/ jueves 21 de mayo de 2020

Espacio ITE | Representación popular segmentada

  • Denisse hernández blas*

Cuando acudimos a votar el día de la elección, estamos materializando un derecho establecido en la ley; votar es uno de los principales derechos políticos y electorales, solo es necesario tener 18 años, contar con credencial de elector y estar en la lista nominal para poder acudir a elegir a nuestros/as representantes.

Se elige, de entre una variedad de propuestas, a quienes consideramos que pueden representarnos, ya sea como presidente o presidenta de la república, gobernador o gobernadora, senador o senadora, diputado o diputada, presidente o presidenta municipal o de comunidad. En otras palabras, se escoge a quien conoce el sentir de la población, ya sea de una comunidad, un municipio, un distrito, un estado o un país; a quien sabe de las necesidades de ese sector en particular y por lo tanto podrá desempeñar su cargo para beneficio de ese conjunto poblacional.

Sin embargo, recientemente se ha visto una serie de propuestas encaminadas a establecer medidas afirmativas para sectores que históricamente han sido invisibilizados y que se han catalogado en diversos grupos llamados vulnerables. No entraré en el debate sobre si las mujeres representamos un grupo vulnerable o no, pero ha sido parte de la población que se ha hecho notar por esta circunstancia. Otros son las personas indígenas, de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual, Travesti, Intersexual y Queer (LGBTTTIQ), jóvenes y personas con discapacidad.

Cada uno de estos grupos se ha hecho oír en menor o mayor intensidad de acuerdo con sus posibilidades, para solicitar que haya representantes de cada uno de estos sectores en los diversos cargos de elección popular.

Estas exigencias segmentan la representación popular al grado de tener que postular candidaturas con “etiquetas”.

  • Si se continúa con la pulverización de la representación, la naturaleza de ésta perderá sentido, sin considerar las complicaciones que ello genera a las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales.

Por ejemplo, en una asignación de regidurías para la integración de un ayuntamiento ¿quién tendrá más derecho de ocupar el lugar: una mujer, un joven, una persona autoadscrita como indígena, una persona de la comunidad LGBTTTIQ o con discapacidad?, ¿y los demás? ¿los hombres, adultos mayores?

Algo está pasando en nuestra democracia electoral cuando los grupos más vulnerables tienen que solicitar tener representación en los órganos de toma de decisiones. Lo cierto es que la realidad es más complicada para unos que para otros, las circunstancias que viven algunos de estos estos grupos, como las personas con discapacidad, no son nada fáciles. ¿Cómo te haces escuchar cuando la mayoría no te entiende?, ¿cómo hacer valer tus derechos si no hay acciones institucionales para que los conozcan?

La representación popular debe garantizar que quienes la ostentan escuchen a estos sectores para emprender políticas públicas encaminadas a atender las necesidades de cada sector y no pulverizar la representación. Existen leyes, solo que faltan mecanismos para hacerlas llegar a los grupos vulnerables.

La pandemia de Covid-19 nos ha traído la posibilidad de cambiar el “chip” sobre cómo habíamos venido trabajando en las instituciones, el que siempre se haya hecho así no garantiza que siga funcionando, aplica para todos los órdenes de gobierno e instituciones, así como a la ciudadanía.

  • *Consejera Electoral del Instituto / Tlaxcalteca de Elecciones.
  • Denisse hernández blas*

Cuando acudimos a votar el día de la elección, estamos materializando un derecho establecido en la ley; votar es uno de los principales derechos políticos y electorales, solo es necesario tener 18 años, contar con credencial de elector y estar en la lista nominal para poder acudir a elegir a nuestros/as representantes.

Se elige, de entre una variedad de propuestas, a quienes consideramos que pueden representarnos, ya sea como presidente o presidenta de la república, gobernador o gobernadora, senador o senadora, diputado o diputada, presidente o presidenta municipal o de comunidad. En otras palabras, se escoge a quien conoce el sentir de la población, ya sea de una comunidad, un municipio, un distrito, un estado o un país; a quien sabe de las necesidades de ese sector en particular y por lo tanto podrá desempeñar su cargo para beneficio de ese conjunto poblacional.

Sin embargo, recientemente se ha visto una serie de propuestas encaminadas a establecer medidas afirmativas para sectores que históricamente han sido invisibilizados y que se han catalogado en diversos grupos llamados vulnerables. No entraré en el debate sobre si las mujeres representamos un grupo vulnerable o no, pero ha sido parte de la población que se ha hecho notar por esta circunstancia. Otros son las personas indígenas, de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual, Travesti, Intersexual y Queer (LGBTTTIQ), jóvenes y personas con discapacidad.

Cada uno de estos grupos se ha hecho oír en menor o mayor intensidad de acuerdo con sus posibilidades, para solicitar que haya representantes de cada uno de estos sectores en los diversos cargos de elección popular.

Estas exigencias segmentan la representación popular al grado de tener que postular candidaturas con “etiquetas”.

  • Si se continúa con la pulverización de la representación, la naturaleza de ésta perderá sentido, sin considerar las complicaciones que ello genera a las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales.

Por ejemplo, en una asignación de regidurías para la integración de un ayuntamiento ¿quién tendrá más derecho de ocupar el lugar: una mujer, un joven, una persona autoadscrita como indígena, una persona de la comunidad LGBTTTIQ o con discapacidad?, ¿y los demás? ¿los hombres, adultos mayores?

Algo está pasando en nuestra democracia electoral cuando los grupos más vulnerables tienen que solicitar tener representación en los órganos de toma de decisiones. Lo cierto es que la realidad es más complicada para unos que para otros, las circunstancias que viven algunos de estos estos grupos, como las personas con discapacidad, no son nada fáciles. ¿Cómo te haces escuchar cuando la mayoría no te entiende?, ¿cómo hacer valer tus derechos si no hay acciones institucionales para que los conozcan?

La representación popular debe garantizar que quienes la ostentan escuchen a estos sectores para emprender políticas públicas encaminadas a atender las necesidades de cada sector y no pulverizar la representación. Existen leyes, solo que faltan mecanismos para hacerlas llegar a los grupos vulnerables.

La pandemia de Covid-19 nos ha traído la posibilidad de cambiar el “chip” sobre cómo habíamos venido trabajando en las instituciones, el que siempre se haya hecho así no garantiza que siga funcionando, aplica para todos los órdenes de gobierno e instituciones, así como a la ciudadanía.

  • *Consejera Electoral del Instituto / Tlaxcalteca de Elecciones.