- César Lara Cano*
Toda participación en una democracia es fundamental, ya que todo ciudadano y ciudadana al participar en la toma de decisiones hace posible que la democracia se fortalezca y tenga sustento. Las democracias que surgieron en el siglo XIX, reconocían que toda la ciudadanía tiene los mismos derechos y oportunidades de opinar así como de influir en la vida pública de las comunidades, en un principio únicamente a los varones se les reconocía el derecho de participar en las decisiones públicas, pero poco a poco, y con la dinámica social se fue reconociendo a toda la ciudadanía de todos y todas sin importar su género, pertenencia a la diversidad racial, grupo social, económico, ideológico o religioso.
A la ciudadanía, además de tener como requisito la mayoría de edad, que otorga el derecho de votar y participar en política, debe considerarse como una propiedad del ciudadano ya que en la democracia ser ciudadano o ciudadana significa tener las mismas oportunidades de influir en el destino de su comunidad además de tener el compromiso con lo que ocurre en las políticas de su entorno social.
Algunos autores clásicos pensaron que la ciudadanía era solo cuestión de hombres, o bien, que cuando hablaban de “hombres” incluían a hombres y mujeres. Durante mucho tiempo, a la sociedad no le importó que la mitad de la población no pudiera votar ni ser elegida como gobernante, la ausencia de la mujer en política en esos tiempos no era requisito de la democracia; ante tal situación, se fue desarrollando una lucha de la mujer para que le fueran reconocidos sus derechos políticos, es hasta fines del siglo XX y principios del XXI, en que las mujeres consiguen presentarse como candidatas y ser electas como gobernantes hasta llegar a un número similar a la de los hombres. Actualmente, no se puede imaginar una democracia sin la participación de la mujer, puesto que la mitad de la población pertenece al sexo femenino.
Todos los esfuerzos que han realizado las mujeres con la finalidad de su participación y representación política en las instituciones públicas se han visto reflejados en la normatividad. En México, como en otros países han realizado esfuerzos para lograr que las mujeres accedan a las candidaturas y ganen lugares en los poderes legislativos, en presidencias municipales y otros órganos públicos de la misma manera que logren los hombres. En nuestro país desde 2014, la paridad entre los géneros está incluida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo tanto, la paridad de género es un principio constitucional integral definitivo, un derecho y una regla procedimental, tal esfuerzo ha sido impulsado por diversos sectores y sobre todo, movimientos feministas, mujeres que han conseguido lugares dentro del poder legislativo, funcionarios y funcionarias de órganos electorales tanto administrativos como jurisdiccionales, de periodistas, así como de académicas; materializándose el principio de paridad de género en la elección del primero de julio de 2018, cuando en nuestro país, tanto la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, se alcanzó una integración casi paritaria.
Esperando que en la elección del próximo año se alcance el cien por ciento de la paridad en los diversos cargos de elección popular que se van a elegir en las treinta y dos entidades federativas de nuestro país, para lo cual, es importante la participación de las mujeres, ya que como se ha establecido “Sin mujeres, no hay democracia“.
- *Vocal Ejecutivo de la 02 Junta Distrital Ejecutiva / Instituto Nacional Electoral en Tlaxcala
