/ miércoles 12 de junio de 2019

ANTIPODAS

La hoguera de las vanidades

Justicia es el hábito de dar a cada quien lo suyo

Domicio Ulpiano

  • La pugna pueril por el control del poder judicial y la escisión en bandos, nada tiene que ver con un diferendo de visión en el paradigma de impartición de justicia.

Fue a mediados del siglo XVIII cuando el filósofo Montesquieu desarrolló su famosa Teoría de la Separación de los Poderes del Estado, en la que sostiene que “la distribución jurídica de las funciones ejecutiva, legislativa y judicial, es la que podrá limitar el uso arbitrario del poder y salvaguardar la libertad y los derechos de los ciudadanos”.El mundo medieval venía de experimentar el régimen de las monarquías absolutistas, en donde el ejercicio del poder se concentraba en una sola persona. El monarca intervenía todos los aspectos de la vida de los ciudadanos, y era tal el exceso que derivaba en muchos casos en tiranías despóticas que generaban violencia, opresión y pobreza.

Es con la caída de Luis XVI en Francia, cuando se comienza a instaurar en el mundo el modelo de república democrática, que emplea precisamente el modelo de Montesquieu.

En nuestro país, la experiencia republicana ha tenido vaivenes producto de luchas intestinas por el poder, fundamentalmente desde la independencia hasta la etapa posrevolucionaria; sin embargo, en el marco de la división de poderes, es quizás el Poder Judicial, el que mayor tradición, abolengo, linaje y estirpe ha acumulado, desde su incrustación en la Constitución de 1824, desde donde han transcurrido 195 años de construir una reputación bastante aceptable.

Esas buenas cartas en general del Poder Judicial, se deben desde mi punto de vista, a que, en la mayoría de los casos, se ha mantenido alejado de los reflectores, de los escándalos, de la disputa pedestre por el poder interior; desde Miguel Domínguez, Andrés Quintana Roo o Ignacio Luis Vallarta, ha existido una importante sepa de destacados juristas mexicanos.

En Tlaxcala, la existencia del Poder Judicial tiene su antecedente en el Estatuto de 1849; posteriormente es en 1857 dentro del primer texto constitucional del Estado reconocido como tal, donde se incluye la división de poderes; no obstante, es hasta 1868 cuando se integra el primer Supremo Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, donde los primeros ministros fueron Miguel Rodríguez, Felipe Covarrubias y Manuel L. Bermejo; a lo largo de este siglo y medio de presencia republicana, la máxima instancia judicial en la entidad ha tenido un crecimiento importante y jugado un papel relevante en la organización social y política del estado.

Pero a pesar de ello, desde que se han producido las alternancias, de 1998 con Sánchez Anaya a la fecha, la nominación de los Magistrados se ha convertido en una especie de pasarela de amiguismos y compadrazgos que privilegian el compromiso político, y no necesariamente tienen que ver con el perfil o la trayectoria judicial de los postulantes, salvo honrosas excepciones claro. Ha sido de tal dimensión el manoseo perpetrado en la escena legislativa para tratar de complacer al Gobernador en turno, que el Poder Judicial ha ido sacrificando paulatinamente su prosapia jurídica para ponderar un estandarte político.

Lo ocurrido en las últimas semanas en el Poder Judicial de Tlaxcala es de llamar la atención, porque precisamente expresa con contundencia, el efecto del manoseo al que hago alusión. La pugna pueril por el control del poder judicial y la escisión en bandos, nada tiene que ver con un diferendo de visión en el paradigma de impartición de justicia, no se trata de una diferencia de dogma jurídico entre liberales o conservadores, nada de eso, todo queda tristemente reducido a la intervención de la nómina, espacios y posiciones.

Esa no es la cuna de la justicia a la que aspiramos los tlaxcaltecas, Tlaxcala no merece una hoguera de vanidades exacerbadas, lo que se requiere es un Poder comprometido con la impartición pronta y expedita de la Ley, que enaltezca y recupere la prosapia de Domínguez y Vallarta, e incluso haga sentir orgullosos a Rodríguez o Bermejo, por el bien de Tlaxcala, por el bien del estado de derecho, por el bien de la república.


La hoguera de las vanidades

Justicia es el hábito de dar a cada quien lo suyo

Domicio Ulpiano

  • La pugna pueril por el control del poder judicial y la escisión en bandos, nada tiene que ver con un diferendo de visión en el paradigma de impartición de justicia.

Fue a mediados del siglo XVIII cuando el filósofo Montesquieu desarrolló su famosa Teoría de la Separación de los Poderes del Estado, en la que sostiene que “la distribución jurídica de las funciones ejecutiva, legislativa y judicial, es la que podrá limitar el uso arbitrario del poder y salvaguardar la libertad y los derechos de los ciudadanos”.El mundo medieval venía de experimentar el régimen de las monarquías absolutistas, en donde el ejercicio del poder se concentraba en una sola persona. El monarca intervenía todos los aspectos de la vida de los ciudadanos, y era tal el exceso que derivaba en muchos casos en tiranías despóticas que generaban violencia, opresión y pobreza.

Es con la caída de Luis XVI en Francia, cuando se comienza a instaurar en el mundo el modelo de república democrática, que emplea precisamente el modelo de Montesquieu.

En nuestro país, la experiencia republicana ha tenido vaivenes producto de luchas intestinas por el poder, fundamentalmente desde la independencia hasta la etapa posrevolucionaria; sin embargo, en el marco de la división de poderes, es quizás el Poder Judicial, el que mayor tradición, abolengo, linaje y estirpe ha acumulado, desde su incrustación en la Constitución de 1824, desde donde han transcurrido 195 años de construir una reputación bastante aceptable.

Esas buenas cartas en general del Poder Judicial, se deben desde mi punto de vista, a que, en la mayoría de los casos, se ha mantenido alejado de los reflectores, de los escándalos, de la disputa pedestre por el poder interior; desde Miguel Domínguez, Andrés Quintana Roo o Ignacio Luis Vallarta, ha existido una importante sepa de destacados juristas mexicanos.

En Tlaxcala, la existencia del Poder Judicial tiene su antecedente en el Estatuto de 1849; posteriormente es en 1857 dentro del primer texto constitucional del Estado reconocido como tal, donde se incluye la división de poderes; no obstante, es hasta 1868 cuando se integra el primer Supremo Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, donde los primeros ministros fueron Miguel Rodríguez, Felipe Covarrubias y Manuel L. Bermejo; a lo largo de este siglo y medio de presencia republicana, la máxima instancia judicial en la entidad ha tenido un crecimiento importante y jugado un papel relevante en la organización social y política del estado.

Pero a pesar de ello, desde que se han producido las alternancias, de 1998 con Sánchez Anaya a la fecha, la nominación de los Magistrados se ha convertido en una especie de pasarela de amiguismos y compadrazgos que privilegian el compromiso político, y no necesariamente tienen que ver con el perfil o la trayectoria judicial de los postulantes, salvo honrosas excepciones claro. Ha sido de tal dimensión el manoseo perpetrado en la escena legislativa para tratar de complacer al Gobernador en turno, que el Poder Judicial ha ido sacrificando paulatinamente su prosapia jurídica para ponderar un estandarte político.

Lo ocurrido en las últimas semanas en el Poder Judicial de Tlaxcala es de llamar la atención, porque precisamente expresa con contundencia, el efecto del manoseo al que hago alusión. La pugna pueril por el control del poder judicial y la escisión en bandos, nada tiene que ver con un diferendo de visión en el paradigma de impartición de justicia, no se trata de una diferencia de dogma jurídico entre liberales o conservadores, nada de eso, todo queda tristemente reducido a la intervención de la nómina, espacios y posiciones.

Esa no es la cuna de la justicia a la que aspiramos los tlaxcaltecas, Tlaxcala no merece una hoguera de vanidades exacerbadas, lo que se requiere es un Poder comprometido con la impartición pronta y expedita de la Ley, que enaltezca y recupere la prosapia de Domínguez y Vallarta, e incluso haga sentir orgullosos a Rodríguez o Bermejo, por el bien de Tlaxcala, por el bien del estado de derecho, por el bien de la república.