/ viernes 16 de agosto de 2019

El pueblo exige justicia

  • El pueblo también desea que devuelvan los recursos financieros que ilegalmente sustrajeron del Erario nacional y se les confisquen bienes que no justifiquen sus sueldos asignados.

Cuando el presidente de la República ha mencionado ante conglomerados que escuchan su palabra respecto a la serie de fraudes y robos cometidos por exfuncionarios de gobiernos anteriores al presente en detrimento del Tesoro nacional, ahí mismo se han escuchado voces del pueblo en el sentido de aplicarles la ley. Esta petición no debe confundirse con venganza política del actual gobierno, sino que con base a principios constitucionales se aplique la ley y corresponde al Poder Judicial ejercerla en justicia de la nación, porque muchos exfuncionarios se excedieron en cuanto a sus responsabilidades disponiendo del erario nacional para cometer ilícitos entre ellos el enriquecimiento personal que de ninguna forma justifican con el sueldo que tenían asignado. Los fraudes cometidos no fueron de centavos sino de millones de pesos.

El castigo lo deben recibir aquéllos funcionarios que abusaron del presupuesto asignado para atender necesidades del pueblo de menos recursos económicos. Los que “a manos llenas” desviaron los recursos económicos hacia otros programas o simplemente no se aplicaron para lo proyectado, lo que se tipifica como un delito grave, mismo que debe ser sancionado con todo el rigor de ley.

Actualmente la Fiscalía General de la República ha fincado responsabilidades a funcionarios del pasado que han quebrantado la Ley tipificándola como: “ejercicio indebido del servicio público”, entre ellos están: Rosario Robles y Emilio Lozoya, la primera que estuvo a cargo de Sedesol y el segundo como encargado de Pemex. Por cierto ellos son “eslabones” de una cadena de personajes coludidos en delito calificado por ubicarse penalmente por estar contra los intereses del país.

Se espera que durante su respectivo proceso que tendrán que enfrentar ante jueces delatando a personajes participantes en los actos delictuosos por el cual hay orden de aprehensión. Esas denuncias que seguramente señalarán descubrirán la red que se utilizó para malversar las asignaciones financieras a programas específicos.

Se espera que los jueces actúen de acuerdo con la ética en primer lugar, y en segundo; con la ley en la mano siendo justos en la impartición de la justicia. Además de recibir el castigo carcelario, lo importante para la nación es que además ejercer el derecho, sirva de ejemplo para las siguientes generaciones que ostenten el poder que les otorga el pueblo.

Desgraciadamente las leyes nacionales protegen a delincuentes, basados en la mala interpretación de “los derechos humanos”, mismos que permiten contar con amparos a pesar de que existan pruebas irrefutables que los señalan como delincuentes y ello permite que continúen gozando de libertad, y se hace más efectiva cuando compran la voluntad de jueces venales para retardar la respuesta correspondiente; ello por días y meses del amparo interpuesto, (pequeña mancha en la actuación procesal).

Amparos permitidos por la propia jurisprudencia, algunos de ellos interpuestos contra iniciativas del gobierno para propulsar regiones del país hacia el desarrollo económico y material, han detenido drásticamente lo proyectado, en detrimento de la vida de pueblos de regiones a las que se desea impulsar hacia el desarrollo integral.

El pueblo ha solicitado la remoción de jueces y ministros que han puesto obstáculos, entre ellos: la admisión de amparos que paralizan proyectos gubernamentales, le han solicitado que elimine del poder judicial a integrantes que todavía cobran más de 300 mil pesos mensuales y, la respuesta presidencial ha sido de respeto hacia esa institución autónoma (Judicial), en la que no puede intervenir como se lo solicitan, sin embargo: ha respondido que enviará el próximo 1 de septiembre Iniciativa de Ley ante la Cámara de Diputados donde propondrá se respete lo señalado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde ningún funcionario público sobrepase sueldo asignado al Presidente de la República. Esta será la única vía legal para detener abusos que otrora fueron premios a la obediencia presidencial. En debida interpretación: el Presidente tiene claro que no puede corregir vicios sin Ley en la mano, solo con ella eliminará la desigualdad como lo ha dicho: “no debe haber gobierno rico y pueblo pobre”. Plausible la futura iniciativa de Ley-


  • El pueblo también desea que devuelvan los recursos financieros que ilegalmente sustrajeron del Erario nacional y se les confisquen bienes que no justifiquen sus sueldos asignados.

Cuando el presidente de la República ha mencionado ante conglomerados que escuchan su palabra respecto a la serie de fraudes y robos cometidos por exfuncionarios de gobiernos anteriores al presente en detrimento del Tesoro nacional, ahí mismo se han escuchado voces del pueblo en el sentido de aplicarles la ley. Esta petición no debe confundirse con venganza política del actual gobierno, sino que con base a principios constitucionales se aplique la ley y corresponde al Poder Judicial ejercerla en justicia de la nación, porque muchos exfuncionarios se excedieron en cuanto a sus responsabilidades disponiendo del erario nacional para cometer ilícitos entre ellos el enriquecimiento personal que de ninguna forma justifican con el sueldo que tenían asignado. Los fraudes cometidos no fueron de centavos sino de millones de pesos.

El castigo lo deben recibir aquéllos funcionarios que abusaron del presupuesto asignado para atender necesidades del pueblo de menos recursos económicos. Los que “a manos llenas” desviaron los recursos económicos hacia otros programas o simplemente no se aplicaron para lo proyectado, lo que se tipifica como un delito grave, mismo que debe ser sancionado con todo el rigor de ley.

Actualmente la Fiscalía General de la República ha fincado responsabilidades a funcionarios del pasado que han quebrantado la Ley tipificándola como: “ejercicio indebido del servicio público”, entre ellos están: Rosario Robles y Emilio Lozoya, la primera que estuvo a cargo de Sedesol y el segundo como encargado de Pemex. Por cierto ellos son “eslabones” de una cadena de personajes coludidos en delito calificado por ubicarse penalmente por estar contra los intereses del país.

Se espera que durante su respectivo proceso que tendrán que enfrentar ante jueces delatando a personajes participantes en los actos delictuosos por el cual hay orden de aprehensión. Esas denuncias que seguramente señalarán descubrirán la red que se utilizó para malversar las asignaciones financieras a programas específicos.

Se espera que los jueces actúen de acuerdo con la ética en primer lugar, y en segundo; con la ley en la mano siendo justos en la impartición de la justicia. Además de recibir el castigo carcelario, lo importante para la nación es que además ejercer el derecho, sirva de ejemplo para las siguientes generaciones que ostenten el poder que les otorga el pueblo.

Desgraciadamente las leyes nacionales protegen a delincuentes, basados en la mala interpretación de “los derechos humanos”, mismos que permiten contar con amparos a pesar de que existan pruebas irrefutables que los señalan como delincuentes y ello permite que continúen gozando de libertad, y se hace más efectiva cuando compran la voluntad de jueces venales para retardar la respuesta correspondiente; ello por días y meses del amparo interpuesto, (pequeña mancha en la actuación procesal).

Amparos permitidos por la propia jurisprudencia, algunos de ellos interpuestos contra iniciativas del gobierno para propulsar regiones del país hacia el desarrollo económico y material, han detenido drásticamente lo proyectado, en detrimento de la vida de pueblos de regiones a las que se desea impulsar hacia el desarrollo integral.

El pueblo ha solicitado la remoción de jueces y ministros que han puesto obstáculos, entre ellos: la admisión de amparos que paralizan proyectos gubernamentales, le han solicitado que elimine del poder judicial a integrantes que todavía cobran más de 300 mil pesos mensuales y, la respuesta presidencial ha sido de respeto hacia esa institución autónoma (Judicial), en la que no puede intervenir como se lo solicitan, sin embargo: ha respondido que enviará el próximo 1 de septiembre Iniciativa de Ley ante la Cámara de Diputados donde propondrá se respete lo señalado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde ningún funcionario público sobrepase sueldo asignado al Presidente de la República. Esta será la única vía legal para detener abusos que otrora fueron premios a la obediencia presidencial. En debida interpretación: el Presidente tiene claro que no puede corregir vicios sin Ley en la mano, solo con ella eliminará la desigualdad como lo ha dicho: “no debe haber gobierno rico y pueblo pobre”. Plausible la futura iniciativa de Ley-


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