Anatomía de lo social | Autonomía responsable

Hablar de la educación superior en el estado es, por antonomasia, referirse a la Universidad Autónoma de Tlaxcala, por ello, en la celebración de su aniversario número 44, resulta imperioso agregarnos a este acontecimiento; desde luego, en obediencia a que quien escribe mantiene un sentido de pertenencia por ser orgullosamente universitario, ante la circunstancia, se considera el deber moral referirse a la universidad por sus aportaciones no solo académicas, sino en el desarrollo donde define su cobertura, trabajando por méritos, bajo la base de su independencia institucional, dígase autonomía, así como en su trascendencia, evidenciada en la movilidad social de quienes han transitado pos sus aulas, y por el notable cambio en la estructura socioeconómica de este lugar de nuestro país.

El mérito del cambio y el progreso se basa en el enorme trabajo realizado por quienes la la han constituido desde entonces, gente con visión de futuro, imaginación, inmejorable formación académica para conseguir todos los objetivos institucionales; consecuentemente, en la prestación de sus servicios, los resultados cumplen con los requerimientos y demandas de la sociedad.

Cubiertos los quehaceres fundamentales y sus funciones sustantivas, se le atribuye una característica más a la universidad, considerándola como un espacio social donde, por obviedad, se construyen relaciones sociales, así como las adaptaciones o modificaciones a la cultura inherentes en el proceso; para realizarlas se requiere de libertad de pensamiento, de búsqueda de la verdad y de la expresión de los individuos; estas cualidades quedan constreñidas al valor institucional universitario denominado: autonomía.

Más allá de las diversas acepciones del término, la autonomía representa la autenticidad a la propia misión académica, implicando la comunicación del saber y la cultura; así como la existencia de los más valiosos principios educativos como son la libertad de cátedra e investigación; la pluralidad de posturas y creencias, éticas, políticas y religiosas; así como el respeto a la discrepancia y a la tolerancia.

Desde esta perspectiva académica, la autonomía y la libertad de pensamiento, como lo señala González (2004) “significan tanto pluralidad como función crítica; manifestándose en todos los órdenes de la vida universitaria y van en paralelo con la búsqueda abierta y diversificada del conocimiento, con clara conciencia de que no hay una verdad única y verdad única y definitiva y que las posiciones dogmáticas no tienen cabida ni sentido en una comunidad propiamente universitaria, así como el mundo de la ciencia y la cultura en general es un mundo abierto, hecho de consensos y disensos, por eso vivo y en movimiento”.

Bajo este criterio, se entiende, además, una estrecha relación entre la autonomía institucional y las personas que integran la comunidad universitaria; el hecho de que una institución sea autónoma; implica que las personas que las constituyen también lo sean o que lleguen a serlo; por lo tanto la autonomía se persigue en la formación de los estudiantes, para que adquieran criterios propios de comportamiento en su vida adulta y profesional y tengan condiciones de independencia, es decir, para que puedan valerse por sí mismos en forma responsable. En otro sentido, particularmente en las instancias de deliberación y decisión, como lo señala Dieterlen (2004), se requiere que las personas que toman decisiones en una institución autónoma sean ellas mismas autónomas.

Esta cualidad hace necesario señalar la asociación y reciprocidad implicadas entre la responsabilidad y autonomía; es decir, la responsabilidad en las acciones y las decisiones solo pueden ser atribuidas a las personas o entidades que actúan libremente y no bajo la coacción o la sujeción de normas o criterios impuestos, la autonomía implica responder en primer término ante sí mismo, y asumir las consecuencias o efectos de las decisiones adoptadas y de las acciones realizadas, implica también la capacidad de discernir y verificar la bondad o la eficacia de las mismas, con el objeto de ratificarlas o modificarlas; en consecuencia, se generan obligaciones de responder, con resultados, de esa facultad implícita en las decisiones institucionales.