El presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido acusado por Legacy Vulcan de realizar diversas declaraciones en las que atribuye a Calica, una compañía afiliada, violaciones legales y daños ambientales en Quintana Roo, a pesar de que reconoció que sus actividades habían sido previamente autorizadas.
Según documentos presentados por Legacy Vulcan, las acusaciones del Presidente parecen ser una táctica para desviar las críticas medioambientales de su propio gobierno en relación al proyecto vecino del Tren Maya y para presionar a la empresa a abandonar su proyecto de extracción para exportación en Quintana Roo.
El pasado 6 de octubre, López Obrador hizo un llamado a la empresa estadounidense Sac-Tun, antes Calica, ante el daño ecológico provocado por la explotación de mil 200 hectáreas en Quintana Roo. Reiteró que durante 36 años, la empresa extrajo roca caliza de la región, afectando selvas, ríos subterráneos, cenotes y manglares. Estas actividades han llevado a la devastación de 942 especies, incluyendo 529 de fauna y 413 de flora, con varias de ellas ahora en peligro de extinción, informaron desde Palacio Nacional.
El mandatario destacó que esta es considerada la peor catástrofe ecológica causada por una empresa extranjera en la Península de Yucatán y la Riviera Maya. Además, reveló que Sac-Tun retuvo agua subterránea en un área de 4.24 kilómetros cuadrados, 20 veces más del volumen autorizado, causando el colapso de cavernas y hundimientos en la región.
El Gobierno Mexicano ha propuesto comprar las dos mil 400 hectáreas afectadas con el fin de convertirlas en una reserva natural protegida. De concretarse la compra, se planea un proyecto ecoturístico en Playa del Carmen sobre las áreas dañadas. A pesar del llamado, hasta la fecha, no se ha recibido respuesta de la empresa estadounidense. Y la postura de México es firme, ya no podrán operar, al menos no durante el mandato de López Obrador. El Presidente enfatizó la necesidad de actuar legalmente y priorizar el interés público sobre el privado, dejando claro que la administración no dejará el asunto sin resolución.
López Obrador no ha guardado silencio en sus ruedas de prensa matutinas, dice la estadounidense y sus abogados. En febrero de 2022, advirtió que si las empresas no transformaban sus operaciones de extracción en un proyecto turístico, llevaría el asunto a la ONU y otros tribunales internacionales. Más tarde, en marzo y abril de 2022, reiteró su amenaza, declarando que presentaría una demanda en organismos internacionales y acusaría a las compañías de destruir el medio ambiente.
Una de las piezas clave en esta disputa es el dictamen emitido por Semarnat en agosto del 2022, que da soporte a las reclamaciones del Gobierno. Sin embargo, desde la perspectiva de Legacy Vulcan, este documento fue publicado meses después de las acusaciones públicas del Presidente y parece haber sido preparado en respuesta a sus declaraciones, más que como un ejercicio imparcial y previo de evaluación.
La empresa alega que Semarnat llevó a cabo una búsqueda "extremadamente anormal" para proporcionar una justificación post-facto a la directiva del Presidente a través de este dictamen, cuestionando su validez y precisión.
“Se destruyó el territorio, toda esa zona y vamos a defender que ya no se pueda seguir utilizando como banco de material esta zona. Además, tienen cerca de dos mil hectáreas más concesionadas y es selva. No es posible permitir que sigan explotando”, dijo López Obrador. Lo raro de todo esto es que muchos de los ambientalistas mexicanos o internacionales no están del lado del mandatario mexicano en esta batalla.
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