Ante la importancia y complejidad del tema de seguridad para nuestro país, les propongo, a mis escasos lectores, presentar en siete entregas el resumen de la propuesta del nuevo gobierno y la resistencia de algunas organizaciones sociales a que la guardia nacional dependa del secretario de Defensa, deseo ganarme su confianza en su detallada exposición.
El presidente electo, Andrés López Obrador, presentó su propuesta titulada Plan Nacional de Paz y Seguridad para el período 2018-2024, destacando ocho ejes, que son: 1.- Erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia, 2.- Garantizar empleo, educación, salud y bienestar, 3.- Pleno respeto a los derechos humanos, 4.- Regeneración ética de la sociedad, 5.- Reformular el combate a las drogas. 6.-Construcción de la paz, 7.- Recuperación y dignificación, 8.- El plan de seguridad pública.
El objetivo estratégico es devolver la paz y la tranquilidad a los mexicanos apoyado en un cambio de paradigma, en lugar de luchar contra las drogas, ahora se luchara por la paz, disminuir violencia, ofrecer disminuir penas contra desarme y entregas, no solo perseguir al crimen sino garantizar el derecho a la vida y a la justicia, proteger los derechos humanos, fin de la impunidad, castigar la corrupción, bajo una actitud ética del servicio público.
Al erradicar la corrupción de la administración pública en todos sus ámbitos, se erradica la impunidad y por ende la violencia, la comisión de delitos desde las fuerzas armadas, cero impunidad desde el poder.
Se harán cambios a la Constitución y los ordenamientos secundarios y normatividad interna respectiva, para dar cabida a la creación de la guardia nacional, habrá que alinear a la decisión de la corte que anunció la inconstitucionalidad en la totalidad de la ley de seguridad interior, en fin, definir o redefinir el armado institucional para dar inicio a este nuevo enfoque que permita serenar al país, fortalecer a la unidad de inteligencia financiera será dar seguimiento a la ruta del blanqueo de capitales y retenerles propiedades.
El planteamiento asegura que el 80 % de las acciones de seguridad estarán encaminadas a atender las causas, como la corrupción y la pobreza, además consideran como causas también la procuración de justicia, garantizar una vida digna a la ciudadanía, restaurar los principios éticos de la sociedad y gobierno en su conjunto.
La prohibición de ciertos estupefacientes por parte del estado es ya insostenible, la guerra contra las drogas escala el problema de salud pública hasta el de seguridad pública, un cambio de rumbo va a atemperar la violencia.
Su propósito principal será “mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo”, que incluye como meta no solo lograr el bienestar material, sino el “bienestar del alma”, el fortalecimiento de los valores morales, culturales, espirituales de las familias y de la sociedad en su conjunto.
En las comunidades indígenas hay más solidaridad y fraternidad, es donde menos delincuencia existe. ¿Por qué hay más delincuencia? Porque se rompe el tejido social donde se afectan los valores y hay mayor desintegración familiar.
Afirmó que la integración familiar es fundamental y que, a diferencia de otros países, “hay en la familia mexicana mucha solidaridad”. La familia “es la mejor institución de seguridad social que existe”, dijo, y consideró un error de la izquierda relegar el tema de la familia a la derecha.
Además de la integración familiar, su gobierno cuidará de atender a los jóvenes. “Lo único que se ha hecho es etiquetarlos, llamarles ‘ninis’. No va a quedar un joven sin oportunidades de estudio y de trabajo”, aseguró.
El presidente electo explicó que la diferencia de su plan de seguridad y los de sus antecesores radica en la atención a las causas. “Por eso somos distintos”, dijo.
La diferencia estriba en dos condiciones que esta nueva propuesta prevé, la actuación de los grupos castrenses se regularizará a través de la formación de la guardia nacional y estas fuerzas se capacitaran en derechos humanos y en el nuevo sistema penal acusatorio, sirviendo incluso de auxiliares del ministerio público.
La seguridad de la gente es un factor esencial del bienestar y la razón primordial de la existencia del poder público: el pacto básico entre éste y la población consiste en que la segunda delega su seguridad en autoridades constituidas, las cuales adquieren el compromiso de garantizar la vida, la integridad física y el patrimonio de los individuos.
Para ello están dotadas de facultades e instrumentos como leyes y reglamentos, organismos de procuración e impartición de justicia y el uso exclusivo de la fuerza pública.
Cuando las instituciones son incapaces de utilizar adecuadamente tales potestades y herramientas y fallan en su responsabilidad de preservar la vida, la integridad y la propiedad de las personas y las poblaciones, entra en crisis su primera razón de ser, se debilita el acuerdo que articula las instituciones a la sociedad, se degrada la calidad de vida y se pone en peligro la existencia misma del Estado.
El próximo gobierno recibe una seguridad en ruinas y un país convertido en panteón. Los índices de violencia y las cifras de asesinatos ubican a nuestro país en niveles históricos de criminalidad y entre los países más inseguros del mundo.
