/ viernes 25 de octubre de 2019

Anatomía de lo Social | Del plan de salud a la objeción de conciencia

Cuando gozamos de salud, fácilmente damos buenos consejos a los enfermos.

Tácito

En días pasados, el presidente de México anunció las acciones, mejor dicho, algunos de los objetivos inscritos dentro del Plan Nacional de Salud 2019-2024, anticipándose a la aprobación, por el Congreso, de la reforma a la Ley General de Salud, respecto de la creación del ya anunciado previamente Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). De las intenciones dichas en el discurso, se presume la de mantener a las personas sanas mediante redes integradas de servicios que se enfocarán a la atención primaria, sin restricciones a ninguna enfermedad.

Desde luego, también se hizo mención sobre los presupuestos que se destinarán para el fortalecimiento de los servicios, así como la garantía en la distribución de los medicamentos que se ofrecerán a las personas que no cuenten con seguridad social.

Bajo el supuesto de que la aprobación es ya inevitable, como ha ocurrido con otras leyes, ya se tienen algunos avances en la operatividad de los programas, destacándose, además, la importancia del Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS Bienestar), considerado como uno de los pilares para la aplicación del Plan; en este contexto, se resalta el trabajo de Centros de Atención Rural al Adolescente (CARA), cuyas funciones, ya en operación, están a cargo de jóvenes que realizan diferentes actividades orientadas a la prevención del embarazo, adicciones, violencia y promueven la alimentación saludable, entre otras tantas.

Desde luego, ante los hechos no se puede evitar el cuestionamiento sobre la responsabilidad de aquellas personas en quienes recaerán estas responsabilidades, cuando se hace referencia de que serán jóvenes los responsables de la ejecución de estos programas asistenciales, la duda es sobre sus capacidades, no puede siquiera suponerse que son jóvenes sin un perfil profesional, o simplemente son vecinos de las localidades donde operan estos centros de atención.

Bajo esta consideración, sin menosprecio de las buenas intenciones, debe señalarse la necesidad de orientar debidamente a la población usuaria de este tipo de servicios, para que sepan en las manos de quienes estarán la resolución de sus problemas. Por otro lado, también es imperioso señalar que la prevención de cualquier tema de la salud no puede hacerse con la ligereza de simples pláticas, por el contrario, se necesita la participación de profesionales en el ramo, en virtud de la magnitud de los fenómenos señalados.

En contrasentido al interés del gobierno federal en el cuidado de la salud, recientemente se anunció en el estado de Nuevo León, sustentado en la aprobación de su Congreso local, la Objeción de conciencia en la Ley de salud, cuyas implicaciones, en un principio, se refieren a la negativa del personal, dígase médicos y enfermeras, a prestar servicio a algunos grupos de personas entre los que se encuentran aquellos de la comunidad LGBTTTI, a mujeres con la necesidad de abortar, así como a migrantes e indígenas; esta objeción se sustenta, según la ley, sobre el otorgamiento a los profesionales de la salud, a rehusarse a brindar el servicio si éste es contrario a sus creencias personales, por motivos éticos o religiosos; de cualquier manera, si esto se llegara a consolidar, pudiendo extenderse a otros lugares, muchas personas quedarían expuestas a la negación de ser atendidos en sus necesidades si sus características se oponen a quienes se amparen bajo la posibilidad de la objeción de conciencia.

Con una postura menos rigurosa, más bien pretendiendo conciliar la propuesta surgida en el estado norteño, emitió un comunicado donde previene la posibilidad de que la reforma anunciada no debe convertirse en un impedimento para que todas las personas ejerzan plenamente su derecho a la salud.

Cuando gozamos de salud, fácilmente damos buenos consejos a los enfermos.

Tácito

En días pasados, el presidente de México anunció las acciones, mejor dicho, algunos de los objetivos inscritos dentro del Plan Nacional de Salud 2019-2024, anticipándose a la aprobación, por el Congreso, de la reforma a la Ley General de Salud, respecto de la creación del ya anunciado previamente Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). De las intenciones dichas en el discurso, se presume la de mantener a las personas sanas mediante redes integradas de servicios que se enfocarán a la atención primaria, sin restricciones a ninguna enfermedad.

Desde luego, también se hizo mención sobre los presupuestos que se destinarán para el fortalecimiento de los servicios, así como la garantía en la distribución de los medicamentos que se ofrecerán a las personas que no cuenten con seguridad social.

Bajo el supuesto de que la aprobación es ya inevitable, como ha ocurrido con otras leyes, ya se tienen algunos avances en la operatividad de los programas, destacándose, además, la importancia del Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS Bienestar), considerado como uno de los pilares para la aplicación del Plan; en este contexto, se resalta el trabajo de Centros de Atención Rural al Adolescente (CARA), cuyas funciones, ya en operación, están a cargo de jóvenes que realizan diferentes actividades orientadas a la prevención del embarazo, adicciones, violencia y promueven la alimentación saludable, entre otras tantas.

Desde luego, ante los hechos no se puede evitar el cuestionamiento sobre la responsabilidad de aquellas personas en quienes recaerán estas responsabilidades, cuando se hace referencia de que serán jóvenes los responsables de la ejecución de estos programas asistenciales, la duda es sobre sus capacidades, no puede siquiera suponerse que son jóvenes sin un perfil profesional, o simplemente son vecinos de las localidades donde operan estos centros de atención.

Bajo esta consideración, sin menosprecio de las buenas intenciones, debe señalarse la necesidad de orientar debidamente a la población usuaria de este tipo de servicios, para que sepan en las manos de quienes estarán la resolución de sus problemas. Por otro lado, también es imperioso señalar que la prevención de cualquier tema de la salud no puede hacerse con la ligereza de simples pláticas, por el contrario, se necesita la participación de profesionales en el ramo, en virtud de la magnitud de los fenómenos señalados.

En contrasentido al interés del gobierno federal en el cuidado de la salud, recientemente se anunció en el estado de Nuevo León, sustentado en la aprobación de su Congreso local, la Objeción de conciencia en la Ley de salud, cuyas implicaciones, en un principio, se refieren a la negativa del personal, dígase médicos y enfermeras, a prestar servicio a algunos grupos de personas entre los que se encuentran aquellos de la comunidad LGBTTTI, a mujeres con la necesidad de abortar, así como a migrantes e indígenas; esta objeción se sustenta, según la ley, sobre el otorgamiento a los profesionales de la salud, a rehusarse a brindar el servicio si éste es contrario a sus creencias personales, por motivos éticos o religiosos; de cualquier manera, si esto se llegara a consolidar, pudiendo extenderse a otros lugares, muchas personas quedarían expuestas a la negación de ser atendidos en sus necesidades si sus características se oponen a quienes se amparen bajo la posibilidad de la objeción de conciencia.

Con una postura menos rigurosa, más bien pretendiendo conciliar la propuesta surgida en el estado norteño, emitió un comunicado donde previene la posibilidad de que la reforma anunciada no debe convertirse en un impedimento para que todas las personas ejerzan plenamente su derecho a la salud.

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