/ viernes 5 de marzo de 2021

Anatomía de lo Social | Reforma

Nada necesita tanto una reforma como las costumbres ajenas

Mark Twain

Justificada, en términos constitucionales, la Reforma Energética impulsada por el presidente, con el aval de las legislaturas, se encuentra bajo el escrutinio de diferentes sectores, desde aquellos cuyos intereses económicos han sido trastocados, como de quienes argumentan que esta iniciativa, prácticamente ya en vigencia, ha sido utilizada como bandera para sustentar, en alguna de sus partes, las próximas contiendas electorales, esto es notable en sus bases argumentativas, reiteradas en diferentes discursos donde concurre gente selecta, convertidos en aplaudidores del sistema.

Por supuesto, ni siquiera como posibilidad de oposición, la autoridad gubernamental hace uso, como lo han hecho otros en tiempos pasados, de sus facultades ejecutivas para promover lo que al buen juicio pareciera un beneficio colectivo, además, si se aprovechan las palabras constantes sobre abatir la corrupción y, por supuesto, de utilizar a exfuncionarios públicos para evidenciar, justamente, sus propósitos, en acatamiento a los ofrecimientos cuando era candidato.

En este sentido, la retórica utilizada hace referencia de cuidar el patrimonio público, es decir, el presupuesto, por ser dinero del pueblo; en esta paráfrasis se agrega la postura de señalar que el interés de un servidor público debe ser, precisamente, el interés de los negocios públicos antes que los negocios privados; evidentemente, no se descartó la intención de mantener relaciones con empresas privadas en la realización de “nuevos” contratos, siempre y cuando se sometan a una revisión para que sean actualizados de acuerdo a una realidad económica; se acotó, además, que ahora los políticos ya no deben estar al servicio de las empresas, sino al servicio de las instituciones.

A pesar de pretender justificar la no intención de limitar las inversiones privadas, las reacciones, obvio, no se hicieron esperar, sobre todo las críticas de organizaciones extranjeras, en particular de Estados Unidos y de España, pues suponen un giro a las condiciones que operaban recientemente, convirtiéndolas en el principio de liberación del sector energético; aunque se le daría prioridad a la Comisión Federal de Electricidad en todo el mercado nacional.

Las buenas intenciones parecen descuidar, tal vez sin intención, la carencia de infraestructura suficiente para atender las demandas sociales, lo que seguramente obligará a permitir, otra vez, la inversión particular, con las ventajas de la liberación de los precios; de alguna manera, cuando se liberaron precios de los energéticos, dejados al arbitrio de los empresarios, se observaron deficiencias y, sobre todo, el aumento de los mismos, dejando a los consumidores en la indefensión, obligados a pagar precios impuestos y obligatorios.

Por otro lado, se puede percibir un interés político en relación a los inevitables tiempos electorales, en cuanto se destaca la preocupación de cuidar los recursos públicos, al ser dinero del pueblo; sobre todo la continuación de abatir la corrupción en todas las esferas de las instituciones y sus responsables.

Más allá de lo económico y político, así como de cualquier interés particular, queda la parte más sensible, donde queda incluida la gente común; pues si bien es cierto, se esperan grandes beneficios para las finanzas nacionales; asimismo, el cuidado de las buenas relaciones con los particulares; no se ha dicho cuáles serán los beneficios para los consumidores; pues si se hace una analogía, por ejemplo, respecto de la liberación de precios de la gasolinas, el precio al pueblo fluctúa entre los 19 y 21 pesos; en consecuencia, los beneficios para el pueblo, no han podido notarse; por lo tanto, en este caso, pareciera, todo quedará igual que otras tantas veces, solo en un membrete llamado reforma.

Nada necesita tanto una reforma como las costumbres ajenas

Mark Twain

Justificada, en términos constitucionales, la Reforma Energética impulsada por el presidente, con el aval de las legislaturas, se encuentra bajo el escrutinio de diferentes sectores, desde aquellos cuyos intereses económicos han sido trastocados, como de quienes argumentan que esta iniciativa, prácticamente ya en vigencia, ha sido utilizada como bandera para sustentar, en alguna de sus partes, las próximas contiendas electorales, esto es notable en sus bases argumentativas, reiteradas en diferentes discursos donde concurre gente selecta, convertidos en aplaudidores del sistema.

Por supuesto, ni siquiera como posibilidad de oposición, la autoridad gubernamental hace uso, como lo han hecho otros en tiempos pasados, de sus facultades ejecutivas para promover lo que al buen juicio pareciera un beneficio colectivo, además, si se aprovechan las palabras constantes sobre abatir la corrupción y, por supuesto, de utilizar a exfuncionarios públicos para evidenciar, justamente, sus propósitos, en acatamiento a los ofrecimientos cuando era candidato.

En este sentido, la retórica utilizada hace referencia de cuidar el patrimonio público, es decir, el presupuesto, por ser dinero del pueblo; en esta paráfrasis se agrega la postura de señalar que el interés de un servidor público debe ser, precisamente, el interés de los negocios públicos antes que los negocios privados; evidentemente, no se descartó la intención de mantener relaciones con empresas privadas en la realización de “nuevos” contratos, siempre y cuando se sometan a una revisión para que sean actualizados de acuerdo a una realidad económica; se acotó, además, que ahora los políticos ya no deben estar al servicio de las empresas, sino al servicio de las instituciones.

A pesar de pretender justificar la no intención de limitar las inversiones privadas, las reacciones, obvio, no se hicieron esperar, sobre todo las críticas de organizaciones extranjeras, en particular de Estados Unidos y de España, pues suponen un giro a las condiciones que operaban recientemente, convirtiéndolas en el principio de liberación del sector energético; aunque se le daría prioridad a la Comisión Federal de Electricidad en todo el mercado nacional.

Las buenas intenciones parecen descuidar, tal vez sin intención, la carencia de infraestructura suficiente para atender las demandas sociales, lo que seguramente obligará a permitir, otra vez, la inversión particular, con las ventajas de la liberación de los precios; de alguna manera, cuando se liberaron precios de los energéticos, dejados al arbitrio de los empresarios, se observaron deficiencias y, sobre todo, el aumento de los mismos, dejando a los consumidores en la indefensión, obligados a pagar precios impuestos y obligatorios.

Por otro lado, se puede percibir un interés político en relación a los inevitables tiempos electorales, en cuanto se destaca la preocupación de cuidar los recursos públicos, al ser dinero del pueblo; sobre todo la continuación de abatir la corrupción en todas las esferas de las instituciones y sus responsables.

Más allá de lo económico y político, así como de cualquier interés particular, queda la parte más sensible, donde queda incluida la gente común; pues si bien es cierto, se esperan grandes beneficios para las finanzas nacionales; asimismo, el cuidado de las buenas relaciones con los particulares; no se ha dicho cuáles serán los beneficios para los consumidores; pues si se hace una analogía, por ejemplo, respecto de la liberación de precios de la gasolinas, el precio al pueblo fluctúa entre los 19 y 21 pesos; en consecuencia, los beneficios para el pueblo, no han podido notarse; por lo tanto, en este caso, pareciera, todo quedará igual que otras tantas veces, solo en un membrete llamado reforma.