/ viernes 9 de octubre de 2020

Anatomía de lo Social | Fideicomisos

Lo único que no cambia es que todo cambia.

Séneca

Visto desde una perspectiva particular, la medida impuesta para la desaparición de los fideicomisos resulta, en muchas de sus partes, exagerada, sin haber hecho una consideración real a las particulares características de cada uno de ellos, más allá de los argumentos sobre el "ahorro" de miles de millones de pesos; con ello, se han eliminado también las precarias condiciones en que se desarrollaban todas aquellas actividades vinculadas con la ciencia y la tecnología, aquellas sobre los apoyos -cuestionables- a quienes se han visto afectados por los desastres naturales, al igual aquellas con las vinculadas con el deporte y la salud, esta última, sujeta a un supuesto análisis sobre la posibilidad de reorientar los recursos a la institución que sea la encargada de asumir la responsabilidad de aplicar los recursos en beneficio de la colectividad.

Bajo estas consideraciones, en el proceso de aprobar por ley la propuesta del ejecutivo, no podían faltar los desencuentros entre los integrantes de la Cámara de Diputados, pues desde la inconformidad de los partidos de la "oposición" quienes han defendiendo a ultranza la postura sobre la presunta arbitrariedad de las "recomendaciones"; sin embargo, a pesar de señalarse que algunos fideicomisos no deberían de desaparecer, se estima entonces que aceptan tácitamente la desaparición de algunos de ellos, o quizá, también, sea en la búsqueda de cuidar algunos cotos de poder y de intereses personales como se acostumbraba en este tipo de casos.

Sin la pretensión de parecer muy pragmático, la argumentación de la eliminación de los fideicomisos, debería fundamentarse, en una primera instancia, sobre los intereses de la colectividad, separando las inconveniencias de la política, en el sentido de las inconformidades, cuando debería haber propuestas para mejorar, así como evidenciar a quienes, bajo el amparo de gobernantes y entes públicos, manejaron a su arbitrio los recursos económicos destinados para buenos fines, es decir, llenaron de corrupción sus operaciones, desviando y obsequiando el dinero del pueblo a malos funcionarios, quienes, nominalmente, mantenían a sujetos inescrupulosos que cobraban sin ejercer ninguna función.

Al parecer este fue el detonante, la corrupción con la que se manejaron los fideicomisos, que dio la pauta para modificar la ley y "recuperar" las cantidades dispuestas para el funcionamiento y apoyo en beneficio de la gente, según eran sus reglas de operación.

A pesar de las aparentes buenas intenciones, se puede suponer, evidentemente, que el dinero, se aplicará bajo otras condiciones, y será, como en otras ocasiones, la Secretaria de Hacienda, la encargada de su distribución y aplicación, obviamente, será una tarea extraordinaria para esta dependencia, consecuentemente, se burocratizará, todavía más, el despliegue de los recursos, con la base de nuevas normas para la operatividad.

Con todo esto y con la prisa por cambiar, se presumen confusiones, sobre todo, para quienes si cumplían con las tareas encomendadas y apoyadas por los fideicomisos, seguramente, como ha ocurrido en casos similares, cuando los apoyos dejan de entregarse, los beneficiarios, tendrán que buscar nuevas fuentes de financiamiento; muchas veces, hasta en el extranjero, por eso, como ejemplo, las fugas de cerebros y talentos deportivos, que prefieren nacionalizarse en otros países, o bien realizar sus investigaciones en el extranjero.

En el claroscuro de los comentarios, las inevitables desapariciones, deberían, antes de que esto ocurra, hacer las evaluaciones correspondientes, para determinar cuáles serían los fideicomisos que tienen que desaparecer, o en su caso, también sancionar a los abusivos insaciables de apropiarse del dinero ajeno, verbigracia, el fondo de ayuda para los desastres naturales, cuántas tragedias han ocurrido por terremotos, huracanes, incendios, y solo se ha podido observar, cuando los funcionarios llegan a los lugares dañados, encontrándose daños en viviendas, pérdidas materiales y humanas, sin que, en lo posterior, se pueda observar, la ayuda que debería ofrecerse a todos los damnificados.

Lo único que no cambia es que todo cambia.

Séneca

Visto desde una perspectiva particular, la medida impuesta para la desaparición de los fideicomisos resulta, en muchas de sus partes, exagerada, sin haber hecho una consideración real a las particulares características de cada uno de ellos, más allá de los argumentos sobre el "ahorro" de miles de millones de pesos; con ello, se han eliminado también las precarias condiciones en que se desarrollaban todas aquellas actividades vinculadas con la ciencia y la tecnología, aquellas sobre los apoyos -cuestionables- a quienes se han visto afectados por los desastres naturales, al igual aquellas con las vinculadas con el deporte y la salud, esta última, sujeta a un supuesto análisis sobre la posibilidad de reorientar los recursos a la institución que sea la encargada de asumir la responsabilidad de aplicar los recursos en beneficio de la colectividad.

Bajo estas consideraciones, en el proceso de aprobar por ley la propuesta del ejecutivo, no podían faltar los desencuentros entre los integrantes de la Cámara de Diputados, pues desde la inconformidad de los partidos de la "oposición" quienes han defendiendo a ultranza la postura sobre la presunta arbitrariedad de las "recomendaciones"; sin embargo, a pesar de señalarse que algunos fideicomisos no deberían de desaparecer, se estima entonces que aceptan tácitamente la desaparición de algunos de ellos, o quizá, también, sea en la búsqueda de cuidar algunos cotos de poder y de intereses personales como se acostumbraba en este tipo de casos.

Sin la pretensión de parecer muy pragmático, la argumentación de la eliminación de los fideicomisos, debería fundamentarse, en una primera instancia, sobre los intereses de la colectividad, separando las inconveniencias de la política, en el sentido de las inconformidades, cuando debería haber propuestas para mejorar, así como evidenciar a quienes, bajo el amparo de gobernantes y entes públicos, manejaron a su arbitrio los recursos económicos destinados para buenos fines, es decir, llenaron de corrupción sus operaciones, desviando y obsequiando el dinero del pueblo a malos funcionarios, quienes, nominalmente, mantenían a sujetos inescrupulosos que cobraban sin ejercer ninguna función.

Al parecer este fue el detonante, la corrupción con la que se manejaron los fideicomisos, que dio la pauta para modificar la ley y "recuperar" las cantidades dispuestas para el funcionamiento y apoyo en beneficio de la gente, según eran sus reglas de operación.

A pesar de las aparentes buenas intenciones, se puede suponer, evidentemente, que el dinero, se aplicará bajo otras condiciones, y será, como en otras ocasiones, la Secretaria de Hacienda, la encargada de su distribución y aplicación, obviamente, será una tarea extraordinaria para esta dependencia, consecuentemente, se burocratizará, todavía más, el despliegue de los recursos, con la base de nuevas normas para la operatividad.

Con todo esto y con la prisa por cambiar, se presumen confusiones, sobre todo, para quienes si cumplían con las tareas encomendadas y apoyadas por los fideicomisos, seguramente, como ha ocurrido en casos similares, cuando los apoyos dejan de entregarse, los beneficiarios, tendrán que buscar nuevas fuentes de financiamiento; muchas veces, hasta en el extranjero, por eso, como ejemplo, las fugas de cerebros y talentos deportivos, que prefieren nacionalizarse en otros países, o bien realizar sus investigaciones en el extranjero.

En el claroscuro de los comentarios, las inevitables desapariciones, deberían, antes de que esto ocurra, hacer las evaluaciones correspondientes, para determinar cuáles serían los fideicomisos que tienen que desaparecer, o en su caso, también sancionar a los abusivos insaciables de apropiarse del dinero ajeno, verbigracia, el fondo de ayuda para los desastres naturales, cuántas tragedias han ocurrido por terremotos, huracanes, incendios, y solo se ha podido observar, cuando los funcionarios llegan a los lugares dañados, encontrándose daños en viviendas, pérdidas materiales y humanas, sin que, en lo posterior, se pueda observar, la ayuda que debería ofrecerse a todos los damnificados.