Las administraciones públicas federal, estatales y municipales ¿obsoletas?

Aunque desde antes del triunfo generalizado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en las últimas elecciones para presidente de la Republica, congreso federal, congresos locales y algunas gubernaturas y presidencias municipales, ya había manifestaciones ostensibles de que en las correspondientes administraciones públicas se desbordaba la obesidad, la corrupción y la ineficiencia, la derrota de los partidos mayoritarios en votaciones anteriores y el anuncio de las modificaciones que realizará el titular de la próxima gestión gubernamental federal, cimbró hasta sus cimientos las estructuras de las organizaciones administrativas federal, estatales y municipales, de modo que tendrán que estar muy alertas para adoptar con rapidez las decisiones necesarias a fin de adaptarse oportunamente al nuevo régimen que, en los hechos, ya ha empezado a operar.

DEUDA: INDICADOR INOBJETABLE DE EFICACIA ADMINISTRATIVA

Un indicador de la forma en que los gobiernos han administrado los asuntos de su competencia, se manifiesta en la deuda pública que, de una u otra manera, finalmente paga el pueblo de México.

Datos oficiales dan cuenta de que, al concluir el primer cuatrimestre del año en curso, la deuda del sector público federal sumó 10 billones de pesos en números redondos, de modo que, al prorratearla por habitante, creció de aproximadamente 10 mil pesos en el año 2000 a cerca de 83 mil al cierre de abril pasado.

Como es de suponer, la aplicación de recursos presupuestarios para el pago de intereses es enorme: solo de enero a abril de este año se erogaron con tal propósito más de 130 mil millones de pesos, 20 por ciento más de los 107 mil millones destinados a la Secretaría de Educación Pública y más del 300 por ciento por encima de los 41 mil millones otorgados a la Secretaría de Salud.

Las finanzas estatales no están mejor, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), las nueve entidades con gobernadores salientes: Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán, dejan un total de deuda acumulada de 203 mil 900 millones de pesos.

Por otra parte, según la cuenta pública, en 2017 los estados han quedado a deber la comprobación de 3 mil 912 millones de pesos de recursos federales de los programas Prospera, Fortalece y Seguro Popular. La Auditoría Superior de la Federación (ASF), a su vez, informó a la Cámara de Diputados, que Michoacán, estado de México, Baja California y Tamaulipas, son las entidades con mayor número de acciones promovidas en materia sancionatoria debido a recursos o rendimientos financieros no ejercidos, no devengados o no reintegrados a la tesorería; bienes adquiridos no localizados o sin operar y servicios no realizados.

Por lo que hace a los municipios, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) informó recientemente que, en los últimos 10 años, su deuda pública “se ha incrementado en 93.6 por ciento a tasa real, al alcanzar los 51 mil 112 millones de pesos al primer trimestre de 2018, lo que se traduce en una tasa de crecimiento media anual de 6.8 por ciento.”

El citado órgano de apoyo al trabajo legislativo de la Cámara de Diputados apuntó que: “el saldo de las obligaciones financieras de los municipios por tipo de acreedor se distribuye como sigue: 24 mil 472 millones de pesos (47.9 por ciento) provienen de la banca múltiple; 22 mil 943 millones de pesos (44.9 por ciento) de la banca de desarrollo; mil 423 millones de pesos (2.8 por ciento) de emisiones bursátiles y dos mil 274 millones de pesos (4.4 por ciento) se originan en otros conceptos como fideicomisos.

“Los municipios más endeudados y cuya deuda supera los mil millones de pesos al primer trimestre de 2018 –señala el CEFP- son: Tijuana, Baja California; Guadalajara, Jalisco; Monterrey, Nuevo León; Hermosillo, Sonora; León, Guanajuato; Benito Juárez, Quintana Roo; Mexicali, Baja California; y Zapopan, Jalisco.”

HACIA LA REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

Ante el indiscutible panorama de obesidad e ineficiencia en la administración pública federal, el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció los lineamientos y detalló las acciones que se llevarán a cabo en su administración para adelgazar la estructura de la administración pública, como parte de un plan de combate a la corrupción para que haya “austeridad republicana”.

Entre las decisiones anunciadas se encuentran las siguientes: la reforma del artículo 108 de la constitución para que el presidente de la república en funciones puede ser juzgado por delitos de corrupción; el recorte del salario del presidente de la república y de altos funcionarios, así como la eliminación de la pensión a los ex presidentes; una Fiscalía General con absoluta autonomía que no recibirá consignas del presidente de la República; la creación de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Guardia Nacional; la reducción del personal de confianza y la disminución de los salarios de los altos funcionarios; la reubicación de las secretarías y el nombramiento de coordinadores estatales de programas de desarrollo; la concentración de compras; la eliminación de estructuras y programas duplicados, oficialías mayores, oficinas de prensa y de publicaciones, etc.

En Tlaxcala, el pasado jueves 5 de julio, apenas cuatro días posteriores a las elecciones, el gobernador Marco Mena convocó a funcionarios de los tres niveles de gobierno para comunicarles su mensaje en relación a lo que denominó “un nuevo mapa político en el país”. Partió de la premisa de que “reconocer las transformaciones de la realidad es función primordial de buen gobierno” y, en función de ello, delineo la estrategia necesaria para la adaptación con éxito a las nuevas condiciones que se presentan en la relación del gobierno estatal con el federal. Rasgos medulares de tal estrategia son los siguientes:

“Vamos a aprovechar este momento histórico para México para hacer de Tlaxcala un lugar de reconocimiento al mérito. Reconocimiento a la capacidad personal y familiar de luchar por la vida. Con dignidad y respeto a uno mismo y a todos.

“Se necesita ajustar la forma de organización, el modo de trabajo y la ejecución del acto de gobierno. Debemos entender que esto es producto de las nuevas circunstancias del país, que exigen actuar con mayor rapidez y más apremio.

“Vamos a modificar de tajo el modo de trabajo. Reorganizaremos el gobierno en forma práctica, para facilitar las tareas entre las dependencias y ser más eficaces. El gobierno funcionará a base de proyectos y tareas muy concretas, de modo que no haya dispersión de responsabilidades ni tardanzas.

“Estoy estableciendo, formalmente, a partir del día de hoy, Grupos Ejecutivos de Trabajo, con misiones claras y específicas, con plazos de cumplimiento definidos. Estos Grupos Ejecutivos de Trabajo están integrados por titulares de dependencias y funcionarios de diverso orden jerárquico. Los cuales presidiré yo, personalmente.

“Déjenme darles un ejemplo. El nuevo Hospital General de Tlaxcala está asignado como responsabilidad efectiva al Grupo Ejecutivo de Proyectos Especiales de Obra Pública. En este se encuentran las dependencias responsables de los procesos administrativos, permisos y requisitos legales, exigencias médicas, así como financiamiento y construcción. En este caso, la licitación del proyecto se publicará en los próximos días.

“Otro ejemplo. Se comprarán 200 patrullas para fortalecer la estrategia de seguridad pública. Esta tarea está asignada al Grupo Ejecutivo de Trabajo de Desarrollo Policial y Equipamiento de Seguridad. La licitación estará lista este mes y las patrullas estarán en servicio en septiembre. Un proceso con transparencia y prontitud.

“Tengan muy claro –sería absurdo negar que, en algunos, causa incertidumbre, quizá hasta ansiedad—, que habrá un genuino encadenamiento de nuestro trabajo con el nuevo Gobierno Federal que asumirá el próximo primero de diciembre.

“Se los digo claramente, no tengan ninguna duda respecto a que el Gobierno del Estado de Tlaxcala se insertará con éxito, con eficacia y respeto mutuo al trabajo de la administración del próximo Gobierno Federal. Eso es lo que va a suceder. Tenemos que construirlo desde ahora. Lo estamos ya haciendo. Vamos a facilitar la relación entidad federativa – Gobierno Federal.

Del mensaje gubernamental se colige que, tanto en el ámbito federal, como en el estatal y aún en el municipal, será necesario realizar previamente la actualización de las leyes que den sustento jurídico a las nuevas formas de organización y funcionamiento de las estructuras administrativas de los nuevos tiempos políticos. Arduo trabajo para el nuevo congreso local, sin duda.