Delito gravísimo

Hace unos cuantos días se discutió en el Congreso federal la modificación al artículo 19 de la Constitución mexicana a efecto de establecer qué delitos se considerarán legalmente como graves y, con ello, serán objeto de prisión preventiva oficiosa.

El Senado de la República, entre otros, aprobó que se incluyeran abuso sexual infantil y feminicidios en la categoría de graves. La Cámara de Diputados rechazó la incorporación de esos delitos y solo aprobó la reforma al artículo 21 con la adhesión de fraude electoral, huachicol y corrupción. Ante ello, el Senado informó a la cámara baja a través de un comunicado firmado por los coordinadores de todos los grupos parlamentarios, que no estarían de acuerdo en recibir el dictamen en esos términos. Por ello, la Cámara de Diputados no llevó a sesión plenaria dicho dictamen y comunicó a través de mesa directiva que el tema se abordará en el segundo periodo ordinario de sesiones, que comienza el próximo febrero.

En estos casos la autonomía y valor de contar con ambas cámaras permite que gane la sociedad, porque si bien los delitos que la Cámara de Diputados considera graves en efecto lo son, los que han dejado fuera, por el daño que causan en los seres humanos, lo son aun más que los primeros.

El abuso sexual infantil es un delito oculto. Debe medirse, hacerse visible y, por supuesto, categorizarse como delito grave. Las secuelas físicas, psicológicas y emocionales marcan para siempre a la víctima, que además de saberse agredida, no tiene idea de lo que está sucediendo. Se estima que del 100 % de ataques sexuales, el 40 % es a menores de 15 años, que 7 de cada 10 infantes abusados son niñas y 6 de cada 10 ataques suceden en el contexto familiar. Si no hay prisión preventiva oficiosa, el atacante sigue victimizando a la niña o niño y en cada ataque mancilla y merma su inocencia, autoestima, dignidad y vida misma. Tristemente, Tlaxcala y Querétaro encabezan los egresos hospitalarios relacionados con este delito.

Por otra parte, México encabeza la lista de los países con tasas más altas de feminicidios en America Latina. Existen registros que contabilizan 9 feminicidios diarios; una cada dos horas y media muerta de forma dolosa, violenta y solo por el hecho de ser mujer. En hasta el 90 % de los casos, el agresor es la pareja, expareja o familiar cercano.

Tanto abuso sexual infantil como feminicidios son delitos que tienen un componente de violencia familiar lacerante. Cuando el seno del hogar es también el sitio donde se es atacado, poner distancia entre las víctimas y victimarios es imprescindible. Quien abusa de su superioridad física o “moral” para abusar, violar o matar debe estar en la cárcel y las víctimas deben ser prioridad de atención y prevención en el marco legal.

Que mientras lees estas líneas estén cientos de niños, niñas y mujeres siendo violentados, que el día de hoy y cada día nazcan 4 bebés de madres menores de 15 años, que niñas y mujeres estén siendo abusadas y asesinadas por sus propias familias, pero especialmente, que el Estado mexicano considere esto menos importante que robar gasolina, no es grave; es GRAVÍSIMO.