/ martes 12 de enero de 2021

El espejo

Con sorpresa y estupor, el mundo presenció las manifestaciones violentas de seguidores fanáticos del presidente Donald Trump fuera y dentro del Capitolio, sede de las Cámaras de representación de los Estados Unidos. Estas personas, en su mayoría supremacistas blancos, grupos paramilitares y milicias privadas vulneraron el sistema democrático y violaron las leyes de ese país.

Todo lo anterior lo detonó el llamado del aún presidente Trump, en nombre de la “defensa de la democracia”. Hasta el miércoles 6 de enero, día en que el Congreso certificaría el triunfo del demócrata Joe Biden, el actual inquilino de la Casa Blanca seguía sin reconocer su derrota electoral.

Desde antes de las elecciones presidenciales de noviembre, el presidente estadounidense ha alegado fraude, aunque sin elementos probatorios, ha cuestionado la legitimidad de su adversario, a pesar de la diferencia de más de 7 millones de sufragios, y ha realizado llamados constantes a la insurrección.

El colmo fue su último discurso, plagado de mentiras y palabras incendiarias que polarizaron entre “los que están conmigo” y “los que aceptan el fraude”, azuzando a sus seguidores a marchar hacia al Capitolio para impedir el supuesto “despojo electoral”, que validaría el Congreso para confirmar el triunfo del candidato demócrata Joe Biden (con 306 votos electorales frente a los 232 del republicano).

Es de destacar el papel de los legisladores republicanos que decidieron asumir su responsabilidad hacia el pueblo norteamericano y no su sumisión a la irracionalidad.

Las imágenes son preocupantes, porque reflejan a una sociedad dividida desde las entrañas del poder presidencial, por alguien que se siente con el poder de violar las leyes y destruir las instituciones, cabeza de un grupo radical sin escrúpulos, decidido a conseguir sus objetivos e imponer su voluntad al costo que sea, hechos que además reflejaron, en términos prácticos, un intento de golpe de Estado institucional.

Esta historia se refleja en un espejo en nuestro país. Durante muchos años hemos padecido a un candidato perdedor, que reconoce resultados solo cuando le favorecen; que decide polarizar a la población; que se sirve de los mecanismos democráticos para llegar al máximo cargo de nuestro país, y que una vez en el poder, le representan un estorbo para gobernar, porque solo impera el deseo de acumular poder unipersonal; que destruye instituciones; no rinde cuentas; es opaco, repetitivo en sus mentiras y falacias; creativo en las simulaciones, que se maneja con “lealtades ciegas” e impone su voluntad.

Tantas aristas que pretenden justificar su “transformación de la vida pública”, aunque sus actos descuiden las responsabilidades del Gobierno, deterioren las instituciones y generen dolor entre los habitantes.

Después de dos años de esta administración, queda claro que el bien superior, ese que debe regir los actos y decisiones de un estadista, ha quedado supeditado al bien personal de un hombre astuto que solo busca el autoelogio y qué mejor que mantenerlo con clientelas electorales que incrementan su popularidad y con funcionarios y legisladores que solo cumplen órdenes. El ansia de poder ha superado la obligación de hacer política pública eficaz en salud, economía, seguridad pública. Tenemos un dictador, un autoritario, indolente e insensible, que ha destruido derechos y libertades en esta nación.

Nada qué ver con los aciertos de política pública de bien común que han impulsado los gobiernos de Acción Nacional a nivel federal, estatal y municipal. Ante esta realidad, solo queda el trabajo conjunto de los electores para no vernos reflejados en el espejo de la impunidad; exigiremos el cumplimiento de la ley, con transparencia, para terminar con la perversidad del patriarca y la simulación del gobierno.

Con sorpresa y estupor, el mundo presenció las manifestaciones violentas de seguidores fanáticos del presidente Donald Trump fuera y dentro del Capitolio, sede de las Cámaras de representación de los Estados Unidos. Estas personas, en su mayoría supremacistas blancos, grupos paramilitares y milicias privadas vulneraron el sistema democrático y violaron las leyes de ese país.

Todo lo anterior lo detonó el llamado del aún presidente Trump, en nombre de la “defensa de la democracia”. Hasta el miércoles 6 de enero, día en que el Congreso certificaría el triunfo del demócrata Joe Biden, el actual inquilino de la Casa Blanca seguía sin reconocer su derrota electoral.

Desde antes de las elecciones presidenciales de noviembre, el presidente estadounidense ha alegado fraude, aunque sin elementos probatorios, ha cuestionado la legitimidad de su adversario, a pesar de la diferencia de más de 7 millones de sufragios, y ha realizado llamados constantes a la insurrección.

El colmo fue su último discurso, plagado de mentiras y palabras incendiarias que polarizaron entre “los que están conmigo” y “los que aceptan el fraude”, azuzando a sus seguidores a marchar hacia al Capitolio para impedir el supuesto “despojo electoral”, que validaría el Congreso para confirmar el triunfo del candidato demócrata Joe Biden (con 306 votos electorales frente a los 232 del republicano).

Es de destacar el papel de los legisladores republicanos que decidieron asumir su responsabilidad hacia el pueblo norteamericano y no su sumisión a la irracionalidad.

Las imágenes son preocupantes, porque reflejan a una sociedad dividida desde las entrañas del poder presidencial, por alguien que se siente con el poder de violar las leyes y destruir las instituciones, cabeza de un grupo radical sin escrúpulos, decidido a conseguir sus objetivos e imponer su voluntad al costo que sea, hechos que además reflejaron, en términos prácticos, un intento de golpe de Estado institucional.

Esta historia se refleja en un espejo en nuestro país. Durante muchos años hemos padecido a un candidato perdedor, que reconoce resultados solo cuando le favorecen; que decide polarizar a la población; que se sirve de los mecanismos democráticos para llegar al máximo cargo de nuestro país, y que una vez en el poder, le representan un estorbo para gobernar, porque solo impera el deseo de acumular poder unipersonal; que destruye instituciones; no rinde cuentas; es opaco, repetitivo en sus mentiras y falacias; creativo en las simulaciones, que se maneja con “lealtades ciegas” e impone su voluntad.

Tantas aristas que pretenden justificar su “transformación de la vida pública”, aunque sus actos descuiden las responsabilidades del Gobierno, deterioren las instituciones y generen dolor entre los habitantes.

Después de dos años de esta administración, queda claro que el bien superior, ese que debe regir los actos y decisiones de un estadista, ha quedado supeditado al bien personal de un hombre astuto que solo busca el autoelogio y qué mejor que mantenerlo con clientelas electorales que incrementan su popularidad y con funcionarios y legisladores que solo cumplen órdenes. El ansia de poder ha superado la obligación de hacer política pública eficaz en salud, economía, seguridad pública. Tenemos un dictador, un autoritario, indolente e insensible, que ha destruido derechos y libertades en esta nación.

Nada qué ver con los aciertos de política pública de bien común que han impulsado los gobiernos de Acción Nacional a nivel federal, estatal y municipal. Ante esta realidad, solo queda el trabajo conjunto de los electores para no vernos reflejados en el espejo de la impunidad; exigiremos el cumplimiento de la ley, con transparencia, para terminar con la perversidad del patriarca y la simulación del gobierno.

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