/ viernes 12 de febrero de 2021

Anatomía de lo Social | ¿Justicia?

En la más sencilla de sus acepciones, darle a cada quien lo que le corresponde es el sinónimo de justicia; suponiéndose también su aplicación en independencia del papel que desempeñen las personas, es decir, no importa que sea para un encumbrado funcionario o el más modesto de los individuos; al final las resoluciones judiciales quedarán sujetas, en este caso, a la disposición de los inculpados.

Desde luego, esta es una interpretación muy rudimentaria, quizá hasta alejada de los principios elementales del derecho; lo cierto es que, hoy en día, la moda de resolver los problemas legales quedará sujeto a la colaboración de quienes ha sido declarados culpables por sus actos u omisiones en el desempeño de un cargo, particularmente de funcionarios o exfuncionarios públicos.

Aunque existen antecedentes para “defender” causas absurdas, así lo entiende la mayoría de la gente, la Ley Federal de Protección a Personas que Intervienen en un Procedimiento Penal, en vigencia desde 2012, pensada además en la posibilidad de descubrirse las malas artes de gobierno, hoy es el recurso utilizado para garantizar la libertad a quienes, en su momento, cometieron cualquier cantidad de abusos bajo el amparo de autoridades de mayor rango en el gobierno.

Entre todas las consecuencias acarreadas por esta singular forma de proceder, sobre el otorgamiento del perdón a quienes señalen a otros personajes vinculados en actos ilícitos, quedan las dudas sobre las sanciones aplicadas a los señalados, por ejemplo, donde están aquellos que el exsecretario de Pemex mencionó en sus declaraciones, o bien, cuáles serán las formas de devolución del dinero involucrado en las tranza-acciones de los corruptos señalados, o también, qué instancias serán las encargadas de recibir y designar la aplicación de esos dineros recuperados.

Desde luego, serán manejados con discreción para que no se despierten dudas, lo cierto, y más allá de tantas faramallas, el modelo de aplicación de justicia recién inaugurado por Emilio N. -para proteger sus derechos humanos-, abrió el camino para que todos aquellos con la posibilidad de verse inmiscuidos en este tipo de asuntos, se encuentren en la mejor disposición de colaborar con las instancias que ejercen la justicia en México, para alejarse de cualquier peligro que amenace no solo su libertad, sino además su integridad financiera, pues una cosa es lo que obtuvieron nominalmente y otra cosa es lo que realmente se adjudicaron.

Después de valorar la libertad, de esconderse en el manto protector de lo justo, Emilio N. será la punta de lanza para allanar el camino de otros “distinguidos” personajes que se encuentran en similitud de condiciones; tal es el caso de Alfonso N. y Rosario N., cuya voluntad es, del primero, devolver la modesta cantidad de 219 millones de dólares, por la compra, más que irregular, a Pemex de la planta de Agronitrogenados; por supuesto que también deberá señalar a otros involucrados en este asunto tan “destacado”.

De Rosario N., relacionada con la famosísima “estafa maestra”, también, al parecer, ha tomado sus providencias y se dice dispuesta a declararse culpable con la intención de recuperar su libertad, acogiéndose a la Ley de Protección; sin duda, sabias decisiones, pues, además, serán ejemplo para otros que, así se espera, se les señalen responsabilidades y culpabilidades para que le devuelvan al “pueblo” lo robado.

De los grandes beneficios que se aportarán en la aplicación de la justicia, será la posibilidad de que, en otros ámbitos donde la ley castigó a ladronzuelos menores, seguramente encontrarán la posibilidad de regresar lo que se robaron, para recuperar su libertad, aunque no sea solo dinero, sino otro tipo de especies, lo importante es que regresen a las autoridades lo obtenido ilegalmente para que puedan recobrar también su libertad.

Finalmente, la inauguración de un “nuevo” modelo para sancionar a los infractores de la ley quedará para la posteridad, prohibirá, tácitamente, caer en actos de corrupción. A partir de ahora, entonces, la vigilancia de las autoridades sobre cualquier supuesto ilícito permitirá la recuperación de todo lo mal habido, siendo ésta una nueva forma en la aplicación de la justicia.

En la más sencilla de sus acepciones, darle a cada quien lo que le corresponde es el sinónimo de justicia; suponiéndose también su aplicación en independencia del papel que desempeñen las personas, es decir, no importa que sea para un encumbrado funcionario o el más modesto de los individuos; al final las resoluciones judiciales quedarán sujetas, en este caso, a la disposición de los inculpados.

Desde luego, esta es una interpretación muy rudimentaria, quizá hasta alejada de los principios elementales del derecho; lo cierto es que, hoy en día, la moda de resolver los problemas legales quedará sujeto a la colaboración de quienes ha sido declarados culpables por sus actos u omisiones en el desempeño de un cargo, particularmente de funcionarios o exfuncionarios públicos.

Aunque existen antecedentes para “defender” causas absurdas, así lo entiende la mayoría de la gente, la Ley Federal de Protección a Personas que Intervienen en un Procedimiento Penal, en vigencia desde 2012, pensada además en la posibilidad de descubrirse las malas artes de gobierno, hoy es el recurso utilizado para garantizar la libertad a quienes, en su momento, cometieron cualquier cantidad de abusos bajo el amparo de autoridades de mayor rango en el gobierno.

Entre todas las consecuencias acarreadas por esta singular forma de proceder, sobre el otorgamiento del perdón a quienes señalen a otros personajes vinculados en actos ilícitos, quedan las dudas sobre las sanciones aplicadas a los señalados, por ejemplo, donde están aquellos que el exsecretario de Pemex mencionó en sus declaraciones, o bien, cuáles serán las formas de devolución del dinero involucrado en las tranza-acciones de los corruptos señalados, o también, qué instancias serán las encargadas de recibir y designar la aplicación de esos dineros recuperados.

Desde luego, serán manejados con discreción para que no se despierten dudas, lo cierto, y más allá de tantas faramallas, el modelo de aplicación de justicia recién inaugurado por Emilio N. -para proteger sus derechos humanos-, abrió el camino para que todos aquellos con la posibilidad de verse inmiscuidos en este tipo de asuntos, se encuentren en la mejor disposición de colaborar con las instancias que ejercen la justicia en México, para alejarse de cualquier peligro que amenace no solo su libertad, sino además su integridad financiera, pues una cosa es lo que obtuvieron nominalmente y otra cosa es lo que realmente se adjudicaron.

Después de valorar la libertad, de esconderse en el manto protector de lo justo, Emilio N. será la punta de lanza para allanar el camino de otros “distinguidos” personajes que se encuentran en similitud de condiciones; tal es el caso de Alfonso N. y Rosario N., cuya voluntad es, del primero, devolver la modesta cantidad de 219 millones de dólares, por la compra, más que irregular, a Pemex de la planta de Agronitrogenados; por supuesto que también deberá señalar a otros involucrados en este asunto tan “destacado”.

De Rosario N., relacionada con la famosísima “estafa maestra”, también, al parecer, ha tomado sus providencias y se dice dispuesta a declararse culpable con la intención de recuperar su libertad, acogiéndose a la Ley de Protección; sin duda, sabias decisiones, pues, además, serán ejemplo para otros que, así se espera, se les señalen responsabilidades y culpabilidades para que le devuelvan al “pueblo” lo robado.

De los grandes beneficios que se aportarán en la aplicación de la justicia, será la posibilidad de que, en otros ámbitos donde la ley castigó a ladronzuelos menores, seguramente encontrarán la posibilidad de regresar lo que se robaron, para recuperar su libertad, aunque no sea solo dinero, sino otro tipo de especies, lo importante es que regresen a las autoridades lo obtenido ilegalmente para que puedan recobrar también su libertad.

Finalmente, la inauguración de un “nuevo” modelo para sancionar a los infractores de la ley quedará para la posteridad, prohibirá, tácitamente, caer en actos de corrupción. A partir de ahora, entonces, la vigilancia de las autoridades sobre cualquier supuesto ilícito permitirá la recuperación de todo lo mal habido, siendo ésta una nueva forma en la aplicación de la justicia.