/ miércoles 26 de diciembre de 2018

Emprender la construcción de la paz (6/7)

Feliz navidad y año nuevo lleno de alegría y felicidad a todos los que hacen posible la publicación de este importante Diario en nuestra entidad, y continuamos con nuestras entregas.

No solo se alentó la espiral de violencia desde el poder público, sino que instituciones y efectivos de corporaciones de seguridad se convirtieron en protagonistas de esa violencia, como lo documentan miles de denuncias recabadas por organizaciones oficiales y sociales de derechos humanos.

Bajo la estrategia actual, México ha sido convertido en un país de víctimas, como ha quedado claro en la Consulta Nacional y los Foros de Escucha para la Construcción de la Paz y la Reconciliación Nacional. Las políticas de violencia dejan, así, una enorme deuda social en materia de procuración que debe ser saldada con mecanismos de justicia transicional y por medio de los cauces institucionales ya existentes.

Debe señalarse que la regulación de los estupefacientes permitiría poner fin a uno de los motores centrales de la violencia, la inseguridad, pero no sería suficiente por sí misma: la supresión prohibicionistas puede llevar a los grupos delictivos a una “repenalización” con el propósito de conserva su negocio y su mercado, y no resolvería la existencia de organizaciones fuertemente armadas y organizadas, con capacidad de infiltración y corrupción de servidores públicos.

De operar una mera regulación de las drogas, esas organizaciones podrían fácilmente cambiar de giro delictivo hacia la extorsión, el secuestro y el tráfico de personas, que es ya un fenómeno conocido en regiones como la costa del Golfo de México, la franja fronteriza y Michoacán y Guerrero.

Ante la imposibilidad de derrotar las diversas expresiones delictivas por medios exclusiva o preponderantemente policiales y militares, frente al absurdo de querer pacificar con métodos violentos y habida cuenta de lo contraproducente y trágico de tales políticas, resulta imperativo hacer un alto para considerar y debatir la necesidad de emprender un proceso de pacificación con las organizaciones delictivas y de adoptar modelos de justicia transicional que garanticen los derechos de las víctimas, esto es, de leyes especiales para poner fin a las confrontaciones armadas y posibilitar el desarme y la entrega de los infractores, garantizando asimismo sus derechos y ofreciéndoles reducciones de penas e incluso amnistías condicionadas.

Procesos de desmovilización, desarme y reinserción. El callejón sin salida de la violencia obliga a poner sobre la mesa soluciones aplicadas en otros países a conflictos armados, con la diferencia de que se han emprendido entre gobiernos y bandos beligerantes y no entre una autoridad y grupos meramente delictivos.

Pero en el México actual éstos tienen niveles organizativos, poder de fuego y control territorial equiparables, en diversos casos, a los conseguidos en otras latitudes por facciones políticas en armas.

Es necesario, pues, poner en marcha procesos de desarme, desmovilización y reinserción social con condicionamientos claros y reparación del daño. El perdón de las víctimas y la contrición sincera de los victimarios resultan pasos previos indispensables para las negociaciones.

¿Qué ofrecer a los delincuentes para que dejen de delinquir? En primer lugar, un aumento en la esperanza de vida: los integrantes de las organizaciones criminales suelen morir jóvenes y de manera violenta, y ensanchar las perspectivas de la existencia resulta una posibilidad que casi todo mundo ambiciona.

En segundo lugar, la posibilidad de llevar una vida tranquila y sin sobresaltos; en tercero, la posibilidad de que encabecen negocios legales y regulares. En cuarto, alcanzar la respetabilidad social.

A la luz de las lógicas de pacificación, deben ser revisados los expedientes de los acusados y sentenciados en el marco de las estrategias de seguridad de los gobiernos anteriores, tanto de infractores como de elementos de las corporaciones de seguridad policiales y militares, a fin de determinar si sus casos pueden ser objeto de amnistía o indulto, condicionado al cumplimiento de los cuatro ejes de la justicia transicional: verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición.

Se establecerá un Consejo para la Construcción de la Paz, que será una instancia de vinculación y articulación entre todas las instituciones y actores de México y del extranjero que trabajen por la paz; contribuirá a articular las iniciativas gubernamentales en esta materia; difundirá la cultura de paz; promoverá estudios y propuestas y realizará propuestas sobre los vínculos entre la paz y la justicia, el desarrollo, los derechos humanos, la superación de la pobreza y la participación ciudadana.

Este Consejo difundirá en escuelas y medios de información mensajes y materiales que expresen que la paz es posible y que es moral, social, política y económicamente superior y preferible a la violencia. Asimismo, formará mediadores y asumirá la mediación de conflictos locales. La instancia contribuirá a que el conjunto del gobierno federal opere con un enfoque de construcción de la paz y de resolución de conflictos e impulsará a todos los organismos públicos a actuar en esa misma dirección.


Feliz navidad y año nuevo lleno de alegría y felicidad a todos los que hacen posible la publicación de este importante Diario en nuestra entidad, y continuamos con nuestras entregas.

No solo se alentó la espiral de violencia desde el poder público, sino que instituciones y efectivos de corporaciones de seguridad se convirtieron en protagonistas de esa violencia, como lo documentan miles de denuncias recabadas por organizaciones oficiales y sociales de derechos humanos.

Bajo la estrategia actual, México ha sido convertido en un país de víctimas, como ha quedado claro en la Consulta Nacional y los Foros de Escucha para la Construcción de la Paz y la Reconciliación Nacional. Las políticas de violencia dejan, así, una enorme deuda social en materia de procuración que debe ser saldada con mecanismos de justicia transicional y por medio de los cauces institucionales ya existentes.

Debe señalarse que la regulación de los estupefacientes permitiría poner fin a uno de los motores centrales de la violencia, la inseguridad, pero no sería suficiente por sí misma: la supresión prohibicionistas puede llevar a los grupos delictivos a una “repenalización” con el propósito de conserva su negocio y su mercado, y no resolvería la existencia de organizaciones fuertemente armadas y organizadas, con capacidad de infiltración y corrupción de servidores públicos.

De operar una mera regulación de las drogas, esas organizaciones podrían fácilmente cambiar de giro delictivo hacia la extorsión, el secuestro y el tráfico de personas, que es ya un fenómeno conocido en regiones como la costa del Golfo de México, la franja fronteriza y Michoacán y Guerrero.

Ante la imposibilidad de derrotar las diversas expresiones delictivas por medios exclusiva o preponderantemente policiales y militares, frente al absurdo de querer pacificar con métodos violentos y habida cuenta de lo contraproducente y trágico de tales políticas, resulta imperativo hacer un alto para considerar y debatir la necesidad de emprender un proceso de pacificación con las organizaciones delictivas y de adoptar modelos de justicia transicional que garanticen los derechos de las víctimas, esto es, de leyes especiales para poner fin a las confrontaciones armadas y posibilitar el desarme y la entrega de los infractores, garantizando asimismo sus derechos y ofreciéndoles reducciones de penas e incluso amnistías condicionadas.

Procesos de desmovilización, desarme y reinserción. El callejón sin salida de la violencia obliga a poner sobre la mesa soluciones aplicadas en otros países a conflictos armados, con la diferencia de que se han emprendido entre gobiernos y bandos beligerantes y no entre una autoridad y grupos meramente delictivos.

Pero en el México actual éstos tienen niveles organizativos, poder de fuego y control territorial equiparables, en diversos casos, a los conseguidos en otras latitudes por facciones políticas en armas.

Es necesario, pues, poner en marcha procesos de desarme, desmovilización y reinserción social con condicionamientos claros y reparación del daño. El perdón de las víctimas y la contrición sincera de los victimarios resultan pasos previos indispensables para las negociaciones.

¿Qué ofrecer a los delincuentes para que dejen de delinquir? En primer lugar, un aumento en la esperanza de vida: los integrantes de las organizaciones criminales suelen morir jóvenes y de manera violenta, y ensanchar las perspectivas de la existencia resulta una posibilidad que casi todo mundo ambiciona.

En segundo lugar, la posibilidad de llevar una vida tranquila y sin sobresaltos; en tercero, la posibilidad de que encabecen negocios legales y regulares. En cuarto, alcanzar la respetabilidad social.

A la luz de las lógicas de pacificación, deben ser revisados los expedientes de los acusados y sentenciados en el marco de las estrategias de seguridad de los gobiernos anteriores, tanto de infractores como de elementos de las corporaciones de seguridad policiales y militares, a fin de determinar si sus casos pueden ser objeto de amnistía o indulto, condicionado al cumplimiento de los cuatro ejes de la justicia transicional: verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición.

Se establecerá un Consejo para la Construcción de la Paz, que será una instancia de vinculación y articulación entre todas las instituciones y actores de México y del extranjero que trabajen por la paz; contribuirá a articular las iniciativas gubernamentales en esta materia; difundirá la cultura de paz; promoverá estudios y propuestas y realizará propuestas sobre los vínculos entre la paz y la justicia, el desarrollo, los derechos humanos, la superación de la pobreza y la participación ciudadana.

Este Consejo difundirá en escuelas y medios de información mensajes y materiales que expresen que la paz es posible y que es moral, social, política y económicamente superior y preferible a la violencia. Asimismo, formará mediadores y asumirá la mediación de conflictos locales. La instancia contribuirá a que el conjunto del gobierno federal opere con un enfoque de construcción de la paz y de resolución de conflictos e impulsará a todos los organismos públicos a actuar en esa misma dirección.