De las auditorias que se han realizado a la dirección general de Servicios Aéreos de la desparecida Procuraduría General de la República (PGR), hoy Fiscalía General (FGR), no solo han quedado en evidencia irregularidades como la compra a precios “inflados” de aeronaves el sexenio pasado, también salió a flote una trama criminal que implica a exfuncionarios de alto nivel que por “omisión” terminaron beneficiando a la delincuencia organizada.
Hasta el momento quienes enfrentan juicios penales acusados de diversos delitos en estas compras son la ex Oficial Mayor de la dependencia Judith Aracely Gómez Molano, el ex director de Recursos Materiales Gustavo Armando Kanan Brito, y el ex director de Servicios Aéreos José Antonio Ramos Arévalo, general de la Fuerza Aérea en retiro.
Gómez Molano está procesada por la compra de un avión Bombardier Challenger 605 con un presunto sobrecosto de 4 millones de dolares. Kanan Brito y Ramos Arévalo enfrentan juicio acusados de falsificar documentación oficial para comprar a precio “inflado” por 7.6 millones de dólares, y sin licitación, un helicóptero Eurocopter EC-145 para uso “exclusivo” del entonces procurador Jesús Murillo Karam.
La trama criminal asomó en el caso de la compra presuntamente también a sobreprecio de un lote de drones de última generación a una empresa israelí, los cuales nunca fueron utilizados y hoy día están abandonados en un hangar de la FGR en Cuernavaca, Morelos.
Los drones eran parte de un programa que nunca funcionó. Al estar parados los primeros beneficiarios fueron los grupos delincuenciales sobre los que se trazó el proyecto para adquirirlos.
Se habla de al menos cinco drones con un precio por cada uno que oscila entre los nueve y 13 millones de dólares. Estos equipos llevan más de un año parados, nunca los han podido volar ni mandar a operaciones, pese a que están equipados con tecnología de escuchas telefónicas desde gran altitud, cámaras de alta resolución, sistemas de monitoreo y registro.
El personal que se capacitó para su operación, salió con los recortes implementados con la llegada de la “4T”. Se dice en el medio de la aviación que no hay en México en este momento un solo piloto que los pueda volar.
El desastre administrativo, financiero y operativo en que dejó la dirección de Servicios Aéreos el general Ramos Arévalo, tiene en la práctica a ésta área en extinción.
Llamó la atención que desde su llegada a la PGR en 2013, este militar que sirvió varios años en el Estado Mayor Presidencial (EMP), suprimió una serie de controles para el ingreso de personal capacitado. Primero quitó los exámenes teóricos en sus diversas modalidades, después eliminó el examen práctico que se realizaba en Acapulco, y al final resultó que era para beneficiar a sus amigos y “recomendados” de la Fuerza Aérea que habían dejado de volar hacía muchos años y no contaban con licencia vigente de piloto.
A finales de 2017 Ramos Arévalo fue exhibido en un audio mientras negociaba el ingreso de pilotos sin licencia al área a su cargo a cambio de quedarse con los primeros seis meses de su sueldo. El militar rechazó días después que fuera su voz, sin embargo varios pilotos lo reconocieron.
Ahora el escándalo por la compra a sobreprecio de los drones lo involucra, pero no es el único. Se habla de otros funcionarios entre los que estaría el ex procurador Murillo Karam.
