/ viernes 14 de agosto de 2020

Anatomía de lo Social | Salud y educación

Entre los derechos inalienables para los mexicanos se encuentran la salud y la educación, establecidos, obviamente, en la Constitución Política de México, razón fundamental para que las autoridades correspondientes definan con claridad cuáles son las posturas de cada una de ellas; para atender simultáneamente estas dos áreas, intrínsecamente consideradas en el desarrollo de la sociedad, sobre todo a partir del vínculo provocado por la presencia de la Covid 19, sin hacer a un lado, desde luego, que esto ha sido el principal condicionante en el diseño de las estrategias para enfrentar y resolver este atípico problema.

Bajo estas circunstancias, el inicio de las actividades escolares ha causado incertidumbre no solo entre los estudiantes, sino en toda la población que depende de este servicio institucionalizado de la educación. En este sentido, aunque ya existen algunos criterios basados en el famoso semáforo de advertencia para cuidarse de los contagios, no se percibe con objetividad la existencia de un calendario escolar exclusivo, como antaño, por la excesiva flexibilidad para delegar a cada estado del país sobre la decisión de aplicar su calendario de manera independiente.

Aunque en apariencia, por decirlo de alguna manera, se pudiera percibir una relación firme entre las Secretaria de Salud y la de Educación, solo se presuponen algunas indicaciones de la primera sobre la segunda, en relación al cuidado que debe tenerse, en cuanto pudiera darse el caso de tener clases presenciales; es decir, establecer con rigurosidad los protocolos de seguridad en el cuidado de la salud de los participantes o asistentes, a las instituciones educativas.

De alguna manera, para evitar las confusiones provocadas por la falta de información, es importante atender los comunicados de las instituciones, o en su caso, si fuera necesario, buscar el medio o la forma de acercamiento con los respectivos colegios y así se evitarán las dificultades de inicio de semestre o año lectivo, como se le quiera decir, ésta sería una recomendación especial para los estudiantes de nuevo ingreso en cualquiera de los niveles, desde el básico hasta el superior.

Más allá de las normas emitidas por estado, así como la independencia de las instituciones, no se deben soslayar los cuidados personales, manteniendo en todo momento, como lo ha dicho la SEP, “…una actitud y una disciplina basada en Yo cuido al otro, con el uso del cubrebocas obligatorio”. También se ha dejado en claro que cuando “las condiciones lo permitan y sean de seguridad para toda la sociedad y todas las restricciones sanitarias se haya levantado” se decidirá el regreso a las clases presenciales.

En otro orden de ideas, pero dentro del mismo contexto, el asunto del caos se manifiesta en otros aspectos involucrados indirectamente, en la reanudación de las actividades académicas, por ejemplo, en el asunto de la compra de uniformes y también de las aportaciones familiares, pues en esa parte, aunque pareciera fácil, siempre existen acuerdos y desacuerdos sobre la forma en que habrían de manejarse las instituciones, particularmente en estos momentos de crisis económica.

Solamente como para ilustrar lo dicho, basado en algunos comentarios de padres de familia, se manifiestan en el sentido de que no existe la necesidad de comprar uniformes si los estudiantes no tendrán clases presenciales, si presentara la oportunidad del regreso a las aulas, las autoridades deben de actuar con conciencia para esperar otro ciclo, apoyando la causa justa de ahorrar alguna cantidad de dinero que puede ocuparse para otras cosas.

Lo más preocupante es respecto de las “cuotas voluntarias” que se les exigen a los padres de familia para que el hijo, o los hijos, puedan inscribirse a las escuelas, aquí la confusión es mayor, primero cuando las autoridades federales niegan la obligatoriedad de estas aportaciones, por otro lado, en el estado se contradicen estos discursos, porque primero se asume un papel de cumplimiento y disciplina de acuerdo a las normas federales sobre prohibir las cuotas escolares, pero por otro lado, en plena contradicción, se le otorga a los comités de padres de familia, la posibilidad de cobrar, en algunos casos, cantidades que rebasan los mil pesos.

Entre los derechos inalienables para los mexicanos se encuentran la salud y la educación, establecidos, obviamente, en la Constitución Política de México, razón fundamental para que las autoridades correspondientes definan con claridad cuáles son las posturas de cada una de ellas; para atender simultáneamente estas dos áreas, intrínsecamente consideradas en el desarrollo de la sociedad, sobre todo a partir del vínculo provocado por la presencia de la Covid 19, sin hacer a un lado, desde luego, que esto ha sido el principal condicionante en el diseño de las estrategias para enfrentar y resolver este atípico problema.

Bajo estas circunstancias, el inicio de las actividades escolares ha causado incertidumbre no solo entre los estudiantes, sino en toda la población que depende de este servicio institucionalizado de la educación. En este sentido, aunque ya existen algunos criterios basados en el famoso semáforo de advertencia para cuidarse de los contagios, no se percibe con objetividad la existencia de un calendario escolar exclusivo, como antaño, por la excesiva flexibilidad para delegar a cada estado del país sobre la decisión de aplicar su calendario de manera independiente.

Aunque en apariencia, por decirlo de alguna manera, se pudiera percibir una relación firme entre las Secretaria de Salud y la de Educación, solo se presuponen algunas indicaciones de la primera sobre la segunda, en relación al cuidado que debe tenerse, en cuanto pudiera darse el caso de tener clases presenciales; es decir, establecer con rigurosidad los protocolos de seguridad en el cuidado de la salud de los participantes o asistentes, a las instituciones educativas.

De alguna manera, para evitar las confusiones provocadas por la falta de información, es importante atender los comunicados de las instituciones, o en su caso, si fuera necesario, buscar el medio o la forma de acercamiento con los respectivos colegios y así se evitarán las dificultades de inicio de semestre o año lectivo, como se le quiera decir, ésta sería una recomendación especial para los estudiantes de nuevo ingreso en cualquiera de los niveles, desde el básico hasta el superior.

Más allá de las normas emitidas por estado, así como la independencia de las instituciones, no se deben soslayar los cuidados personales, manteniendo en todo momento, como lo ha dicho la SEP, “…una actitud y una disciplina basada en Yo cuido al otro, con el uso del cubrebocas obligatorio”. También se ha dejado en claro que cuando “las condiciones lo permitan y sean de seguridad para toda la sociedad y todas las restricciones sanitarias se haya levantado” se decidirá el regreso a las clases presenciales.

En otro orden de ideas, pero dentro del mismo contexto, el asunto del caos se manifiesta en otros aspectos involucrados indirectamente, en la reanudación de las actividades académicas, por ejemplo, en el asunto de la compra de uniformes y también de las aportaciones familiares, pues en esa parte, aunque pareciera fácil, siempre existen acuerdos y desacuerdos sobre la forma en que habrían de manejarse las instituciones, particularmente en estos momentos de crisis económica.

Solamente como para ilustrar lo dicho, basado en algunos comentarios de padres de familia, se manifiestan en el sentido de que no existe la necesidad de comprar uniformes si los estudiantes no tendrán clases presenciales, si presentara la oportunidad del regreso a las aulas, las autoridades deben de actuar con conciencia para esperar otro ciclo, apoyando la causa justa de ahorrar alguna cantidad de dinero que puede ocuparse para otras cosas.

Lo más preocupante es respecto de las “cuotas voluntarias” que se les exigen a los padres de familia para que el hijo, o los hijos, puedan inscribirse a las escuelas, aquí la confusión es mayor, primero cuando las autoridades federales niegan la obligatoriedad de estas aportaciones, por otro lado, en el estado se contradicen estos discursos, porque primero se asume un papel de cumplimiento y disciplina de acuerdo a las normas federales sobre prohibir las cuotas escolares, pero por otro lado, en plena contradicción, se le otorga a los comités de padres de familia, la posibilidad de cobrar, en algunos casos, cantidades que rebasan los mil pesos.