ni Protección Civil, ni la Guardia Nacional, ni los militares, ausencia total y anarquía generada por estas razones, ojalá haya consideraciones al respecto para ayudar a los desesperados tripulantes de los automotores que tienen la necesidad de circular en sus vehículos respectivos.
Finalmente, al cierre de este comentario todavía no había resultados para el regreso a la normalidad, obvio, si no ocurre pronto, habrá que seguir con estas arbitrariedades.
