José Antonio Álvarez Lima*
Las comunidades son los fundamentos sobre los que se ha construido el edificio social, político y económico de Tlaxcala. En ellas, los vecinos tienen la oportunidad de ver cara a cara a sus autoridades.
Ayuda, y mucho, el tamaño de nuestras localidades, que están lejos de sufrir el gigantismo que se padece en otros lugares. ¿Cuántas veces un habitante de Ecatepec, Tlalnepantla o Zapopan podrá ver a su presidente o presidenta municipal? ¿Cuántas veces podrá hablar con esa autoridad? Y más aún, ¿cuántas veces los habitantes de esos sitios reciben una respuesta satisfactoria a sus necesidades?
La principal virtud de las autoridades de comunidad que tenemos en Tlaxcala radica en esa inmediatez, ese contacto directo con la gente. Todos, o casi todos, saben dónde vive el presidente de comunidad, a qué se dedica y, sobre todo, si cumple o no con su trabajo.
Cuando tuve el honor de ser gobernador de Tlaxcala, impulsé una reforma para que el dinero público, que de por sí siempre es escaso, no se quedara en las cabeceras solamente, sino que llegara a todos los habitantes de los municipios, sobre todo a los más necesitados, siempre de manera equitativa.
Para lograr ese cometido, se abrió la posibilidad de dar voz, pero sobre todo voto a los presidentes auxiliares, que era el término que se usó en ese momento. Fue así como el recurso económico comenzó a reflejarse en obras para el conjunto y no sólo para unos cuantos. Esa inercia se mantuvo no por gracia de los gobernantes, sino por la exigencia de los ciudadanos, que veían un claro beneficio con esa forma de gestión pública.
La democracia se construye desde abajo. Arranca en el barrio o en la comunidad, como sucede en nuestro estado con las asambleas de pueblo, donde se exige y se rinde cuentas, y donde también se toma en cuenta el parecer de la gente para definir el rumbo que tomará el gobierno comunal.
No olvidemos que la inmensa mayoría de los habitantes de Tlaxcala vive en pueblos o barrios que han logrado contar con una presidencia de comunidad. Hasta antes de las modificaciones a la Ley Municipal que le cercenó su derecho al voto, la única forma que tenían para obtener recursos que les permitiera garantizar el crecimiento de sus localidades, era a través de la defensa que hacían sus representantes ante el cabildo, que es el máximo órgano de los gobiernos municipales.
Entre más amplia sea la base social, mayor será el beneficio para el conjunto, porque significa que habrá más ciudadanos involucrados en la toma de decisiones. El pueblo rara vez se equivoca.
Por eso no puede sino considerarse una traición a la democracia cuando diputados locales del PRI y el PAN de la 61 legislatura decidieron quitarles el voto a los presidentes de comunidad en las sesiones de cabildo. Fue así que desde el 1 de enero de 2017, estos ediles quedaron reducidos a ser simples espectadores de lo que ocurría en sus municipios. Fueron maniatados, pero no inmovilizados, porque desde el primer minuto comenzaron una larga lucha jurídica, que incluso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la misma que, por cierto, aún no se pronuncia sobre el caso.
Esa reforma equivocada, promovida desde el Ejecutivo del estado, quiso cortar de tajo con el derecho de la gente a decidir su propio destino. Había un talante autoritario, que recordaba el espíritu de los hacendados, que imponían su derecho de pernada, como si viviéramos aún en la Edad Media. Qué duda cabe que hay muchos nostálgicos del autoritarismo.
Quienes impulsaron esas modificaciones a la Ley Municipal, o no se atrevieron a abrogarlas cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo, olvidaron que la forma de gobierno de las comunidades de Tlaxcala es una prueba viva de nuestra historia.
Ante los problemas de inseguridad que ya se padecen en Tlaxcala, las presidencias de comunidad tienen más posibilidad de identificar y denunciar la comisión de delitos, como el huachicoleo o el abigeato.
No quiero presumir de vidente, pero en su momento pronostiqué que en este mismo año se iba a devolver a estos munícipes el derecho al voto, que no es una concesión ni una gracia, sino un reconocimiento a las comunidades para decidir su propia gestión. En vez de estarles quitando derechos, hay que reforzar las facultades de estos munícipes.
Por lo pronto, Morena ya cumplió con el expediente parlamentario. Ahora está en manos del Poder Ejecutivo local publicar en el Periódico Oficial del Estado las reformas a la Ley Municipal, para que desde el próximo 1 de enero las presidencias de comunidad mantengan su voz y recobren el voto en los cabildos.
*Senador de la República
