/ viernes 15 de febrero de 2019

¿Es viable el endeudamiento municipal?

En octubre de 2017, el exgobernador José Antonio Álvarez Lima en entrevista a El Sol de Tlaxcala declaró enfático: “Permitir el endeudamiento es un acto de traición y de irresponsabilidad que condenará a los diputados locales como las personas que abrieron el endeudamiento del Estado”.

El ex mandatario reaccionó así a una reforma aprobada por el Congreso local, por la cual se autorizó a las comunas la posibilidad de que contrataran créditos con alguna institución bancaria; sin embargo, ante lo que consideró la falta de reglas claras para ello, advirtió el riesgo de desastre financiero y hasta corrupción.

Para comprender el sentido de sus palabras, hay que recordar que, durante su gestión al frente del Ejecutivo estatal, Álvarez Lima pagó los pasivos totales del estado y estableció en la Constitución local un candado para evitar que se adquiriera deuda pública superior al 3% del monto del presupuesto anual autorizado por el Legislativo, en cuyo caso se privilegiarían necesidades tales como contingencias o desastres naturales.

Gracias a esta medida, en los siguientes años, Tlaxcala se mantuvo como el único estado del país sin deuda pública, lo que es condición importante para mantener finanzas sanas.

Tal antecedente viene a colación, precisamente, porque esta semana el diputado de Morena, Ramiro Vivanco Chedraui, propuso eliminar el tope máximo de endeudamiento público para el estado y los municipios, así como la restricción que ambos niveles de gobierno tienen para contratar nuevos créditos si aún presenta saldos por cubrir. Se trata de una reforma al Artículo 101 de la Constitución local que permitiría a los municipios ejecutar proyectos de obra financiados con deuda pública.

Para el legislador, en los municipios, la alternativa es recurrir al crédito público o disminuir los programas, ya que, en la mayoría de los casos, la recaudación municipal es baja, y el presupuesto, insuficiente, para cumplir con los compromisos que los alcaldes adquirieron en campaña.

Sin duda, se trata de una iniciativa que deberá analizarse a fondo para prevenir escenarios de desorden financiero en los municipios, que han dado pruebas de ineficiencia presupuestal.

Pero, de entrada, llama la atención que contravenga el compromiso público número 32 del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien además de ofrecer no incrementar impuestos, se ha pronunciado por no endeudar más a los mexicanos.

Igualmente, se entiende que solicitar un préstamo solo debería hacerse en casos justificados y bajo la condición de pagarlo en tiempo determinado, con el objetivo de que se atiendan necesidades públicas prioritarias y no se hereden pasivos a las administraciones siguientes.

En octubre de 2017, el exgobernador José Antonio Álvarez Lima en entrevista a El Sol de Tlaxcala declaró enfático: “Permitir el endeudamiento es un acto de traición y de irresponsabilidad que condenará a los diputados locales como las personas que abrieron el endeudamiento del Estado”.

El ex mandatario reaccionó así a una reforma aprobada por el Congreso local, por la cual se autorizó a las comunas la posibilidad de que contrataran créditos con alguna institución bancaria; sin embargo, ante lo que consideró la falta de reglas claras para ello, advirtió el riesgo de desastre financiero y hasta corrupción.

Para comprender el sentido de sus palabras, hay que recordar que, durante su gestión al frente del Ejecutivo estatal, Álvarez Lima pagó los pasivos totales del estado y estableció en la Constitución local un candado para evitar que se adquiriera deuda pública superior al 3% del monto del presupuesto anual autorizado por el Legislativo, en cuyo caso se privilegiarían necesidades tales como contingencias o desastres naturales.

Gracias a esta medida, en los siguientes años, Tlaxcala se mantuvo como el único estado del país sin deuda pública, lo que es condición importante para mantener finanzas sanas.

Tal antecedente viene a colación, precisamente, porque esta semana el diputado de Morena, Ramiro Vivanco Chedraui, propuso eliminar el tope máximo de endeudamiento público para el estado y los municipios, así como la restricción que ambos niveles de gobierno tienen para contratar nuevos créditos si aún presenta saldos por cubrir. Se trata de una reforma al Artículo 101 de la Constitución local que permitiría a los municipios ejecutar proyectos de obra financiados con deuda pública.

Para el legislador, en los municipios, la alternativa es recurrir al crédito público o disminuir los programas, ya que, en la mayoría de los casos, la recaudación municipal es baja, y el presupuesto, insuficiente, para cumplir con los compromisos que los alcaldes adquirieron en campaña.

Sin duda, se trata de una iniciativa que deberá analizarse a fondo para prevenir escenarios de desorden financiero en los municipios, que han dado pruebas de ineficiencia presupuestal.

Pero, de entrada, llama la atención que contravenga el compromiso público número 32 del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien además de ofrecer no incrementar impuestos, se ha pronunciado por no endeudar más a los mexicanos.

Igualmente, se entiende que solicitar un préstamo solo debería hacerse en casos justificados y bajo la condición de pagarlo en tiempo determinado, con el objetivo de que se atiendan necesidades públicas prioritarias y no se hereden pasivos a las administraciones siguientes.

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