- ANDRÉS CORONA HERNÁNDEZ*
La recién aprobada reforma constitucional que crea las Leyes de Austeridad Republicana y la Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, más que un avance, significa un retroceso para quienes prestan sus servicios en el sector público y abre la puerta para que los expertos o la burocracia altamente especializada renuncie a su trabajo actual y toda la experiencia acumulada que incluso la institución pagó para capacitar al personal, se tire a la basura. No se está en contra de los altos y abusivos salarios, sino que se cumpla lo que establece la Ley Federal del Trabajo: “… a trabajo igual, salario igual” y que las decisiones se tomen por las y los más capacitados, tratándose de áreas técnicas y no políticas, ni decir que la economía debe supeditarse a la política.
Las Leyes anteriores en busca de resultados virtuosos, en un análisis serio y profundo resultan perniciosas en tres aspectos fundamentales:
El primero, en el actual gobierno se tiene la falsa creencia que al ahorrar o mejor dicho dejar de gastar en aspectos de primer orden como la educación, la salud, la creación de empleos formales (no becas para jóvenes construyendo el futuro, que más bien son clientelas) se tapa un hoyo, pero de destapa otro.
Hay una delgada línea entre ahorro y subejercicio, que no es lo mismo y que incluso tiene un efecto negativo sobre el gasto público y la infraestructura de las dependencias; y la parte perniciosa es que ese “ahorro” puede disponerse por decreto presidencial y darle el destino que mejor le parece y si, adivino, es para el combate a la pobreza con la laxitud y amplitud del término.
El segundo, tiene que ver con la prohibición a los mandos superiores que trabajaron para el gobierno para poder contratarse en alguna empresa del sector privado de la cual haya tenido información privilegiada hasta pasados diez años. Esta restricción además de ser un abuso por parte de quienes aprobaron dicha ley, constituye una violación al párrafo primero del artículo 5°constitucional, que a la letra dice: “A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por resolución judicial…Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial”.
Es cierto que, en varios sexenios hubo funcionarios públicos que aprovechándose de la información que manejaron hicieron negocios lucrativos con empresas que regulaban, sin embargo, esto no es la generalidad. Incluso en derecho comparado respecto a este tipo de prohibiciones en Europa, para que un ex servidor público no trabaje de inmediato en una empresa donde puede haber conflicto de interés es de tres años y en Estados Unidos solo dos años; en México vía fast track los legisladores sin mucho o nulo análisis aprobaron esta medida violatoria del derecho humano a un empleo, por el simple hecho de trabajar en el gobierno.
El tercero y que implica la calidad del servicio público es la Ley Federal de Remuneraciones, que en el artículo 6 establece:” Para la determinación de la remuneración de los Servidores Públicos se consideran las siguientes bases:
I. Ningún Servidor Público recibe una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el presidente de la república en el presupuesto de egresos de la federación.
El propósito puede ser bueno, sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver varios amparos sobre este asunto, ordenó al Poder Legislativo realizar un estudio con la metodología que se utilizó para fijar el salario del presidente al cual hizo caso omiso y sin tomar en cuenta las observaciones de los partidos distintos al del presidente y con muy poca discusión aprobaron está ley para beneplácito del titular del Poder Ejecutivo Federal. ¿Cuál es el efecto pernicioso de esta ley? Quedan pocos incentivos para trabajar en el sector público, habrá fuga de talentos que las mismas instituciones públicas costearon y aumentará aún más el descredito de la ciudadanía hacia los servidores públicos.
El austericidio consiste en deshacerse del personal más capacitado en cada una de las áreas para dar paso a servidores no muy capaces, pero obedientes al designio del patrón y conformarse con sueldos bajos, entonces buscan seguidores no servidores. Si aplican la filosofía presidencial de que, para gobernar no se requiere ninguna ciencia sino sentido común, y noventa y nueve por ciento de honestidad y uno por ciento de capacidad; esperemos los resultados en la gestión gubernamental con funcionarios austeros en toda la extensión de la palabra.
- *Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital 01
- Instituto Nacional Electoral en Tlaxcala
