La salud del pueblo está en la supremacía de la ley.
Cicerón
De acuerdo con el interés del Gobierno para acabar con la corrupción y las licitaciones arbitrariamente designadas en la compra de medicamentos, se han diseñado una serie de estrategias para lograr, además, del control y la simplificación en las adquisiciones, para ello el involucramiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) permitirá, una vez que se definan los convenios pertinentes, efectuar las licitaciones en conjunto, mayor fiscalización y, sobre todo, lograr mejores precios en virtud de las compras en altas cantidades; desde luego, habrán de quedar de lado todas aquellas empresas que recibían sin “despeinarse” cantidades millonarias por ser intermediarios.
Desafortunadamente, justificando algunos procesos, se dice que esta nueva forma de enfrentar el problema del abasto de los medicamentos puede tener todavía algunos de esos viejos vicios anquilosados dentro del mismo sistema, es decir, los riesgos de encontrar casos de corrupción en el camino, sobre todo en la distribución de los mismos; es aquí donde las cosas toman un curso distinto, no por desinterés de las autoridades, sino por la incapacidad para tener una cobertura de vigilancia que permita a los demandantes de medicamentos tener la seguridad de que están pagando los justo en cualquier tipo de tratamiento.
De cualquier manera, entre el discurso, las buenas intenciones, el abatimiento a la corrupción, queda una asignatura pendiente, y es la referente a la comercialización, aquí es donde las cosas se vuelven muy complicadas, pues el precio arbitrario, fijado muchas veces por los expendedores, se convierte en un auténtico calvario para quienes tienen algún padecimiento, no se diga de algún familiar, cuya enfermedad queda sujeta a la sanación siempre y cuando se tenga el mucho dinero para pagar los costos de las recetas.
Con conocimiento de la causa, en estos días de la pandemia los medicamentos se han disparado en sus precios, dejando en la indefensión a los enfermos y sus familiares; en otro sentido, quienes tienen las posibilidades económicas para adquirir un medicamento se encuentran con la terrible noticia de que no lo hay en el mercado, bajo el argumento, por cierto con mucha ligereza, que sería posteriormente la posibilidad de comprarlo, siempre y cuando los laboratorios los surtan oportunamente.
Justamente es esta parte donde se requiere la presencia de las autoridades de Salud para autentificar si es cierta la existencia o no de un determinado medicamento; de igual manera, se puedan verificar los precios de los mismos, cuidando, en todo momento, la seguridad y la salud de las personas, desde luego, también cuidar el tabulador de precios, pues basta hacer un breve recorrido por algunas farmacias del estado para dar testimonio de lo dicho.
Esta es la preocupación primaria, la salud del pueblo, bajo la observación oportuna de las autoridades, no de la Profeco, donde las enfermedades pueden agravarse si se lleva a esa instancia, no por dudar de su eficiencia, sino por los procesos largos y tediosos.
Ojalá las autoridades de Salud puedan involucrarse para que se determinen, en estos tiempos, cuáles son los medicamentos más demandados y buscar las mejores formas para facilitar las compras y abastecimiento; como los que se están usando para tratar el asunto de la pandemia: Ivermectina, Montelukas, Aspirina Protec entre otros, ausentes en las farmacias o caros, por su aparente naturaleza.
Como quiera que sea, este asunto de salud pública tiene que ser una prioridad, más allá de las millonarias cantidades que habrán de invertirse en el siguiente año, donde la participación ciudadana también tiene un papel muy importante para que, en caso de detectar alguna o algunas anomalías, no se permita el lucro a expensas de la salud de las personas.
