No solo hay que indignarse hace falta también comprometerse
Stéphane Hessel
Mas allá de la definición o interpretación particular del concepto, la austeridad presupone limitaciones respecto de la sencillez o moderación propia de una persona en su forma de vivir; en otro sentido, llevándolo a los contextos institucionales, se le puede entender en su relación al manejo de los recursos públicos. Por lo tanto, desde cualquier perspectiva, se puede entender, además, como el cumplimiento cabal en la aplicación de los recursos públicos, así como del comportamiento ético de sus operadores, sin omitir a quienes los aplican; luego entonces, cualquier individuo, sea funcionario o no, tiene la responsabilidad de actuar conforme a los principios y valores necesarios como base fundamental para el buen funcionamiento en sus obligaciones, en consecuencia su buen proceder le otorgará beneficios personales y, por supuesto, grandes beneficios para nuestro país.
La austeridad en estos momentos se aplica principalmente a la reducción, en términos de dinero, de los salarios de servidores públicos, así como de los presupuestos innecesarios, debiendo los ocupantes de cualquier cargo actuar con un alto compromiso ético y hacer una gestión limitada de los recursos, renunciando al beneficio personal, dígase enriquecimiento ilícito, y atendiendo las demandas y necesidades de la sociedad.
Como una bandera para conquistar conciencias, se utilizó el termino de austeridad republicana para convencer sobre el interés de los próximos gobernantes de eliminar gastos superfluos, así como los elevadísimos salarios de muchos funcionarios de primer nivel, entre los que se encuentran los ministros de la Suprema Corte de Justicia, quienes reciben mensualmente cantidades aberrantes para el pueblo por sus limitadas actividades en contrasentido a sus ingresos; se acabaron, bajo este criterio de austeridad, el derroche y los despilfarros, cuando menos así lo dicta el discurso, faltará su cumplimiento.
No podían faltar los “irreverentes”, quienes ya han salido a justificar sus importantes quehaceres, asegurando que sus ingresos son en retribución justa a al ejercicio de sus funciones, como lo expresara el ministro presidente de la SCJN en un evento realizado en la Residencia Oficial de Los Pinos para celebrar el Día del Abogado, argumentando que “las remuneraciones, bonos, compensaciones y demás prestaciones sirven para que ustedes, los jueces, puedan hacer su trabajo de manera correcta eficiente y sin preocupaciones”.
Con este ejemplo se ilustra perfectamente la enorme desigualdad en la que viven millones de mexicanos situados en condiciones muy desfavorables; verbigracia, los médicos tienen la alta responsabilidad de cuidar la salud de las personas y muchas veces la vida de las mismas, padeciendo noches de desvelo y distanciamiento con sus familias; sin embargo, a pesar de su alta responsabilidad no se les retribuye con las exageradas cantidades que reciben los ministros ya mencionados; ellos merecen se les den las garantías, no solo salariales, para que puedan vivir con decoro y sin opulencias. Y qué decir de los maestros, encargados de formar sujetos con las capacidades necesarias para enfrentar las difíciles condiciones por las que se atraviesan actualmente, ellos también merecen un salario digno de acuerdo con sus capacidades y tareas; son ellos, justamente, los forjadores del futuro de los ciudadanos, cualquier persona ha transitado por las aulas de una escuela, recibiendo las enseñanzas que hoy les permiten o les han permitido cambiar sus antiguas formas de vivir por otras mejores; por eso también los maestros deben recibir una justa paga.
En situaciones semejantes no cabe duda que el merecimiento de un salario justo, todos lo merecen, pues todos tiene una responsabilidad por cumplir, desde el burócrata de buen hasta el más modesto trabajador; eso es justicia para todos y no solo para unos cuantos. La propuesta, surgida desde el interior de un partido hoy ganador, debe consolidarse, la reducción en el costo de la administración pública traerá grandes beneficios para la colectividad; la austeridad, bajo este criterio, se enfoca especialmente a la disminución del gasto corriente, pero de aquel que no es prioritario para la administración pública, esto quiere decir que no se afectarían los programas sociales y los servicios públicos, tampoco la inversión en la infraestructura, asegurando que esto puede ayudar a impulsar la economía del país.
Siguiendo en ese mismo tenor, la austeridad también incluye, por reclamo social, el evitar gastos superfluos, como el tan magnificado asunto del avión presidencial, las compras de vehículos para los funcionarios de primer nivel, la eliminación de las prerrogativas a diputados y senadores, ya declarado por uno de los próximos legisladores; el no aumento a los impuestos dada la situación actual de estancamiento económico y, por supuesto, como ya se dijo líneas arriba, la reducción presupuestal al Poder Judicial, en especial a los elevados salarios de sus ministros.
Aunque para muchos pudiera parecer una decisión autoritaria, otros defienden la postura de acabar con las deficiencias burocratizadas del pago de salarios, es decir, el recorte de la nómina de la clase burocrática de primer nivel le abonara grandes beneficios a las finanzas nacionales; como consecuencia se podrá cumplir, así se espera, con las muchas promesas de campaña. En términos numéricos, según datos de la Secretaria de Hacienda, en el sexenio que esta por terminar, la burocracia federal le habrá costado a la nación alrededor de 6 billones 500 mil millones de pesos, sin incluir lo que los altos mandos reciben de las partidas secretas entre los que se cuentan sueldos, sobresueldos, bonos, viáticos y otros atribuidos a la nómina de honorarios, donde también se consideran costos muy abultados.
Aunque no será fácil esta empresa, por lo menos en el papel y el discurso presume buenas intenciones, e implícitamente puede revelarse el ataque a la multi-mencionada corrupción, se acabarán los excesos, el derroche de recursos, los gastos para pagar negligencias de funcionarios, y las “rasuradas” a los presupuestos por parte de los operarios de los mismos, cuestiones que en la actualidad mantienen al país en una severa crisis.
Como es notable hasta aquí, todo queda en buenas intenciones hasta en tanto no se lleven a la práctica; pero, además, no solo puede quedarse en recortes, cambios y ajustes en los presupuestos, sino de igual manera debe pensarse en la exigencia para todos aquellos que próximamente ocuparan un cargo público, para que actúen, en el ejercicio de sus funciones, bajo estrictos principios morales en sus encomiendas y se ajusten a las condiciones establecidas, todo con el propósito de entregar buenas cuentas y resultados a la sociedad mexicana.
