EL RETO DE AQUIAHUATL EN LA PGJE

Debe lograr la profesionalización de ministerios públicos, policía de investigación y peritos para hacer de la procuración de justicia una verdadera estrategia en la lucha contra los altos índices de inseguridad que en las últimas fechas se han registrado en la entidad

Sergio Enrique Díaz

En lo que va de este periodo gubernamental, José Antonio Aquiahuatl Sánchez es el tercer profesional del Derecho que arriba a la Procuraduría General de Justicia del Estado. Antes, estuvieron Tito Cervantes Zepeda y Aarón Pérez Carro, el primero despedido del gobierno y el segundo ahora fungiendo como jefe del gabinete.

Sin duda que la PGJE es una de las áreas más sensibles de la administración pública, de ahí que, frente a sí, el nuevo “abogado de Tlaxcala” tiene grandes retos. Su llegada ha generado -en algunos sectores- buenas expectativas pues, incluso, el sector empresarial de Tlaxcala que tanto ha cuestionado los altos índices de inseguridad en la entidad le ha dado su voto de confianza, pero el desafío que tiene es enorme.

De entrada, debe lograr la profesionalización de ministerios públicos, policía de investigación y peritos para hacer de la procuración de justicia una verdadera estrategia en la lucha contra los altos índices de inseguridad que en últimas fechas se han registrado.

De acuerdo con la última encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, en torno a la apreciación del desempeño de las autoridades, el 76.1 % de la población tlaxcalteca considera que los jueces son los más corruptos, seguido de la policía estatal con un 68 % y en tercer lugar con un 66 % el Ministerio Público.

De esta manera, los órganos encargados de prevenir, investigar e impartir justicia están infestados por ese cáncer social.

En su momento se dijo que el personal del Poder Judicial local es considerado como la “burocracia dorada” por lo altos salarios que devengan, así que es momento de que el nuevo titular de la Procuraduría dignifique la labor de los ministerios públicos, quienes apenas tienen una percepción quincenal cercana a los seis mil pesos y con más de doce horas de trabajo continuo.

Otro reto a abatir será el rezago en las investigaciones que tiene a su cargo, ya que en un 49 % de los casos denunciados no pasa nada o no se continúa con las pesquisas.

Los delitos que más aquejan a la sociedad tlaxcalteca son, en ese orden: el robo a casa-habitación; el hurto de autos y al transporte de carga; los asaltos a mano armada; los atracos a los comercios y negocios establecidos; los fraudes operados por grupos delictivos locales y la lucha contra la trata de personas, por mencionar algunos de los pendientes donde se debe poner la mayor atención.

Evidentemente es momento de realizar una depuración al interior de esa dependencia y privilegiar los conocimientos, la ética y profesionalismo y, de igual manera, ennoblecer la labor del personal con mejores salarios y con jornadas no extenuantes.

El nuevo titular trae como cartas credenciales de presentación la experiencia y conocimientos en la materia. Veremos si está dispuesto a transformar la imagen de esa dependencia y hasta dónde se le permite actuar.

Pero en esta lucha contra la inseguridad de nada servirá si el Ministerio Público realiza una buena investigación si el Poder Judicial echa abajo ese trabajo.

Lo anterior, viene a colación ya que recientemente un magistrado que conoció del recurso de apelación en el caso de la Iaip-Tlax fue señalado por un grupo de feministas de presuntamente torcer la ley a conveniencia, de no realizar su trabajo apegado a Derecho y no aplicar la perspectiva de género al momento de impartir justicia.

Insólito lo realizado por los diputados integrantes de la Comisión Instructora de Juicio Político del Congreso local, presidida por Arnulfo Arévalo Lara, al intentar arreglar el asunto (que mantiene “empantanado” el trabajo del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública Local), tratando de exonerar por la vía de la conciliación a los rijosos comisionados José David Cabrera Canales y Francisco Morones Servín, aun cuando estos personajes desacataron un Decreto emitido por esa Soberanía.

Esto sienta un mal precedente, pues deja abierta la posibilidad de que cualquier persona acate o no una resolución emitida por los representantes populares, al fin no pasa nada.

*************

EPÍLOGO…

1.- FIN DE VACACIONES… A mis lectores mil gracias por haberme permitido esta ausencia.

¡Hasta el próximo martes!