El adecuado desarrollo del actual proceso electoral es una responsabilidad compartida. No es una obligación exclusiva de las autoridades electorales. Es una tarea en la que también participan los candidatos, los partidos, las coaliciones y, por supuesto, los ciudadanos.
Sí, a las autoridades electorales les corresponde hacer cumplir la normatividad aplicable. Pero a los candidatos les toca presentar propuestas y convencer al votante sobre su viabilidad; a las fuerzas políticas que los postulan, promover la participación democrática; y a los ciudadanos, acudir a votar, incluso, apoyar en la organización de las elecciones, ya sea como observadores electorales o integrantes de una Mesa Directiva de Casilla.
En pocas palabras, garantizar la legalidad en las elecciones implica cumplir el rol que a cada parte corresponde, respetando la ley y la actuación del árbitro de la contienda. Actuar más allá de ello contribuye a debilitar la confianza en los resultados de las elecciones, y eso a nadie conviene.
Esta semana, los representantes de la coalición “Juntos Haremos Historia por Tlaxcala” hicieron un llamado a las autoridades electorales para garantizar piso parejo en las actividades de fiscalización. Sin evidencias, señalaron que los verificadores de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del Instituto Nacional Electoral (INE) incurren en sesgos a favor de la coalición “Unidos por Tlaxcala”. Además, afirmaron que el personal del INE “acosa” a su candidata al gobierno estatal.
Por esa razón, la Junta Local Ejecutiva del INE salió a rechazar tales señalamientos, sabedora de la importancia de proteger los principios rectores de las elecciones en México: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.
La ocasión fue propicia para informar que, al cierre de los primeros 22 días de campaña, la UTF había realizado 31 visitas de verificación a eventos de la coalición “Unidos por Tlaxcala” y 27 visitas de verificación a eventos de la coalición “Juntos Haremos Historia en Tlaxcala”, lo que significa que se habían verificado más actividades de la alianza que abandera Anabell Ávalos que la que representa Lorena Cuéllar, de modo que, en tal situación, no existe el “acoso” denunciado.
Según el INE, “las visitas de verificación se realizan conforme a las agendas de eventos que los propios sujetos obligados reportan, debido a que tienen la obligación de informar de ellos a esta autoridad mediante el Sistema Integral de Fiscalización”. Y si todos los días ambas candidatas habían publicado en sus redes sociales sus actividades proselitistas, es claro que no se reporta con el mismo rigor.
Por otro lado, la delegación del INE confirmó que, hasta ese momento, no tenía registrada ni una de las cinco quejas que, supuestamente, la coalición “Juntos Haremos Historia por Tlaxcala” ya había presentado ante la UTF para revisar los gastos de la coalición “Unidos por Tlaxcala”, tras asegurar, a partir de cálculos propios, que estos están por llegar al tope de campaña.
Y sobre tales cálculos, el INE llamó a los representantes de la coalición quejosa a esperar los tiempos legales de contabilización de los gastos de campaña por parte de la UTF, ya que estas cifras serán las únicas que, por su carácter legal, tienen validez oficial.
Llegamos a la cuarta semana de las campañas por la gubernatura estatal con lamentables actuaciones inmaduras por parte de algunos actores del proceso electoral concurrente 2020-2021. Su falta de seriedad no contribuye al avance democrático que reclaman. Sencillamente, es irresponsable exigir legalidad desde la ilegalidad. Si los actores políticos tienen pruebas de sus afirmaciones, deben acudir a la autoridad electoral para presentarlas de manera oficial y que ésta proceda conforme a derecho. Hacerlo de otra manera solo evidencia la intención de desprestigiar el desarrollo del proceso electoral con claros intereses mezquinos.
