/ viernes 19 de noviembre de 2021

Anatomía de lo Social | Confrontaciones

Vivir en contradicción con la razón propia es el estado moral más intolerable

León Tolstoi

En una exhibición muy rudimentaria, por alejarse del sentido original, las confrontaciones, no se le puede llamar de otra manera, entre legisladores y el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral evidenciaron las limitaciones para defender, o justificar, los intereses institucionales respecto del presupuesto 2022 asignado al Instituto, los primeros bajo un débil argumento de que lo asignado es suficiente para cumplir con sus obligaciones de organizador de los procesos electorales; en contrasentido, el consejero hace referencia que la cantidad de 19 mil 736 millones 593 mil 972 pesos es insuficiente para hacer lo que les corresponde.

Para quienes tienen la facultad de administrar las formas legales, así como para determinar la asignación de presupuestos, dígase de egresos para el año siguiente, bastaba demostrar con elementos contables y comparativos con años anteriores, un esquema de distribución de los recursos, suficientes, para ejecutar las acciones y actividades que el Instituto Nacional Electoral ha proyectado para el año de referencia, incluidas la consulta popular y aquella que le daría sustento a la posible revocación de mandato.

Aunque eso hubiera sido posible, la intencionalidad de la reducción de casi cinco mil millones al INE quedó prácticamente opacada al magnificar los altísimos salarios de los consejeros y otros funcionarios de segundo nivel, cuyas cantidades, de los primeros, rebasan en mucho, como ejemplo, al salario del presidente de la República. Ante la frágil postura de los legisladores, las respuestas de su antagónico, en este sentido, defendieron la base de los ingresos inscritas en la Ley de remuneración de los servidores públicos, aprobada por los diputados.

Aunque esa razón le asista al respondiente, no se puede evitar el señalamiento de las exorbitantes cantidades de las percepciones mensuales de los consejeros, las que ascienden a la nada despreciable cantidad de 234 mil pesos, sin consideración a otras prestaciones incluidas para el ejercicio de sus funciones, alimentos, gastos de representación, vehículos, todo esto, según, son inherentes al ejercicio de su trabajo. Comparativamente, se dice que ganan más del doble que el presidente, sobra decir que cientos de veces más para quien percibe un salario mínimo de apenas 141 pesos; este mismo argumento fue usado para la solicitud de estar obligados a incorporarse al régimen de la austeridad republicana.

Desde luego, habría que defender el asunto del presupuesto, eludiendo sutilmente las demandas sobre los salarios; pues resulta atentatorio contra la democracia la reducción del presupuesto, no se podrían hacer los ejercicios de la consulta popular en adición a la de revocación de mandato, ya programadas para el siguiente año.

Sin duda, los desacuerdos, basados en intereses particulares, solo le abonan a magnificar los hechos, a la búsqueda de ser protagonistas principales ante la opinión pública, sin embargo, la percepción popular ya no puede manipularse, pues la realidad es que ni la democracia está en riesgo, ni la decisión del pueblo, en su mayoría, para continuar en la participación de cualquier actividad que les permita hacer notorias sus inconformidades.

Para quienes usan los criterios numéricos, la reducción presupuestal de casi cinco mil millones, están acotados por dos actividades principales, la consulta popular prevista para el mes de abril del año siguiente, así como la consulta para la posible revocación de mandato, ambos eventos, según el presupuesto presentado por el INE, suman una cantidad de 5,743 mdp; comparativamente entonces, las cantidades son prácticamente semejantes; en este sentido, curándose en salud, se dice que si en la práctica no se llevarán a efecto las actividades señaladas, el instituto devolvería a la tesorería de la Federación el recurso no aplicado.

Por supuesto que las diferencias entre los legisladores y consejeros, en voz de su presidente, han quedado sujetas a los ordenamientos establecidos en el presupuesto que habrá de aplicarse en el año que viene; por lo tanto, no había necesidad de enfrascarse en discusiones inútiles, mucho menos en hace notorias sus incapacidades para manejar los asuntos de acuerdo a sus competencias.

Quizá en este conflicto de intereses puedan existir otras condiciones que motiven el comportamiento de cada una de las partes, por ejemplo, si la reducción del presupuesto en la cantidad ya mencionada tuviera la intención de evitar la consulta por la revocación del mandato, o bien para aplicarse en otras áreas de un supuesto beneficio colectivo, como ocurrió con el aumento presupuestal para la guardia nacional y el tren maya.

De alguna manera, en similitud de circunstancias con otros entes públicos, es imperioso que los responsables de crear leyes para beneficio del pueblo atiendan con honestidad y severidad estas desigualdades, en cuanto al dinero y su aplicación, que hagan los ajustes necesarios para que nadie reciba más de lo que merece; pero, sobre todo, que defiendan con vehemencia aquello que por derecho constitucional le corresponde a todos los mexicanos, para mejorar sus condiciones y calidad de vida, evitando para ello cualquier tipo de confrontaciones.

Vivir en contradicción con la razón propia es el estado moral más intolerable

León Tolstoi

En una exhibición muy rudimentaria, por alejarse del sentido original, las confrontaciones, no se le puede llamar de otra manera, entre legisladores y el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral evidenciaron las limitaciones para defender, o justificar, los intereses institucionales respecto del presupuesto 2022 asignado al Instituto, los primeros bajo un débil argumento de que lo asignado es suficiente para cumplir con sus obligaciones de organizador de los procesos electorales; en contrasentido, el consejero hace referencia que la cantidad de 19 mil 736 millones 593 mil 972 pesos es insuficiente para hacer lo que les corresponde.

Para quienes tienen la facultad de administrar las formas legales, así como para determinar la asignación de presupuestos, dígase de egresos para el año siguiente, bastaba demostrar con elementos contables y comparativos con años anteriores, un esquema de distribución de los recursos, suficientes, para ejecutar las acciones y actividades que el Instituto Nacional Electoral ha proyectado para el año de referencia, incluidas la consulta popular y aquella que le daría sustento a la posible revocación de mandato.

Aunque eso hubiera sido posible, la intencionalidad de la reducción de casi cinco mil millones al INE quedó prácticamente opacada al magnificar los altísimos salarios de los consejeros y otros funcionarios de segundo nivel, cuyas cantidades, de los primeros, rebasan en mucho, como ejemplo, al salario del presidente de la República. Ante la frágil postura de los legisladores, las respuestas de su antagónico, en este sentido, defendieron la base de los ingresos inscritas en la Ley de remuneración de los servidores públicos, aprobada por los diputados.

Aunque esa razón le asista al respondiente, no se puede evitar el señalamiento de las exorbitantes cantidades de las percepciones mensuales de los consejeros, las que ascienden a la nada despreciable cantidad de 234 mil pesos, sin consideración a otras prestaciones incluidas para el ejercicio de sus funciones, alimentos, gastos de representación, vehículos, todo esto, según, son inherentes al ejercicio de su trabajo. Comparativamente, se dice que ganan más del doble que el presidente, sobra decir que cientos de veces más para quien percibe un salario mínimo de apenas 141 pesos; este mismo argumento fue usado para la solicitud de estar obligados a incorporarse al régimen de la austeridad republicana.

Desde luego, habría que defender el asunto del presupuesto, eludiendo sutilmente las demandas sobre los salarios; pues resulta atentatorio contra la democracia la reducción del presupuesto, no se podrían hacer los ejercicios de la consulta popular en adición a la de revocación de mandato, ya programadas para el siguiente año.

Sin duda, los desacuerdos, basados en intereses particulares, solo le abonan a magnificar los hechos, a la búsqueda de ser protagonistas principales ante la opinión pública, sin embargo, la percepción popular ya no puede manipularse, pues la realidad es que ni la democracia está en riesgo, ni la decisión del pueblo, en su mayoría, para continuar en la participación de cualquier actividad que les permita hacer notorias sus inconformidades.

Para quienes usan los criterios numéricos, la reducción presupuestal de casi cinco mil millones, están acotados por dos actividades principales, la consulta popular prevista para el mes de abril del año siguiente, así como la consulta para la posible revocación de mandato, ambos eventos, según el presupuesto presentado por el INE, suman una cantidad de 5,743 mdp; comparativamente entonces, las cantidades son prácticamente semejantes; en este sentido, curándose en salud, se dice que si en la práctica no se llevarán a efecto las actividades señaladas, el instituto devolvería a la tesorería de la Federación el recurso no aplicado.

Por supuesto que las diferencias entre los legisladores y consejeros, en voz de su presidente, han quedado sujetas a los ordenamientos establecidos en el presupuesto que habrá de aplicarse en el año que viene; por lo tanto, no había necesidad de enfrascarse en discusiones inútiles, mucho menos en hace notorias sus incapacidades para manejar los asuntos de acuerdo a sus competencias.

Quizá en este conflicto de intereses puedan existir otras condiciones que motiven el comportamiento de cada una de las partes, por ejemplo, si la reducción del presupuesto en la cantidad ya mencionada tuviera la intención de evitar la consulta por la revocación del mandato, o bien para aplicarse en otras áreas de un supuesto beneficio colectivo, como ocurrió con el aumento presupuestal para la guardia nacional y el tren maya.

De alguna manera, en similitud de circunstancias con otros entes públicos, es imperioso que los responsables de crear leyes para beneficio del pueblo atiendan con honestidad y severidad estas desigualdades, en cuanto al dinero y su aplicación, que hagan los ajustes necesarios para que nadie reciba más de lo que merece; pero, sobre todo, que defiendan con vehemencia aquello que por derecho constitucional le corresponde a todos los mexicanos, para mejorar sus condiciones y calidad de vida, evitando para ello cualquier tipo de confrontaciones.

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