/ martes 31 de agosto de 2021

ENCRIGE 2020: Tlaxcala y sus "patrióticas" ventanillas

Los políticos corruptos hacen que el otro diez por ciento se vea mal

Henry Kissinger

La semana pasada el INEGI dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE 2020), la cual arroja información estadística referente a las experiencias y percepción de las empresas al realizar trámites y solicitar servicios públicos; así como sobre la percepción de los marcos regulatorios bajo los cuales se rigen. Ergo, es la opinión del sector empresarial y su proximidad con la corrupción gubernamental.

En este sentido, los resultados de la encuesta sobre este sector arrojan que, durante el año de la pandemia, la percepción a nivel nacional de la corrupción bajó de 82 a 71 por ciento, siendo Jalisco el estado que presenta una disminución "inquietante", pues pasó de 88% en 2016 a un 31% en 2020: la entidad que se percibe con mayor corrupción es el Estado de México con un 94%, seguido de la CDMX con un 88%.

Los empresarios perciben en un 72.6% que la principal causa de la corrupción se da en la agilización de trámites, seguido de un 37.9% en la evasión de multas o sanciones, así como ante la clausura de establecimientos con un 36.4%: cabe decir, son los microempresarios los que más sufren este flagelo en comparación con los pequeños, medianos o grandes empresarios.

Esta encuesta nos reporta que, a nivel nacional, las empresas realizaron 79.9 millones de trámites, pagos o solicitudes de servicios ante autoridades municipales, estatales o federales durante 2020. Lo que representa un promedio de 20.1 trámites por unidad económica en el año.

A nivel nacional, se contemplaron 4.1 millones de empresas, de las cuales 85.8% son de tamaño micro, esto es, que cuentan con 10 empleados o menos. Distribuidos en comercio (30.5%), industria (38.3) y servicios (31.3).

Y ante este escenario, la encuesta ENCRIGE 2020 nos permite estimar el número de casos de corrupción que experimentan los empresarios (unidades económicas) en la realización de pagos, trámites, solicitudes de servicios y otro tipo de contacto con las autoridades durante 2020.

En cuanto al marco regulatorio como obstáculo para el cumplimiento de los objetivos de negocio, a nivel nacional se ubicó un promedio de 28.2%, en tanto que Tlaxcala registró un 12.2%. Ergo, el problema no son las leyes.

En cuanto a las cargas administrativas en 2020, respecto a las vigentes de 2019, a nivel nacional se registró un promedio de 45.6%, en tanto que en este rubro Tlaxcala registró un contraste superior a la media nacional con un 50.5%.

Esto se refuerza cuando uno observa que, durante 2020, las empresas reportan haber enfrentado algún tipo de problema al realizar trámites, pagos o solicitudes de servicios, donde el promedio general fue de 17.8, en tanto que Tlaxcala presentó un 21%. Lo que se remata con una variable más medida con la ENCRIGE 2020: Las empresas consultadas en Tlaxcala manifestaron estar un 78.8% menos satisfechas cuando una empresa realiza estos procesos. Lo que coloca a Tlaxcala dentro de los promedios más altos de insatisfacción obtenidos por la encuesta a nivel nacional. Es decir, en Tlaxcala siguen siendo los trámites y criterios de ventanilla un obstáculo en el estado.

Finalmente, en cuanto a la percepción de las unidades económicas sobre la frecuencia de actos de corrupción realizados por servidores públicos en 2020, el promedio nacional se ubicó en un 71.5%, superando Tlaxcala la media con un 82.5%.

Esta encuesta estima que los costos de la corrupción nacional para los empresarios en 2020 fueron de 887 millones de pesos. Teniendo un costo promedio de corrupción por unidad económica durante ese año de 7,419 pesos. Con estos datos, Tlaxcala bien podría encaminarse a una política de gobierno digital mucho más ambiciosa a la lograda hasta hoy.

Los políticos corruptos hacen que el otro diez por ciento se vea mal

Henry Kissinger

La semana pasada el INEGI dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE 2020), la cual arroja información estadística referente a las experiencias y percepción de las empresas al realizar trámites y solicitar servicios públicos; así como sobre la percepción de los marcos regulatorios bajo los cuales se rigen. Ergo, es la opinión del sector empresarial y su proximidad con la corrupción gubernamental.

En este sentido, los resultados de la encuesta sobre este sector arrojan que, durante el año de la pandemia, la percepción a nivel nacional de la corrupción bajó de 82 a 71 por ciento, siendo Jalisco el estado que presenta una disminución "inquietante", pues pasó de 88% en 2016 a un 31% en 2020: la entidad que se percibe con mayor corrupción es el Estado de México con un 94%, seguido de la CDMX con un 88%.

Los empresarios perciben en un 72.6% que la principal causa de la corrupción se da en la agilización de trámites, seguido de un 37.9% en la evasión de multas o sanciones, así como ante la clausura de establecimientos con un 36.4%: cabe decir, son los microempresarios los que más sufren este flagelo en comparación con los pequeños, medianos o grandes empresarios.

Esta encuesta nos reporta que, a nivel nacional, las empresas realizaron 79.9 millones de trámites, pagos o solicitudes de servicios ante autoridades municipales, estatales o federales durante 2020. Lo que representa un promedio de 20.1 trámites por unidad económica en el año.

A nivel nacional, se contemplaron 4.1 millones de empresas, de las cuales 85.8% son de tamaño micro, esto es, que cuentan con 10 empleados o menos. Distribuidos en comercio (30.5%), industria (38.3) y servicios (31.3).

Y ante este escenario, la encuesta ENCRIGE 2020 nos permite estimar el número de casos de corrupción que experimentan los empresarios (unidades económicas) en la realización de pagos, trámites, solicitudes de servicios y otro tipo de contacto con las autoridades durante 2020.

En cuanto al marco regulatorio como obstáculo para el cumplimiento de los objetivos de negocio, a nivel nacional se ubicó un promedio de 28.2%, en tanto que Tlaxcala registró un 12.2%. Ergo, el problema no son las leyes.

En cuanto a las cargas administrativas en 2020, respecto a las vigentes de 2019, a nivel nacional se registró un promedio de 45.6%, en tanto que en este rubro Tlaxcala registró un contraste superior a la media nacional con un 50.5%.

Esto se refuerza cuando uno observa que, durante 2020, las empresas reportan haber enfrentado algún tipo de problema al realizar trámites, pagos o solicitudes de servicios, donde el promedio general fue de 17.8, en tanto que Tlaxcala presentó un 21%. Lo que se remata con una variable más medida con la ENCRIGE 2020: Las empresas consultadas en Tlaxcala manifestaron estar un 78.8% menos satisfechas cuando una empresa realiza estos procesos. Lo que coloca a Tlaxcala dentro de los promedios más altos de insatisfacción obtenidos por la encuesta a nivel nacional. Es decir, en Tlaxcala siguen siendo los trámites y criterios de ventanilla un obstáculo en el estado.

Finalmente, en cuanto a la percepción de las unidades económicas sobre la frecuencia de actos de corrupción realizados por servidores públicos en 2020, el promedio nacional se ubicó en un 71.5%, superando Tlaxcala la media con un 82.5%.

Esta encuesta estima que los costos de la corrupción nacional para los empresarios en 2020 fueron de 887 millones de pesos. Teniendo un costo promedio de corrupción por unidad económica durante ese año de 7,419 pesos. Con estos datos, Tlaxcala bien podría encaminarse a una política de gobierno digital mucho más ambiciosa a la lograda hasta hoy.