/ viernes 26 de noviembre de 2021

El Espectador | Se desmorona confianza en la ASF

El pasado martes 23 de noviembre se presentó ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior de la Federación, Víctor Andrade Martínez, para defender los recientes cambios al Reglamento Interno del órgano contralor. En la elección del mensajero estuvo el primer mensaje, pues el auditor David Colmenares decidió que iría a representarlo el hermano de Virgilio Andrade, este último el personaje que, como secretario de la Función Pública en el sexenio de Enrique Peña Nieto, exoneró a su propio presidente y al polémico Luis Videgaray Caso, ni más ni menos que por el tema de sus multicitadas “casas blancas” y muchos asuntos más.

Andrade fue a asegurar a los diputados que en la ASF se privilegia la presentación de denuncias, por lo que se repartió la responsabilidad de ese proceso entre las distintas áreas de operación. No obstante, en una revisión profunda de los cambios publicados el 25 de agosto en el Diario Oficial de la Federación, se observa que el resultado es totalmente opuesto, pues con el nuevo Reglamento se concentró la decisión de tomar acciones penales en una sola persona. De entrada, se eliminó el llamado Consejo de Dirección, un órgano colegiado de consulta, análisis y acuerdo de las estrategias institucionales de la Auditoría Superior de la Federación, presidido por el Auditor Superior, pero integrado por los Auditores Especiales y los Titulares de Unidad, quienes hacían contrapeso a las tentaciones de Colmenares de tomar decisiones unilaterales en los procedimientos de revisión de la Cuenta Pública.

De un plumazo se desechó también la facultad de las áreas auditoras para redactar dictámenes y presentar denuncias, y se hizo exclusiva esta función de un área que, por más que lleve el nombre de Auditoría Especial de Seguimiento, en realidad es únicamente de evaluación, con la única ventaja de estar encabezada por un funcionario con arraigo en Oaxaca, Nemesio Ibáñez Aguirre, cuya trayectoria ha estado estrechamente vinculada al Auditor Superior.

Es más, sobre el desempeño de Ibáñez Aguirre pesan señalamientos realizados desde el 2017 por la propia ASF, que detectó en su momento que este personaje, como integrante del Instituto de Educación Pública de Oaxaca, permitió que se hicieran pagos duplicados a trabajadores; muy probablemente, por lo que se deja ver en el reporte de la Auditoría Superior, con todo conocimiento de causa. Luego entonces, si el andamiaje de generación de denuncias no es el mejor, porque se deja fuera de la decisión a los verdaderos detectives, y la persona encargada del mismo no es la adecuada, por señalamientos de posible corrupción, estamos entonces ante una crisis muy fuerte de confianza en la Auditoría, que se profundiza con la actuación de un vocero, en este caso Víctor Andrade, al que no le ayuda su historia familiar.

El pasado martes 23 de noviembre se presentó ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior de la Federación, Víctor Andrade Martínez, para defender los recientes cambios al Reglamento Interno del órgano contralor. En la elección del mensajero estuvo el primer mensaje, pues el auditor David Colmenares decidió que iría a representarlo el hermano de Virgilio Andrade, este último el personaje que, como secretario de la Función Pública en el sexenio de Enrique Peña Nieto, exoneró a su propio presidente y al polémico Luis Videgaray Caso, ni más ni menos que por el tema de sus multicitadas “casas blancas” y muchos asuntos más.

Andrade fue a asegurar a los diputados que en la ASF se privilegia la presentación de denuncias, por lo que se repartió la responsabilidad de ese proceso entre las distintas áreas de operación. No obstante, en una revisión profunda de los cambios publicados el 25 de agosto en el Diario Oficial de la Federación, se observa que el resultado es totalmente opuesto, pues con el nuevo Reglamento se concentró la decisión de tomar acciones penales en una sola persona. De entrada, se eliminó el llamado Consejo de Dirección, un órgano colegiado de consulta, análisis y acuerdo de las estrategias institucionales de la Auditoría Superior de la Federación, presidido por el Auditor Superior, pero integrado por los Auditores Especiales y los Titulares de Unidad, quienes hacían contrapeso a las tentaciones de Colmenares de tomar decisiones unilaterales en los procedimientos de revisión de la Cuenta Pública.

De un plumazo se desechó también la facultad de las áreas auditoras para redactar dictámenes y presentar denuncias, y se hizo exclusiva esta función de un área que, por más que lleve el nombre de Auditoría Especial de Seguimiento, en realidad es únicamente de evaluación, con la única ventaja de estar encabezada por un funcionario con arraigo en Oaxaca, Nemesio Ibáñez Aguirre, cuya trayectoria ha estado estrechamente vinculada al Auditor Superior.

Es más, sobre el desempeño de Ibáñez Aguirre pesan señalamientos realizados desde el 2017 por la propia ASF, que detectó en su momento que este personaje, como integrante del Instituto de Educación Pública de Oaxaca, permitió que se hicieran pagos duplicados a trabajadores; muy probablemente, por lo que se deja ver en el reporte de la Auditoría Superior, con todo conocimiento de causa. Luego entonces, si el andamiaje de generación de denuncias no es el mejor, porque se deja fuera de la decisión a los verdaderos detectives, y la persona encargada del mismo no es la adecuada, por señalamientos de posible corrupción, estamos entonces ante una crisis muy fuerte de confianza en la Auditoría, que se profundiza con la actuación de un vocero, en este caso Víctor Andrade, al que no le ayuda su historia familiar.