/ jueves 15 de marzo de 2018

Fortalezcamos la confianza en las autoridades electorales

Yareli Álvarez Meza*

Las condiciones sociales en la vida democrática del País, han sido muy distintas en la historia de la democracia mexicana. En la Constitución de 1824 la elección del Presidente de la República se realizaba de manera indirecta, es decir, la mayoría de los ciudadanos (entiéndase sólo hombres, ya que la calidad de ciudadanía las mujeres la obtuvimos hasta 1953), sólo participaban en una primera elección para designar un elector que; como representante de un número determinado de ciudadanos, participaría en la elección final de los miembros del Congreso.

Como representantes de la nación, los miembros del Congreso designaban al presidente y al vicepresidente de la nación mediante el sufragio secreto.

Han pasado ya 194 años y en la actualidad el sufragio es universal, libre, secreto y directo, es derecho de los mexicanos y las mexicanas como se establece en los artículos 35 y 34 de la Carta Magna, y por ello, debemos agradecer a las mujeres que pelearon por los derechos que disfrutamos hoy; y el derecho a elegir y a que se nos reconozcan derechos humanos.

Por cuanto hace a las autoridades electorales, también ha habido una evolución… desde 1824 Juntas Electorales, Colegios Electorales, Comisión Federal de Vigilancia Electoral, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (también fue autoridad en la materia), Comisión Federal Electoral, hasta llegar al Tribunal de lo Contencioso Electoral en 1989.

El parte aguas fue la creación del Instituto Federal Electoral como Órgano Autónomo y del Tribunal Electoral Federal.

También debo hablar de la última reforma en 2014, y que da origen a las Autoridades tanto administrativas (INE y OPLEs) como judiciales (Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Salas Regionales y Especializada; así como, el Tribunal Electoral de Tlaxcala), quienes estamos al frente y en constante seguimiento de las etapas del Proceso Electoral, ya que la preparación y organización de un proceso siempre está al escrutinio público y son impugnables la mayoría de los actos de quienes fungimos como Autoridades.

Sumado a estas Autoridades, también ésta la parte de la configuración legislativa que es importantísima para llevar a cabo las actividades y etapas de un Proceso Electoral, y esto le toca en primer lugar a las Cámaras que conforman el Congreso de la Unión, y a los Congresos de los Estados al adecuar correctamente las leyes federales a las locales.

Como se puede apreciar, la historia de la vida en un sistema político como lo es la democracia, y el cual defiende la soberanía del pueblo y el derecho de la ciudadanía a elegir a nuestros representantes, ha evolucionado y es por ello, que debemos darle la máxima publicidad a nuestros actos como autoridades, nos debemos conducir con objetividad, legalidad, certeza, independencia y profesionalismo.

Estoy convencida que la actual Legislatura fortalecerá al árbitro electoral encargado de la preparación del Proceso Electoral Local el ITE; coadyuvando a que el desarrollo de las actividades se lleven en apego a los principios rectores de la función electoral; dando mayor confianza a la ciudadanía quien nos observa y a quien le debemos que la elección de los próximos diputados locales, se lleve con el profesionalismo que es eje rector de éste Instituto.

Tan es así, que al hacer una valoración detenida de lo que estipula la LIPEET con respecto a los topes de gastos de campaña, en el Acuerdo ITE-CG 24/2018 buscamos lograr la equidad en la contienda al adecuar a las circunstancias actuales los montos a comprobar en las campañas electorales. Y con ello, generamos legalidad, objetividad y certeza al limitar el gasto excesivo de partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y las candidaturas independientes a los cargos de diputados locales.

*Consejera electoral del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

Yareli Álvarez Meza*

Las condiciones sociales en la vida democrática del País, han sido muy distintas en la historia de la democracia mexicana. En la Constitución de 1824 la elección del Presidente de la República se realizaba de manera indirecta, es decir, la mayoría de los ciudadanos (entiéndase sólo hombres, ya que la calidad de ciudadanía las mujeres la obtuvimos hasta 1953), sólo participaban en una primera elección para designar un elector que; como representante de un número determinado de ciudadanos, participaría en la elección final de los miembros del Congreso.

Como representantes de la nación, los miembros del Congreso designaban al presidente y al vicepresidente de la nación mediante el sufragio secreto.

Han pasado ya 194 años y en la actualidad el sufragio es universal, libre, secreto y directo, es derecho de los mexicanos y las mexicanas como se establece en los artículos 35 y 34 de la Carta Magna, y por ello, debemos agradecer a las mujeres que pelearon por los derechos que disfrutamos hoy; y el derecho a elegir y a que se nos reconozcan derechos humanos.

Por cuanto hace a las autoridades electorales, también ha habido una evolución… desde 1824 Juntas Electorales, Colegios Electorales, Comisión Federal de Vigilancia Electoral, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (también fue autoridad en la materia), Comisión Federal Electoral, hasta llegar al Tribunal de lo Contencioso Electoral en 1989.

El parte aguas fue la creación del Instituto Federal Electoral como Órgano Autónomo y del Tribunal Electoral Federal.

También debo hablar de la última reforma en 2014, y que da origen a las Autoridades tanto administrativas (INE y OPLEs) como judiciales (Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Salas Regionales y Especializada; así como, el Tribunal Electoral de Tlaxcala), quienes estamos al frente y en constante seguimiento de las etapas del Proceso Electoral, ya que la preparación y organización de un proceso siempre está al escrutinio público y son impugnables la mayoría de los actos de quienes fungimos como Autoridades.

Sumado a estas Autoridades, también ésta la parte de la configuración legislativa que es importantísima para llevar a cabo las actividades y etapas de un Proceso Electoral, y esto le toca en primer lugar a las Cámaras que conforman el Congreso de la Unión, y a los Congresos de los Estados al adecuar correctamente las leyes federales a las locales.

Como se puede apreciar, la historia de la vida en un sistema político como lo es la democracia, y el cual defiende la soberanía del pueblo y el derecho de la ciudadanía a elegir a nuestros representantes, ha evolucionado y es por ello, que debemos darle la máxima publicidad a nuestros actos como autoridades, nos debemos conducir con objetividad, legalidad, certeza, independencia y profesionalismo.

Estoy convencida que la actual Legislatura fortalecerá al árbitro electoral encargado de la preparación del Proceso Electoral Local el ITE; coadyuvando a que el desarrollo de las actividades se lleven en apego a los principios rectores de la función electoral; dando mayor confianza a la ciudadanía quien nos observa y a quien le debemos que la elección de los próximos diputados locales, se lleve con el profesionalismo que es eje rector de éste Instituto.

Tan es así, que al hacer una valoración detenida de lo que estipula la LIPEET con respecto a los topes de gastos de campaña, en el Acuerdo ITE-CG 24/2018 buscamos lograr la equidad en la contienda al adecuar a las circunstancias actuales los montos a comprobar en las campañas electorales. Y con ello, generamos legalidad, objetividad y certeza al limitar el gasto excesivo de partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y las candidaturas independientes a los cargos de diputados locales.

*Consejera electoral del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones