Exigencia y posibilidades de la participación ciudadana

Los resultados de las recientes elecciones abren la puerta para la ampliación y el fortalecimiento de la participación democrática de los ciudadanos mexicanos, participación ganada con el voto mayoritario para el partido del candidato a la presidencia de la república triunfador; participación que debe afirmarse con todas las formas posibles para concurrir con el gobierno en la elaboración y evaluación de las políticas públicas.

Al respecto, resulta pertinente consignar las ideas sobresalientes del artículo “La participación ciudadana en México”, publicado por Azucena Serrano Rodríguez en la revista de la UNAM: Estudios Políticos, num. 34 (enero-abril de 2015).

La democracia -indica la autora- es una forma de organización social que atribuye la titularidad del poder al conjunto de la sociedad; sin embargo, para que el pueblo ejerza verdaderamente ese poder… es necesario que los ciudadanos tomen parte en las cuestiones públicas, pues “con la supervisión a nuestros gobernantes impediremos que tomen decisiones en función de sus intereses particulares, y evitaremos la corrupción, el fraude, los sobornos y otras prácticas deshonestas.”

FORMAS DE PARTICIPACIÓN EN LOS ASUNTOS PÚBLICOS

Serrano Rodríguez cita a la investigadora María Teresa Villarreal Martínez, quien señala que la participación ciudadana no se limita al voto, sino que existen múltiples formas de tomar parte en los asuntos públicos, entre ellas la participación social, la participación comunitaria, la participación política y la mencionada participación ciudadana, formas que describe de la siguiente manera:

*En la participación social los individuos se asocian para defender sus intereses, donde el Estado no es el principal interlocutor, sino otras instituciones sociales.

*En la participación comunitaria los individuos se organizan para enfrentar adversidades o lograr mayor bienestar mediante acciones de autoayuda, en las que del Estado solo se espera apoyo asistencial.

*En la participación política, los ciudadanos se involucran en los partidos políticos, las cámaras de diputados y senadores, los ayuntamientos, así como en manifestaciones, paros y huelgas.

*En la participación ciudadana la sociedad se vincula directamente con el Estado mediante los mecanismos de la democracia directa: la iniciativa de ley, el referéndum, el plebiscito, la consulta ciudadana, así como la revocación del mandato y la cooperación vecinal en la prestación de servicios o en la elaboración de políticas públicas.

REQUISITOS PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

En un régimen democrático –argumenta Serrano Rodríguez- la participación ciudadana no aparece mágicamente, sino el Estado debe crear las condiciones necesarias que hagan posible su existencia, tales condiciones son:

*Respeto a las garantías individuales. Para que la ciudadanía pueda tener injerencia sobre el Estado el gobierno debe respetar la libertad, la seguridad, la igualdad y la propiedad.

*Marcos jurídicos y canales institucionales. Es indispensable que las autoridades promuevan la aprobación de leyes y la creación de canales institucionales que regulen la participación ciudadana. El marco jurídico obliga a los integrantes de los órganos de gobierno a incluir a la sociedad en las diversas acciones que realizan, pero la legislación resulta inoperante si no existen las instituciones que posibiliten la aplicación de las normas.

*Información. La información, entendida como transparencia y rendición de cuentas, es un elemento fundamental para que la sociedad conozca los programas de gobierno y ejerza sus derechos de escrutinio y evaluación del desempeño de los servicios públicos. La información implica la libertad de los medios de comunicación, porque la ciudadanía necesita conocer lo que ocurre en su alrededor con el fin de tomar decisiones.

*Confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas. Cuando no hay confianza es porque el gobierno no está realizando sus funciones correctamente o la población percibe que está trabajando para favorecer a sectores privilegiados.

BASE JURÍDICA E INSTITUCIONAL

Para el año 2008 -refiere la autora del artículo que se comenta- 17 estados de la república (53%) contaban con una ley de participación ciudadana y 15 (47%) no la tenían. De los 17 estados con ley de participación ciudadana, todos contaban con las figuras del plebiscito y del referéndum; 16 con iniciativa popular; siete con consulta ciudadana; cinco con colaboración ciudadana; cuatro con difusión pública; cinco con audiencia pública; tres con recorridos del presidente municipal o jefe delegacional; uno con asamblea ciudadana; dos con revocación de mandato y uno con rendición de cuentas.

En el estado de Tlaxcala la Ley de Consulta Ciudadana fue expedida por el Congreso el 15 de mayo del 2006 y reformada en el 2009. El Artículo 2 señala que “Para los efectos de esta Ley se entiende por participación y consulta ciudadana el proceso por el cual los órganos de gobierno requieren la opinión y participación de los ciudadanos, por medio de los mecanismos que esta ley establece, con la finalidad de sustentar socialmente la toma de decisiones en materia de formación de leyes y de políticas públicas” y el Artículo 3 indica que “Los procesos de participación y consulta ciudadana se realizarán conforme a los mecanismos específicos siguientes: I. Iniciativa Popular; II. Consulta Popular; III. Plebiscito; IV. Referéndum y V. Voz Ciudadana en el Cabildo.”

REDUCIDA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Actualmente -apunta Azucena Serrano Rodríguez- se cuenta con un marco jurídico que regula la injerencia de los actores privados en las políticas gubernamentales y muchos canales institucionales y esto se ha logrado gracias al interés de las autoridades por incluir la participación ciudadana en su gestión, aunque, “si bien existe un número de personas que participan activamente en los asuntos públicos, hay una cantidad mucho mayor que no está interesada en tales cuestiones.”

En el caso de las iniciativas ciudadanas de leyes, por ejemplo, solo ha habido dos exitosas, una, la Ley para la Prevención de la Trata de Personas para el Estado de Tlaxcala, en la que la Iglesia jugó un papel importante, y otra, en Jalisco: la ley contra la violencia intrafamiliar; aunque ha habido varias iniciativas más, algunas por incompletas no han tenido el mismo final que las anteriores.

Por lo que toca a los referéndums y plebiscitos, en la mayoría de los casos estos se realizan por iniciativa de los gobiernos locales y no de los ciudadanos.

La Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP) realizada en 2012 corroboró la reducida participación de los ciudadanos y su poco interés en los asuntos públicos, pues el 84% de la población dijo estar poco o nada interesado en la política, el 62% contestó estar poco interesado en los problemas de sus comunidad; el 71% expresó que nunca ha asistido a reuniones con objeto resolver los problemas del barrio, la colonia o la comunidad y el 79% nunca ha participado en manifestaciones a favor o en contra del gobierno.

¿A qué se debe el bajo índice de injerencia por parte de los ciudadanos en las cuestiones públicas?

En opinión de la autora del artículo comentado, de las cuatro condiciones para la existencia de la participación ciudadana, si bien en México se ha dado un paso muy significativo en cuanto a la existencia de marcos jurídicos y canales institucionales que regulen tal participación, todavía existen problemas con el intercambio de información, con la violación de las garantías individuales y con la confianza que tienen los ciudadanos hacia las instituciones políticas.

Es de esperarse que la próxima estructura gubernamental, dada la votación que recibio, promueva las acciones necesarias para aumentar considerablemente el número de ciudadanos que participen activamente en la elaboración y evaluación de las políticas públicas.