La pobreza es el precedente de la revolución y el crimen
Aristóteles
Durante la medición de la pobreza en México, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) ha evidenciado que de 2006 a 2018 el porcentaje de población en situación de pobreza disminuyó 2.5 puntos porcentuales, es decir, durante este periodo hubo menos pobres a una tasa anual media de 0.24 puntos. En 2018 nuestro país contabilizaba 61 millones de pobres.
Razón suficiente para continuar midiendo la pobreza particularmente después de El Gran Confinamiento y del cambio de estafeta en los programas sociales del bienestar que iniciaron durante el nuevo periodo de gobierno 2018-2024. Entre otras cosas, por la obligada necesidad de buscar evidencia firme para que no se reviertan los avances obtenidos en México hasta 2018.
En este sentido, el año pasado el CONEVAL proyectó que la pandemia traería como consecuencia que más de diez millones de mexicanos pasarían de pobreza, a pobreza extrema durante 2020. Además de que poco más de cuatro millones de connacionales descenderían de la clase media hacia la pobreza.
Durante esta semana el Coneval presentó el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2020, de ahí se desprenden evidencias: una buena, una mala y una triste. La buena es que se confirma que el CONEVAL exageró el año pasado en sus proyecciones, pues la cifra quedó entre 8.9 y 9.8 millones de personas en situación de pobreza por ingreso. Es decir, hoy en México contabilizamos poco más de 70 millones de pobres.
La mala es que, en tanto, será hasta agosto de 2021 cuando serán publicadas las cifras de la medición de la pobreza nacional durante el periodo 2018 – 2020. Lo triste de ello es que, para entonces ya habremos votado.
Y hablando de víctimas…
“Somos víctimas irremediables de todo lo que ocurre más de una vez.” Quino
Ya son doscientos veintiocho días desde que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) se quedó acéfala por la renuncia de su titular en junio de 2020, y sin fondos por la extinción del fideicomiso que operaba para resarcir el daño a los familiares de las víctimas, prácticamente sus oficinas se encontraban sin actividad.
Sin embargo, desde hace más de quince días volvieron a moverse las oficinas de este organismo con la llegada del Director General de Vinculación Interinstitucional y del Director General de Administración y Finanzas, ambos, de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la SeGob. Quienes han empezado a operar y evaluar las actividades de la CEAV. Para algunos esto podría ser una clave para pensar que ha llegado el momento de reactivar los esfuerzos del Estado mexicano para definir y aplicar política pública; para asumir responsabilidad y poner en marcha los programas y las acciones para la protección, ayuda, asistencia, atención, defensa de los derechos humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas.
Sin embargo, ante el debate que se ha suscitado por la postura del Ejecutivo en torno a los Organismos Constitucionales Autónomos, y las políticas de austeridad republicana impulsada por la actual administración, caben dos posibilidades y una evidencia para esta institución que se creó con el objetivo de ser el organismo operador del Sistema Nacional de Atención a Víctimas.
La primera posibilidad es que, la llegada de estos dos funcionarios de Gobernación presagia el hecho de que este organismo será de los primeros en ser absorbidos en su totalidad por la administración pública. La segunda posibilidad es que, los dados ya están cargados ante la terna enviada al Senado de la República por el presidente en el mes de diciembre para elegir al nuevo titular de la CEAV. Y la evidencia es que, una cosa es lo que se dice, y otra muy diferente a lo que se hace con dos emisarios.
En este caso, lo cierto no es la ya incertidumbre con la que viven los funcionarios y los burócratas de la CEAV ante la embestida de Gobernación, si no que este organismo pasó de resarcir el daño a víctimas; a ser una víctima directa de las políticas de austeridad y entendimiento limitado sobre las transformaciones institucionales que requiere el país. Al tiempo.
