/ viernes 21 de agosto de 2020

Corrupción e impunidad

Es increíble el grado de corrupción realizada por funcionarios que han ejercido el poder público, hoy y siempre el pueblo hace justicia con el propósito de poner coto en el futuro para que no se vuelvan a cometer actos en contra de los intereses populares.

El caso de la concesión del puerto de Veracruz por cien años a empresas extranjeras, es sorprendente. ¿Cómo es posible que se enajene por un Siglo un bien público? ¿Cómo fue posible que concesionaran un Puerto emblemático para todo el Continente, porque es el primer puerto fundado hace más de 500 años? Con tantos hechos indebidos cometidos por los grupos políticos en el poder público y ¿quién sabe cuántos más estén ocultos bajo el escrutinio del nuevo gobierno?

El pueblo se pregunta cómo el sistema político que ha estado ejerciendo el poder permita tanto latrocinio que se ha cometido a plena luz del día, como el caso del gobernador de Chihuahua, el que se apropió con el erario del pueblo, ranchos y otros bienes inmuebles; siendo que estos recursos deben aplicarse para subsanar las necesidades que tiene la ciudadanía.

Otro presunto delincuente más señalado que fue director de la industria mexicana llevada a la quiebra y que históricamente costó mucho dinero al pueblo mexicano para rescatar la riqueza del “oro negro” que se encontraba en manos extranjeras. Hoy cínicamente el señor Lozoya exhibe las formas utilizadas para distribuir millones de pesos para comprar votos, venciendo con recursos económicos a voluntades (del pueblo), para votar una maléfica ley.

El pueblo mexicano debe aprovechar las circunstancias políticas que ofrece el poder legislativo, para hacer justicia sin que ello se confunda con venganza política. Está claro que existen evidencias que justifican un juicio con fundamento legal.

Por primera vez los hechos delictivos cometidos por exfuncionarios deben ser dados a conocer en forma clara y precisa y ser castigados con rigor. Otra preocupación popular es el insano proceder de jueces en la aplicación de la ley. La corrupción no solo se da externamente, también a la fecha existe dentro de la oficialidad tomando como ejemplo la libertad que se otorgó a los delincuentes (caso Guanajuato). Debiera haber por parte de la Institución Legislativa, una purga para limpiar de su seno a jueces venales que no permiten que la ley proceda por la vía enunciada por la propia ley.

La nación requiere de una sociedad sana desde el punto de vista ético, por ello es necesario que la ciudadanía coopere con los programas que establece el gobierno, con el propósito de construir lo más rápido posible un estado de derecho como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hasta adquirir la equidad y el respeto ciudadano.

Actualmente ha emergido la corrupción que han ejercido los propios gobiernos en detrimento de la nación, como es el caso reciente que se ha dado a conocer con la enajenación de la renta del puerto de Veracruz cuya administración se encuentra en manos extranjeras con un contrato ilegal. Los recursos económicos que deja a la administración extranjera debieran ser recibidos para engrosar el erario nacional. Se debe considerar al puerto de Veracruz como uno de los más importantes de la América Latina por lo que desde el punto de vista legal ese puerto marítimo de más de un kilómetro debe ser aprovechado en forma nacional. Existe el criterio en el sentido que este bien nacional, cedido el usufructo a extranjeros sea recuperado por el gobierno mexicano mediante las leyes que amparan el derecho a el área donde esta erigido el puerto histórico de Veracruz, además sean castigados penalmente a los que incurrieron en el delito de concesionar una obra importantísima de México.

Al igual que se solicita el castigo penal de estos personajes que permitieron deshacerse de bienes nacionales cuyos derechos solo corresponden a los mexicanos. Hay otros casos para investigar, como el de los hoteles construidos en diversas playas de los estados: Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo y todos los demás a la rivera de nuestros litorales, además de la venta de varias áreas naturales protegidas a extranjeros sin considerar las leyes e federales.

Es increíble el grado de corrupción realizada por funcionarios que han ejercido el poder público, hoy y siempre el pueblo hace justicia con el propósito de poner coto en el futuro para que no se vuelvan a cometer actos en contra de los intereses populares.

El caso de la concesión del puerto de Veracruz por cien años a empresas extranjeras, es sorprendente. ¿Cómo es posible que se enajene por un Siglo un bien público? ¿Cómo fue posible que concesionaran un Puerto emblemático para todo el Continente, porque es el primer puerto fundado hace más de 500 años? Con tantos hechos indebidos cometidos por los grupos políticos en el poder público y ¿quién sabe cuántos más estén ocultos bajo el escrutinio del nuevo gobierno?

El pueblo se pregunta cómo el sistema político que ha estado ejerciendo el poder permita tanto latrocinio que se ha cometido a plena luz del día, como el caso del gobernador de Chihuahua, el que se apropió con el erario del pueblo, ranchos y otros bienes inmuebles; siendo que estos recursos deben aplicarse para subsanar las necesidades que tiene la ciudadanía.

Otro presunto delincuente más señalado que fue director de la industria mexicana llevada a la quiebra y que históricamente costó mucho dinero al pueblo mexicano para rescatar la riqueza del “oro negro” que se encontraba en manos extranjeras. Hoy cínicamente el señor Lozoya exhibe las formas utilizadas para distribuir millones de pesos para comprar votos, venciendo con recursos económicos a voluntades (del pueblo), para votar una maléfica ley.

El pueblo mexicano debe aprovechar las circunstancias políticas que ofrece el poder legislativo, para hacer justicia sin que ello se confunda con venganza política. Está claro que existen evidencias que justifican un juicio con fundamento legal.

Por primera vez los hechos delictivos cometidos por exfuncionarios deben ser dados a conocer en forma clara y precisa y ser castigados con rigor. Otra preocupación popular es el insano proceder de jueces en la aplicación de la ley. La corrupción no solo se da externamente, también a la fecha existe dentro de la oficialidad tomando como ejemplo la libertad que se otorgó a los delincuentes (caso Guanajuato). Debiera haber por parte de la Institución Legislativa, una purga para limpiar de su seno a jueces venales que no permiten que la ley proceda por la vía enunciada por la propia ley.

La nación requiere de una sociedad sana desde el punto de vista ético, por ello es necesario que la ciudadanía coopere con los programas que establece el gobierno, con el propósito de construir lo más rápido posible un estado de derecho como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hasta adquirir la equidad y el respeto ciudadano.

Actualmente ha emergido la corrupción que han ejercido los propios gobiernos en detrimento de la nación, como es el caso reciente que se ha dado a conocer con la enajenación de la renta del puerto de Veracruz cuya administración se encuentra en manos extranjeras con un contrato ilegal. Los recursos económicos que deja a la administración extranjera debieran ser recibidos para engrosar el erario nacional. Se debe considerar al puerto de Veracruz como uno de los más importantes de la América Latina por lo que desde el punto de vista legal ese puerto marítimo de más de un kilómetro debe ser aprovechado en forma nacional. Existe el criterio en el sentido que este bien nacional, cedido el usufructo a extranjeros sea recuperado por el gobierno mexicano mediante las leyes que amparan el derecho a el área donde esta erigido el puerto histórico de Veracruz, además sean castigados penalmente a los que incurrieron en el delito de concesionar una obra importantísima de México.

Al igual que se solicita el castigo penal de estos personajes que permitieron deshacerse de bienes nacionales cuyos derechos solo corresponden a los mexicanos. Hay otros casos para investigar, como el de los hoteles construidos en diversas playas de los estados: Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo y todos los demás a la rivera de nuestros litorales, además de la venta de varias áreas naturales protegidas a extranjeros sin considerar las leyes e federales.

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