El obscuro dilema del “Decretazo”

Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo

Ortega y Gasset

Tal vez uno de los dilemas más complejos que enfrenta la polarización que vive el país, es aquel que se presenta cuando hablamos de transparencia, opacidad y la preponderancia que hoy tienen las fuerzas armadas en México por impulso del ejecutivo en turno.

Es innegable que las fuerzas armadas en el país han ido acumulando un predominio público a partir de su incursión en la guerra contra el narcotráfico en 2006 con el presidente Calderón. Desde entonces, las fuerzas armadas han ido sumando actividades que van más allá de aquellas relacionadas con la seguridad pública.

Hoy el presidente López Obrador les ha designado por encargo actividades que antes eran operadas por civiles, como lo son la construcción de infraestructura pública y privada; la distribución de gasolina, libros de texto para la educación básica y fertilizantes; la vigilancia de las fronteras norte y sur; la detención e inspección de personas migrantes; el control de puertos y aduanas (Inventario Nacional de lo Militarizado. Una radiografía de los procesos de militarización en México, 2021).

El dilema estriba en el hecho de que las fuerzas armadas son una de las instituciones más reconocidas del país; y que contrario a lo que se piense, estas instituciones del estado mexicano han venido avanzando en la escala de confianza ciudadana durante los últimos años hasta colocarse en ser la institución en la que más se cree por parte de los mexicanos. Desplazando incluso a instituciones como las universidades, la iglesia o presidencia de la república.

Paradójicamente, cuando se trata de la transparencia y del derecho de acceso a la información, generalmente las fuerzas armadas son consideradas de las instituciones más opacas cuando se trata de abrir la información al escrutinio público.

En la mayoría de las ocasiones, los funcionarios que integran las fuerzas armadas caen en la tentación de ocultar injustificadamente la información pública bajo el argumento de que su divulgación puede vulnerar la “seguridad nacional”, concepto que se reconoce como un estado de excepción que permite que se realicen y ejecuten decisiones sin tener el derecho a saber sus criterios, razones, operatividad o interés público.

Cabe decir que no es que el concepto de “seguridad nacional” este equívocamente planteado en nuestra democracia, en realidad el concepto obedece a un principio fundamental en la organización del Estado, que permite preservar el orden político, la estabilidad económica y social, pues procura ante todo un entorno propicio para el desarrollo del país, particularmente ante la idea de la existencia de los enemigos del Estado, sean extranjeros o internos.

Sin embargo, el “Acuerdo” publicado por el presidente de la República el pasado 22 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación, en el que se instruye a que todas las dependencias y las entidades de la Administración Pública Federal consideren los proyectos y obras del Gobierno de México como de “interés público y seguridad nacional”, y en consecuencia estén exentos de las leyes reglamentarias incluyendo el principio de máxima publicidad y de acceso a la información, es sencillamente una disonancia democrática.

Que el titular del Ejecutivo considere que las Fuerzas Armadas son excepcionales para su proyecto de nación es una cosa, pero que estime que los “privilegios” de los que gozan las Fuerzas Armadas deban ampliarse al resto de la administración pública es otra; pues la realidad que prevalece y se vive en las oficinas de Gobierno federal es muy distinta a aquella que se observa desde Palacio Nacional.

Y hay que ser claros en esto: considerar que los funcionarios públicos que integran las Fuerzas Armadas, y hoy por “Acuerdo” presidencial todos los funcionarios de la administración pública federal, no caerán en la tentación de reservar información gubernamental a expensas de confundirla o clasificarla bajo un enfoque de “seguridad nacional”, es sencillamente vivir en Dinamarca y no en México.

La memoria nos recuerda que gran parte de las “reservas de información” de la administración pública federal que acuden al concepto de “seguridad nacional” están fuertemente motivadas por intereses políticos y burocráticos que nada tienen que ver con la “seguridad nacional”; todo lo contrario, se trata de criterios generales que utilizan la opacidad a conveniencia para vulnerar el derecho de acceso a la información y su operatividad.

• *Analista Político