Durante la segunda semana de campaña, quienes contienden por la gubernatura de Tlaxcala y sus equipos desplegaron ya sus respectivas estrategias de posicionamiento, poniendo énfasis en sus prioridades. Algunos, como lo esperaban los ciudadanos, se centraron en presentar propuestas a los principales problemas de la entidad, mientras que otros se ocuparon en acusar irregularidades en el desarrollo del proceso electoral con argumentos débiles y evidencias poco confiables.
Ejemplo de este claro contraste son, precisamente, los equipos de las únicas candidatas que abanderan una coalición en la entidad: Anabell Ávalos, de Unidos por Tlaxcala; y Lorena Cuéllar, de Juntos haremos historia. Ávalos se centró en el acercamiento con la gente y grupos representativos de los sectores sociales. A la fecha, ya recorrió la tercera parte de los municipios de la entidad, con notables adhesiones. Y se puede destacar la presentación de su agenda de género, y su plan estatal de salud.
Cuéllar se metió de lleno en recorridos con caravanas, haciendo de lado su intención inicial de hacer campaña virtual para “cuidar” la salud de los ciudadanos. Su coordinador de campaña hizo una denuncia pública sobre manipulación de programas estatales, aunque trascendió que las fotos con las que intentó sustentar esta acusación correspondían a eventos previos a la veda electoral. También visitó Tlaxcala el dirigente nacional de Morena, quien fue recibido con reclamos de la militancia por la inconformidad que prevalece debido a la opacidad del proceso interno de selección de candidatos.
Pero de cara al debate entre aspirantes a Gobernador, que se llevó a cabo este 18 de abril bajo la organización de la autoridad electoral estatal, quedó claro también que la comprensión de los problemas estatales y su propuesta de solución están dadas en niveles diferentes para ambas candidatas y sus equipos de campaña, como lo podemos apreciar en los rubros de salud y seguridad, que fueron temas del ejercicio democrático de este domingo.
En salud, Anabell Ávalos plantea un Plan Estatal de Salud alineado al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con acciones con perspectiva de género, inclusivo, sin discriminación y sin costo para la población. Sobresale su Programa de Mejora de Atención de Alta Especialidad (Hemodinamia, Neurofisiología, Oftalmología, Endoscopía y Urofisiología), la creación del Centro Estatal de Trasplantes Renales con una estrategia que incluye investigación, diagnóstico y cultura de donación; atención de la pandemia de Covid-19 con pruebas suficientes de detección oportuna y tratamientos, y un Centro de Atención a la Salud Mental; el Programa de los 1000 días para lograr cero mortalidad materna y clínicas de lactancia materna; detección oportuna de los diversos tipos de cáncer en niños, mujeres y hombres; atención a pacientes con enfermedades crónico- degenerativas; la implementación de Unidades Móviles para llevar servicios de salud básicos gratuitos a las comunidades; y la creación de Centros de Atención Integral Veterinaria para animales de compañía.
Por su parte, Lorena Cuéllar propone hospitales de tercer nivel, con las especialidades de traumatología y ortopedia, oncología y geriatría, la creación del Instituto Estatal de Insuficiencia Renal, la remodelación de los 179 centros de salud; la ampliación de horarios, laboratorios y farmacias con amplio surtido de medicamentos; más servicios de oftalmología y dentales; acciones para contener Covid-19; y que los mejores médicos del estado ganen más y tengan mejor equipamiento.
En seguridad pública, Ávalos plantea su programa “Tlaxcala en paz y seguro”, que consiste en el fortalecimiento y profesionalización de los cuerpos policiacos estatales y municipales para contar con policías confiables y con condiciones laborales dignas; la dotación presupuestaria para fortalecer el servicio de seguridad pública, el acceso a la justicia con igualdad, el servicio profesional de la carrera judicial, y el reforzamiento de la defensoría de oficio, y la creación de grupos de vecinos vigilantes, mientras que Cuéllar ofrece aumento de los salarios a los policías; inversión en alta tecnología, capacidad de respuesta y prevención el delito; profesionalización de la procuración de justicia y erradicación de la corrupción y el amiguismo.
