/ lunes 16 de abril de 2018

Condiciones favorables para las elecciones

La semana pasada, el Gobierno del Estado y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) signaron un convenio de colaboración para poner en marcha el programa de trabajo en materia de capacitación, difusión, divulgación e intercambio de información para prevenir delitos electorales.

El gobernador Marco Mena, y el titular de la Fepade, Héctor Díaz Santana, encabezaron el acto protocolario que puso sobre la mesa la necesidad de que todos los actores políticos y sociales asuman su responsabilidad en este proceso electoral, con el propósito de que se desarrolle en un clima de convivencia, pero, sobre todo, de ejercicio de los derechos ciudadanos.

El Convenio para la Difusión y Prevención de Delitos Electorales y la Carta Compromiso para el Blindaje Electoral son instrumentos importantes, porque reconocen el carácter profesional de las instituciones electorales, y al mismo tiempo, representan el compromiso de generar un clima de respeto y confianza en sus decisiones.

Por un lado, se buscará inhibir los actos que impliquen un manejo inadecuado de los recursos públicos en el contexto de las campañas, y por otro, establecer una línea de actuación de “cero tolerancia” respecto a la eventual detección del uso de los recursos públicos con fines político-electorales.

Es así que, en un marco de responsabilidad institucional, la Fepade trabajará en coordinación con el Gobierno del Estado como un aliado estratégico para lograr la celebración de las elecciones el 1 de julio, en un clima de calma que anime la participación ciudadana.

Evidentemente, la organización y adecuada conducción del proceso electoral exige la cooperación de instancias como el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, el Instituto Nacional Electoral, y el Tribunal Electoral del Estado, así como de la propia Fepade y el gobierno estatal.

Sin embargo, es preciso que partidos y candidatos también asuman la parte que les corresponde, para que su actuación se ciña a la ley y contribuya al fortalecimiento de las diferentes instancias, al igual que los ciudadanos, cuya libre manifestación se posibilita mediante su participación informada.

Tras el arranque de las campañas, candidatos de las coaliciones “Por México al Frente” y “Juntos haremos historia” han hecho pronunciamientos públicos para solicitar a los gobiernos estatal y federal que no metan las manos en el proceso electoral. Lamentablemente, lo que parece un simple llamado ocioso, en realidad, acumula una importante carga política, porque plantea una idea de supuestas trampas que, en los hechos, carecen de evidencia.

Es fundamental que los participantes en la contienda electoral no minen la credibilidad de las autoridades y la confianza de la ciudadanía con expresiones perversas que buscan distorsionar la percepción de los electores. Esta forma de corrupción, que lastima a la política, es la que contribuye al deterioro de la confiabilidad de las instituciones.

Por supuesto, si un servidor público incurre en un delito, no solo debe ser denunciado, sino castigado. Pero a nadie conviene hacer acusaciones sin pruebas, o peor aún, dar por sentado que diversas faltas se cometerán bajo la lógica simplona de que “así es siempre”.

No. Candidatos y partidos están llamados a prestigiar a la política, cumpliendo sus estatutos partidarios y las normas electorales, y a ser congruentes y maduros en el triunfo y en la derrota, para construir un ambiente de paz social en los momentos electorales, y posteriormente, lograr que avance la forma en que los gobiernos conviven con la población.

La semana pasada, el Gobierno del Estado y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) signaron un convenio de colaboración para poner en marcha el programa de trabajo en materia de capacitación, difusión, divulgación e intercambio de información para prevenir delitos electorales.

El gobernador Marco Mena, y el titular de la Fepade, Héctor Díaz Santana, encabezaron el acto protocolario que puso sobre la mesa la necesidad de que todos los actores políticos y sociales asuman su responsabilidad en este proceso electoral, con el propósito de que se desarrolle en un clima de convivencia, pero, sobre todo, de ejercicio de los derechos ciudadanos.

El Convenio para la Difusión y Prevención de Delitos Electorales y la Carta Compromiso para el Blindaje Electoral son instrumentos importantes, porque reconocen el carácter profesional de las instituciones electorales, y al mismo tiempo, representan el compromiso de generar un clima de respeto y confianza en sus decisiones.

Por un lado, se buscará inhibir los actos que impliquen un manejo inadecuado de los recursos públicos en el contexto de las campañas, y por otro, establecer una línea de actuación de “cero tolerancia” respecto a la eventual detección del uso de los recursos públicos con fines político-electorales.

Es así que, en un marco de responsabilidad institucional, la Fepade trabajará en coordinación con el Gobierno del Estado como un aliado estratégico para lograr la celebración de las elecciones el 1 de julio, en un clima de calma que anime la participación ciudadana.

Evidentemente, la organización y adecuada conducción del proceso electoral exige la cooperación de instancias como el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, el Instituto Nacional Electoral, y el Tribunal Electoral del Estado, así como de la propia Fepade y el gobierno estatal.

Sin embargo, es preciso que partidos y candidatos también asuman la parte que les corresponde, para que su actuación se ciña a la ley y contribuya al fortalecimiento de las diferentes instancias, al igual que los ciudadanos, cuya libre manifestación se posibilita mediante su participación informada.

Tras el arranque de las campañas, candidatos de las coaliciones “Por México al Frente” y “Juntos haremos historia” han hecho pronunciamientos públicos para solicitar a los gobiernos estatal y federal que no metan las manos en el proceso electoral. Lamentablemente, lo que parece un simple llamado ocioso, en realidad, acumula una importante carga política, porque plantea una idea de supuestas trampas que, en los hechos, carecen de evidencia.

Es fundamental que los participantes en la contienda electoral no minen la credibilidad de las autoridades y la confianza de la ciudadanía con expresiones perversas que buscan distorsionar la percepción de los electores. Esta forma de corrupción, que lastima a la política, es la que contribuye al deterioro de la confiabilidad de las instituciones.

Por supuesto, si un servidor público incurre en un delito, no solo debe ser denunciado, sino castigado. Pero a nadie conviene hacer acusaciones sin pruebas, o peor aún, dar por sentado que diversas faltas se cometerán bajo la lógica simplona de que “así es siempre”.

No. Candidatos y partidos están llamados a prestigiar a la política, cumpliendo sus estatutos partidarios y las normas electorales, y a ser congruentes y maduros en el triunfo y en la derrota, para construir un ambiente de paz social en los momentos electorales, y posteriormente, lograr que avance la forma en que los gobiernos conviven con la población.

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