¿Hacia una radical reforma estructural de la función pública federal?

De los numerosos anuncios que ha hecho el virtual presidente electo de la república sobre las decisiones que adoptará su gobierno para solucionar los principales problemas nacionales, sobresalen los relacionados con la profunda reforma estructural que hará de la función pública federal.

En cuanta ocasión tiene, Andrés Manuel López Obrador, reitera los lineamientos y detalla las acciones que se llevarán a cabo en su administración para combatir la corrupción y para que haya “austeridad republicana”.

DIAGNÓSTICO Y PROYECCIÓN DE LA BUROCRACIA FEDERAL

La función pública, en su esencia, suele definirse como “el conjunto de actividades concretas de interés público que desarrollan las instituciones del estado mediante sus diferentes organismos públicos”, como “la actividad desarrollada por un órgano del estado, encaminada a cumplir con sus atribuciones o fines”, o bien, como “toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona en nombre del Estado o al servicio de este o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos”.

El próximo primer mandatario de la nación ha dicho que emprenderá cambios para adelgazar la estructura de la administración pública, como parte de un plan de austeridad que incluye reducir salarios de funcionarios de alto rango, lo mismo que fusiones de oficinas y dependencias.

Así, el presidente de la república ganará menos de la mitad de lo que recibe el actual titular del ejecutivo federal, sin ningún tipo de compensaciones; se eliminarán las pensiones a expresidentes y se bajarán los sueldos de los altos funcionarios públicos a la mitad; no habrá bonos, el salario será integral según la Constitución y ningún funcionario podrá ganar más que el presidente de la república.

Será necesario llevar a cabo los cambios en leyes, reglamentos, decretos o acuerdos para ajustar la estructura administrativa del gobierno al Plan de Austeridad Republicana, que implicará fusionar áreas, eliminar subsecretarías, direcciones y otros organismos, así como reagrupar a los servidores públicos sindicalizados, sin despidos de trabajadores de base.

Sólo tendrán secretarios particulares los secretarios del Gabinete, se reducirá la estructura de trabajadores y empleados de confianza en un 70 por ciento del gasto de operación y no se autorizará la contratación de despachos para elaborar proyectos de ley o cualquier tipo de análisis y recomendaciones que puedan hacerse con el trabajo y capacidad profesional de los servidores públicos.

Se cancelarán fideicomisos y cualquier otro mecanismo utilizado para ocultar fondos públicos y evadir la legalidad y la transparencia.

Se suprimirán todas las estructuras y programas duplicados, oficialías mayores, oficinas de prensa, de publicaciones, jurídicas y de compras, cuyas funciones se centralizarán en una sola unidad dependiente de la secretaria de que se trate.

El Estado Mayor Presidencial se incorporará a la Secretaría de la Defensa y se ocupará en tareas de protección de espacios públicos y enE la seguridad de los mexicanos.

Se creará nuevamente la Secretaría de Seguridad Pública y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) -cuyo propósito es generar inteligencia estratégica, táctica y operativa, que permita preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, así como dar sustento a la gobernabilidad y fortalecer al Estado de Derecho- cambiará de nombre y adscripción.

Entre las modificaciones anunciadas por el próximo presidente de México destacan la reestructuración de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la conversión de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en Secretaría de Bienestar; en la primera, como parte de la reingeniería se eliminará la Subsecretaría de Desarrollo Agrario que se fusionará con la de Ordenamiento Territorial y se conservará la de Desarrollo Urbano y Vivienda y, por lo que hace a la segunda, entre sus objetivos tendrá impulsar 25 programas estratégicos en distintas regiones del país para reactivar 100 millones de hectáreas de propiedad social.

DECISIONES ESTRATÉGICAS

Dos anuncios más complementan el abigarrado panorama de cambios que impulsará el nuevo gobierno federal para adaptar la estructura administrativa federal con el fin de dar cumplimiento a sus compromisos electorales, ellos son el nombramiento de coordinadores estatales de programas de desarrollo, los cuales sustituirán a los delegados estatales de la dependencias federales, por una parte, y, por otra, la descentralización de las secretarías de estado y otros organismos federales, “para que todo el territorio nacional pueda crecer parejo, pues no es justo ni recomendable que la inversión pública o la inversión privada se concentren solo en algunas regiones del país”.

En el primer caso, el próximo presidente de México busca reducir la burocracia constituida por los delegados federales, que en algunos estados llegan a ser más de veinte y que serán sustituidos por una sola figura de coordinación, aunque en la praxis esta ya se viene realizando a través del Delegado de la Secretaría de Gobernación. Al dar a conocer los nombres de los 32 coordinadores estatales que tendrán a su cargo vigilar los programas federales de desarrollo, AMLO resaltó la fortaleza que dará esta medida al gobierno de la República: “con una mayor presencia de éste y, sobre todo, un mayor orden operativo y financiero”.

En el segundo caso, otra de las prioridades de López Obrador, a partir del 1 de diciembre, será la descentralización de gran parte de las secretarías de Estado y dependencias federales, las únicas secretarías que tendrán su sede en la Ciudad de México, por asuntos de seguridad nacional, serán las de la Defensa, Marina, Gobernación, Relaciones Exteriores y Hacienda. El planteamiento medular del próximo titular del ejecutivo federal es que la descentralización “promueva el desarrollo en todo el territorio nacional, a fin de estar en mejores condiciones de enfrentar el reto de la vulnerabilidad de la Ciudad de México ante sismos y problemas de abasto de agua y otros servicios”.

REQUISITOS PARA EL BUEN FIN DE LA TAREA

Como ya se indicó, será necesario llevar a cabo los cambios en leyes, reglamentos, decretos o acuerdos para ajustar la estructura administrativa del gobierno al Plan de Austeridad Republicana, pero también será indispensable estimar los costos de los traslados, los acuerdos con las autoridades locales, estatales y municipales con el fin de coordinar la ubicación y los servicios requeridos para el asentamiento de instalaciones y personal en sus respectivos territorios; los costos y financiamientos de los traslados implicarán cuidadosos cálculos y asignaciones de responsabilidades; innumerables serán los diálogos para convencer y compensar a los trabajadores y habitantes foráneos cuyos intereses resulten afectados. En fin, como se ha previsto, por su complejidad los cambios no se realizarán ni fácilmente, ni pronto, implican tiempo, dinero y una concienzuda planeación que garantice el buen éxito de los propósitos comprometidos.

Si bien en la magna hazaña político-administrativa -que se vislumbra con base en los datos arriba anotados- participarán miles de voluntades –en pro y en contra- indudablemente su buen éxito dependerá del liderazgo que lo promueva, los beneficios que proporcione por encima de los costos financieros y sociales y, muy especialmente, de la preparación técnica de quien estará a cargo del diseño, ejecución y evaluación del gran proyecto.

Al respecto, cabe mencionar que la titular de la Secretaría de la Función Pública, dependencia en la que recaerá buena parte de la responsabilidad por los resultados, será Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, que cuenta con muy amplia preparación académica pues es licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, con maestrías en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (UNAM) y en Ciencia Política por la Universidad de California, y doctora en Ciencia Política por la Universidad de California.

Su experiencia laboral: investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM; miembro del Sistema Nacional de Investigadores; directora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia de la UNAM; experta en temas de fiscalización, corrupción, transparencia, leyes de acceso a la información y rendición de cuentas; directora de la Revista Quórum; coordinadora de Investigaciones del Instituto de Investigaciones Legislativas de la Cámara de Diputados y consultora para el Banco Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD) y el Open Society Institute.