De acuerdo con cifras oficiales del Secretariado de Seguridad Pública nacional, en 8 de los primeros 9 meses de 2020 los presuntos delitos de violencia familiar han crecido y exhiben una, al parecer, irremediable tendencia al alza. Hasta septiembre, 163,868 mujeres han denunciado haber sido víctimas de agresiones allí donde debieran estar más seguras: en sus hogares y, han sido agredidas por quienes debieran amarlas más: sus parejas o familiares varones.
Las cifras no representan solo números, son vidas; es terror de irse a dormir y no despertar viva, es dolor de no poder vivir en paz y con alegría, es zozobra de que el más mínimo detalle desate la furia de quienes creen que, por ser hombres, tienen derecho de someterlas, subordinarlas y violentarlas.
El Estado mexicano en su conjunto cierra los ojos a la otra pandemia: la violencia contra las mujeres. Se habla, se escriben ríos de tinta pero no se actúa. Sigue México sin establecer un programa nacional o inclusive programas locales de prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres
La democracia exige ciudadanía plena para las mujeres violentadas y no solo las que sufren golpes, sino las violentadas psicológicamente, quienes viven subordinadas y sumisas por necesidad económica, las que políticamente tienen que sufrir y trabajar el triple que sus pares hombres, todas ellas tienen una ciudadanía acotada; viven una libertad restringida. México no será auténticamente democrático sin la ciudadanía plena de mujeres y hombres por igual, pero tampoco sin la seguridad y crecimiento pleno e integral de sus niñas, niños y adolescentes.
¿Hasta cuándo alcaldes, gobernadores y el Ejecutivo federal abrirán los ojos a la urgente necesidad de diseñar planes para garantizar a las mujeres su derecho a vivir sin violencia?
Un plan eficiente de atención a este flagelo pasa por identificar los factores de riesgo, fundamentalemente creados y sostenidos socioculturalmente y que dictan los modelos de masculinidad y feminidad estereotipadas y sexistas, es decir, se requiere reeducar a la sociedad en su conjunto. A la par de lo anterior, es indispensable fomentar la presencia de factores de protección en todos los ámbitos: insistir en que las mujeres detecten las conductas violentas en etapas tempranas, que los hombres tengan acceso a programas de reeducación, que les enseñe a resolver conflictos de manera pacífica a través de la buena gestión de emociones; y, que los sistemas judicial, de seguridad pública, educativo y de salud, por mencionar solo unos cuantos, ejerzan su actividad con conocimiento del fenómeno de la violencia y la mejor manera de actuar para prevenirla o detenerla. Esas acciones verdaderamente pueden hacer un cambio en nuestra sociedad, pero es difícil si quien debe iniciarlas no tiene conocimiento y mucho menos compromiso con las mujeres.
¿Cuándo actuaremos?
El Estado mexicano en su conjunto cierra los ojos a la otra pandemia: la violencia contra las mujeres. Se habla, se escriben ríos de tinta pero no se actúa. Sigue México sin establecer un programa nacional o inclusive programas locales de prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres
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